¿David contra Goliath?

David Guillén Patiño.
Es mi pariente, por la vía paterna. También somos coterráneos. Además, compartimos una misma ocupación: el periodismo. En algún momento coincidieron nuestras respectivas labores, él desde su trinchera, yo desde otra. Es un excelente compañero y acucioso investigador. En efecto, tiene “tablas” y, mejor aún: vocación. Hoy día, prácticamente nadie cuestiona su profesionalismo, mucho menos su calidad humana.

Arturo Rodríguez García salta de nuevo a la palestra con motivo de un artículo aparecido en Proceso, revista para la que él escribe, en el que se asientan diversas declaraciones del narco Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, en su calidad de testigo protegido de la PGR, en el sentido de que el senador José Guillermo Anaya Llamas mantiene, al menos desde que era alcalde de Torreón, fuertes nexos con el crimen organizado.

Así pues, ante reporteros convocados por la dirigencia estatal del PAN en Coahuila, el legislador, quien por cierto se encuentra en anticipada campaña rumbo a la gubernatura, afirmó que el referido texto periodístico significa una “revancha” del semanario, tras haber demandado a Rodríguez García por seis millones de pesos para resarcir el daño moral que, asegura, le causó la publicación, el 4 de marzo de 2007, de una nota sobre el mismo tema.

Ahora Anaya Llamas se ha convertido en un alud de ofensivas judiciales, pues amenazó, a través de diferentes diarios, con demandar nuevamente a nuestro aludido compañero, así mismo, a la revista Proceso y, si la PGR le da elementos, actuará igualmente contra Ricardo Ravelo, autor del referido artículo en la edición número 1777 de Proceso (21-nov.-2010). Pero no dijo si demandará a “El Grande” por lo que presuntamente externó como testigo protegido.

En los dos últimos años, así se ha dado la pugna legal desatada por Guillermo Anaya, según un recuento de Ricardo Dávila, abogado defensor del corresponsal de Proceso: “El 13 de enero de 2009, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, emitió sentencia considerando que el senador no acreditó la autoría del texto al demandado, por lo que no entró a decidir si hubo daño moral (expediente 1715/2007).

“El 3 de febrero de 2009, Anaya Llamas apeló ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJE), que el 19 de junio de ese año confirmó la absolutoria (Toca Civil 210/2009). Luego, el senador promovió amparos sucesivos que llevaron a la Sala Civil del TSJE a decidir en tres ocasiones sobre el mismo asunto, confirmando siempre la absolutoria, debido a que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito regresaba el expediente por `incumplimiento´”.

Pero “el pasado 8 de octubre, con una prisa inusual, los magistrados federales Fernando Estrada Vázquez, Edgar Humberto Muñoz Grajales y Víctor Antonio Muñoz Cano, resolvieron analizar el expediente ‘con plena jurisdicción’ y orientar la modificación de la sentencia, amagando a los magistrados estatales con destituirlos”. La pregunta es: ¿Estamos viendo la versión remasterizada del desigual encuentro entre David y Goliat?