De todo el decálogo, disfrazado de reforma política, propuesto por Felipe Calderón Hinojosa, lo único que vale la pena es la propuesta de las candidaturas independientes (de partidos políticos) que más bien deben llamarse ciudadanas, porque permitirían deshacer el monopolio que ahora tienen los partidos políticos para mantener el poder en beneficio de las mafias que los tienen secuestrados, y quienes han hecho de los mismos un patrimonio familiar.
El resto de las proposiciones calderonistas, que en una primera intención se pueden considerar benéficas para el proceso a la democracia, en realidad son una trampa: son reformas a medias que no resuelven a fondo los problemas que exige el pueblo, deseoso de una verdadera democracia representativa en México.
La propuesta de Calderón de la segunda vuelta solamente la propone para la elección de Presidente de la República. En países del mundo más avanzados en materia democrática que México, donde funciona ya la segunda vuelta, ésta es obligatoria para que un proceso eleccionario, de cualquier nivel, sea democrático y legítimo.
¿Cómo se legitimizan los procesos democráticos? Cuando se acata la voluntad de la mayoría de los electores, del pueblo, que es donde reside el poder y lo delega a los funcionarios públicos. No puede llamarse democracia cuando una minoría decide sobre una mayoría.
Calderón propone una segunda vuelta en la elección de Presidente de la República cuando alguno de los candidatos no sobrepase la mitad más uno del número que emitió su voto. Ninguna, o muy pocas, en México han superado el 50 por ciento del padrón electoral.
La segunda vuelta debe establecerse obligatoriamente para que, cuando ningún candidato obtenga el 50 por ciento más uno del total de electorado (el universo del padrón, se le llama), los dos primeros lugares vuelvan a competir en otra elección hasta que uno de ellos obtenga la mayoría democrática, es decir, la mitad más uno del padrón electoral total, no de los que emitieron su voto, que hasta ahora siempre han sido la minoría. La segunda vuelta se debe aplicar a todo proceso electoral de cualquier nivel. Solamente así tendremos funcionarios públicos legítimos, no como ahora.
La reelección de cualquier funcionario público no puede concebirse si no existe en México una real democracia. En nuestro país, a pesar de la alternancia en el poder en la Presidencia de la República y en algunos gobiernos estatales y municipales, no podemos presumir de una efectiva democracia representativa. Es solamente un paso hacia ella pero no el feliz término.
Después de más de 60 años de nefasto priato, a partir de que Carlos Salinas pacta, para legitimizar su gobierno espurio, el reconocimiento del PAN bajo la condición de entregarle en el futuro el poder presidencial -cuando nace el prianismo- a espaldas del pueblo, se rompe la férrea hegemonía política del presidente hacía los estados confederados; algunos gobernadores se convierten en reyezuelos que toman a sus entidades como coto caciquil donde son señores de horca y cuchillo. Es entonces cuando, con manos libres, ven la oportunidad de perpetuar su dinastía mediante la imposición de sus delfines, amigos, familiares y consentidos y, lo más grave, la utilización de los dineros públicos en programas sociales de apariencia benéfica para el pueblo pero que en realidad llevan intención electorera.
Esta realidad es incontrovertible, no se puede negar y la practican tanto los priistas como los panistas y perredistas porque, a final de cuentas, todos son hijos del mismo padre. Son lo mismo.
Cuando exista una verdadera democracia en México, la reelección de cualquier funcionario público, de todos los niveles, de hecho es automática. Porque, si mucho nos apuramos, llegamos a la conclusión de que el postulado de la Revolución Mexicana, la “No Reelección”, es antidemocrática. Pero en esos tiempos era necesaria la vigencia de ese principio.
Desgraciadamente, en México, nuestra clase política ha prostituido el voto, el cual se vende y se compra al mejor postor.
La iniciativa calderonista propone la figura de la iniciativa ciudadana para que la sociedad participe en la labor legislativa. Bueno sería. Pero mucho mejor, para que sea realidad, que las firmas de ciudadanos que se requieran para una iniciativa popular sea en número accesible y no uno que no se pueda alcanzar.
También propone Calderón reducir el tamaño del Congreso, de 128 a 96 senadores, y de 500 a 400 diputados. El senado en México fue concebido en similitud al senado romano, integrado por viejos, de quienes se aprovechaba su experiencia. La medida exacta para el senado es, como hasta hace tiempo, dos senadores por estado, incluyendo al Distrito Federal que funciona ya como entidad. Los mal llamados plurinominales no deben existir. Aún cuando haya voces que arguyen que esos cargos pluris son para intelectuales que tienen experiencia para legislar pero no son conocidos, por lo que no ganarían una elección. A la democracia eso no debe importarle porque, en todo caso, designemos a los intelectuales como senadores o diputados sin elección y nos ahorramos ésta.
Estas reformas propuestas por Felipe Calderón serán analizadas por el poder legislativo a partir del mes de febrero. Mientras tanto, los legisladores -diputados y senadores- tuvieron vacaciones en las que se supone deben realizar sondeos entre sus representados para que ellos, los ciudadanos, determinen la intención del voto de cada uno de sus representantes.
¿Y saben que hacen nuestros diputados federales? Nada. Simplemente estarán a la espera de lo que les ordenen los presidenciables, Beltrones, Peña Nieto, Beatríz Paredes, Felipe Calderón y hasta Andrés Manuel López Obrador. Siguen siendo vulgares borregos. Si no, al tiempo.
Pero también es casi seguro que aprobarán algunas de estas reformas a medias, por lo que, en cuanto entren en vigencia a nivel federal, las legislaturas estatales tendrán, necesariamente, que hacer reformas a sus leyes locales.
Desde esta óptica, en Durango no alcanzarán a ponerse en vigencia estas reformas en la elección de gobernador, que está a la vuelta de la esquina.
En Coahuila, lo más probable es que alcance las elecciones para diputados locales, federales, gobernador del estado y alcaldes.
Es evidente que las mafias que tienen secuestrados a los partidos políticos se resistirán a las candidaturas ciudadanas; se revolverán en el fango como bestias heridas por la espada flamígera de la democracia. El PRI ha sido el primer partido que se niega a esta reforma; teme perder su poder. El PAN lo hace porque sabe, de antemano, que perderá la Presidencia de la República mientras que el PRD -más bien las tribus que se han beneficiado del usufructo del poder para enriquecerse-, unidos con el PAN, podrían sacar adelante esta reforma.
En Coahuila, ganar la batalla por Torreón, al moreirato le costó muchísimos millones de pesos; la infraestructura priista está basada en la compra corporativa del voto y solamente de la misma manera se le puede derrotar. El priismo, al arrebatarle el poder municipal al PAN en Torreón, le cortó la base para conquistar la gubernatura. Mientras el PRI tenga el control de las regiones de La Laguna, Saltillo. Monclova y Piedras Negras, tendrá el triunfo asegurado para seguir con el proyecto del moreirismo de, cuando menos, doce años.
Sin embargo, en el futuro, las candidaturas ciudadanas pueden ser la sorpresa. Cuando el abstencionismo y el anulismo logren tener sus candidatos ciudadanos, la democracia, la verdadera democracia representativa, puede avanzar un paso más.
