El ejército mexicano

*Dos casos contra el ejército en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
*En 1974 el ejército se encontraba en una guerra no declarada contra Lucio Cabañas.
*De 600 desapariciones en Guerrero, 470 ocurrieron en Atoyac de Alvarez.
*A pesar de las malas experiencias del pasado, una vez más se involucra al ejército.

Héctor Javier Peña Cedillo.
 
Existen dos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que atraen atención sobre el Ejército Mexicano.

El primero es el de Rosendo Radilla. Detenido en 1974 por un retén militar en Atoyac de Alvarez, Guerrero. De ahí fue enviado al Cuartel Militar, donde, supuestamente, fue torturado. Tras la detención hecha por los soldados nadie lo volvió a ver. Para el año de 1974, el Ejército Mexicano se encontraba en una guerra no declarada en contra el grupo rebelde comandado por Lucio Cabañas. Su centro de operaciones era Atoyac de Alvarez, y por lo tanto fue el lugar donde hubo más detenciones. Según estadísticas, 470 de las 600 desapariciones en Guerrero ocurrieron en Atoyac de Alvarez.

En todos los sentidos fue una guerra sucia, por los rivales, por las acciones que emprendieron, por las atrocidades cometidas, la obscuridad y opacidad en que se manejaba el gobierno. La libertad de expresión era casi nula y la censura era una de las tareas primordiales del gobierno.

Sin embargo, en los últimos años ha incrementado el interés por dicho periodo. La Ley de Transparencia y acceso a la Información aprobada en 2002 fue un gran paso para conocer los excesos y crímenes cometidos por el gobierno. Además, con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado comenzó la apertura e interés por esclarecer lo que ocurrió con los desaparecidos de esa guerra sucia. No obstante, cuando parecía que daba resultados, o por lo menos daba de que hablar, la Fiscalía desapareció. En ese tiempo, el Fiscal Ignacio Carrillo Prieto declaró que entre 1,500 y 2,000 personas habían sufrido violaciones a sus derechos humanos en los años sesenta y setenta.

Han pasado treinta y cuatro años, y apenas el caso es conocido a nivel internacional. Tita Radilla, hija del desaparecido, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., en contra del estado mexicano por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho caso ha cobrado importancia ya que podría ser el primero en que el estado mexicano reconoce la violación de garantías.

Pero no es el único. Existe otro caso relacionado con el Ejército Mexicano ante la Comisión Interamericana. El de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega que denunciaron el abuso sexual cque sufrieron por soldados del Ejército Mexicano. Las dos indígenas, violadas en el 2002, con unos cuantos días de diferencia entre los dos hechos. En los dos casos se denuncia la falta de investigación por parte de las autoridades competentes. Las autoridades del Ejército Mexicano se defienden con el argumento de que dichas denuncias son falsas, y tratan de inhibir la presencia militar ante este tipo de conductas aberrantes del narcotráfico.

A pesar de las malas experiencias del pasado, una vez más se involucra al Ejército Mexicano, una institución creada para la protección de estado, y conocida por sus excesos en contra de la ciudadanía, en actividades propias de la policía. No obstante, Felipe Calderón dejó clara su posición. El jueves siete de febrero, el Presidente afirmó ante la ONU que el retiro de los elementos del Ejército y la Marina del combate contra la delincuencia organizada se hará paulatinamente, aunque será sólo cuando las entidades del país avancen en “la depuración” de los cuerpos policiacos y de los ministerios públicos.”
Entonces, ¿la guerra contra el narcotráfico está por encima de los ciudadanos y sus garantías individuales? ¿Así como en los setentas fue con la guerrilla?

Lo que sea que ocurra en la Corte Interamericana, no se puede evitar pensar que el Ejército Mexicano está manchado con la sangre de compatriotas, con la sangre que suponen debieron defender, y que todo el respeto que se le tiene está cimentado sobre un montón de desaparecidos. Son demasiados hechos, coincidencias y opacidad alrededor de la institución castrense.

Al parecer, ahora los ciudadanos nos encontramos en fuego cruzado entre el Ejército y el crimen organizado. Si la respuesta contra la violencia en el país es el ejército, pero en todo caso deberá ser castigado por los delitos que cometa.