Maldita impunidad

Manuel Padilla Muñoz.
Días antes de terminar su sexenio, el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras enfrentó sucesos que lo delatan tal cual es: un capo político, corrupto, que utilizó el poder para enriquecerse con el dinero público, junto con su gavilla, de los cuales ahora se habla ya en la entidad de esa nueva camada de millonarios que hundieron al estado en el atraso económico y político, mucho más del que se encontraba, a pesar de ser una región de vasta riqueza natural.

Lo más grave del caso es que Ismael Hernández Deras y su pandilla de predadores gozarán de impunidad a pesar de todos sus delitos cometidos, lo que acrecentará la crispación social del pueblo duranguense. La impunidad es el mayor de los males de México, lo hemos sostenido.

Ismael Hernández Deras considera que los duranguenses son retrasados mentales como para no comprender que él, como ejecutivo del estado, es el principal responsable de lo que hagan o dejen de hacer sus colaboradores.

El caso más específico es el de la ex directora del Cereso Número 2, de Gómez Palacio, Margarita Rojas, cuyo caso ha dado la vuelta al mundo en los principales medios de comunicación, quien permitía la salida de reos para que actuaran como sicarios al servicio de una banda delictiva del crimen organizado, utilizando -¡el colmo!- vehículos y armas de los celadores de ese centro que se supone -nada más se supone- es de rehabilitación social.

Es así como a dichos reos se les acusa de varias matanzas y ejecuciones ocurridas los fines de semana en Torreón, donde murieron personas inocentes cuyo único pecado era asistir a eventos de diversión. Cuota de sangre que paga el pueblo inerme.

Resulta por demás ingenuo suponer siquiera que Margarita Rojas, directora del penal, actuaba por cuenta propia. En primer lugar, la designación fue realizada con el conocimiento del gobernador Hernández Deras; segundo, el nombramiento fue firmado por el propio gobernador que, necesariamente, tuvo que conocer los antecedentes de la funcionaria que era su “colaboradora”.

Ahora bien, si Margarita Rojas actuó de motu propio, que no lo creemos, a espaldas de sus jefes, el gobernador y el secretario de gobierno, que pendejos son estos dos funcionarios. Si actuó con la complacencia de sus jefes, entonces son cómplices. Delitos hay que se cometen por comisión y por omisión y se castigan, o más bien, deben ser castigados por igual. De cualquiera de estas formas, lo cierto es que el caso del Cereso 2 de Gómez Palacio es una muestra más de la corrupción de Ismael Hernández Deras y su equipo, y de la maldita impunidad que espera a su ya pronta salida. Resulta indudable que Margarita Rojas era una funcionaria que estaba bajo las órdenes del gobernador del estado. De eso no existe la menor duda.

Ahora bien, si la Procuraduría General de la República (PGR) está investigando para su proceso a la ex directora del penal, la investigación no solamente debe apuntar a funcionarios menores sino, especialmente, a los de arriba de la cúpula del poder. Y esto implica al gobernador Hernández Deras y a su secretario de gobierno, Oliverio Reza Cuéllar.

Desgraciadamente estamos en México, el reino de la impunidad, y desde ahora sabemos que no pasará absolutamente nada. Que los verdaderos culpables de las muertes en las ejecuciones de inocentes disfrutarán de total impunidad, como ha sucedido en muchísimos casos en nuestro país. Una vez más, ese grupo de políticos-criminales se burlarán de la justicia y del pueblo mexicano.

Lo que no puede perdonarse es la afrenta que hizo el gobernador Hernández Deras al pueblo de Durango y al de México. Al referirse al caso que nos ocupa, la simple declaración de que eran “unos traidores” y el tan gastado cliché de que debería aplicarse la justicia “caiga quien caiga”, debería implicar que, cuando menos por vergüenza, sea el primero en someterse a las investigaciones y a la ley que asegura defender.

Pero no, apareció luego muy sonriente y con una sonrisa burlona en la ceremonia del Informe de Gobierno de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, como si no le preocupara no haber resuelto uno solo de los casos generados por la inseguridad pública de su estado.

Al gobernador Ismael Hernández Deras, el pueblo de Durango le pagó, jugoso salario, por cierto, para que, como funcionario público, les brindara garantías a todos los ciudadanos duranguenses. Seguridad para proteger sus vidas, las de sus familias y sus bienes. Es notorio que no cumplió con su cometido. Como ejecutivo del estado, simplemente fracasó, fue ineficaz. Y la ineficacia es una de las tantas formas de corrupción.

Es evidente que su gestión administrativa ha sido más que gris, opaca. Durante estos seis últimos años ha crecido el desempleo en Durango, hay más duranguenses en extrema pobreza que cuando inició; miles se han alejado de sus lugares de origen y exponen sus vidas en la búsqueda del sueño americano en el vecino país del norte; los cacicazgos económicos y políticos no disminuyeron sino que crecieron en forma exponencial; la riqueza se ha concentrado aún más en unas cuantas familias y vivir en Durango es un peligro, sobre todo en Gómez Palacio. Durango puede ser un claro ejemplo de que el crimen organizado es la cara sucia del gobierno.

Y en estos momentos, cuando la ex directora del Cereso de Gómez Palacio, Margarita Rojas y sus ayudantes jefes de vigilancia, rindieron ya declaración ante la SIEDO y proporcionaron datos que respondan a muchas preguntas torales, en realidad nunca sabremos nada de ello.

Es la impunidad. Maldita impunidad.