La radiografía del propio Gobierno Federal en la que reconoce la pérdida de la vida de 17,754 personas, que han sido asesinadas durante el sexenio en su lucha contra el crimen organizado, no sólo es una estadística para preocupar a cualquiera, sino además una muestra evidente de la falla del Estado Mexicano, que ha fracasado en algunas regiones del país, en su combate de tan peligroso flagelo.

De esta manera el ciudadano común y corriente, ve con alarma y desconcierto como la espiral de violencia no sólo va en aumento, sino lo más grave: que sus autoridades son incapaces de diseñar estrategias consensadas y coherentes, que permitan que la ciudadanía de las áreas afectadas, recobren la confianza en las instituciones y la ley.

En los tiempos difíciles que vivimos, alimentados por una crisis económica aún más grave que la de 1994, frente a la cual nuestras autoridades nos bombardean diariamente con cifras, estadísticas y resultados optimistas, asegurándonos que nuestra economía va en ascenso, mientras que las tasas de desempleo están a la baja, lo cierto es que ésta recesión aún no superada, ha generado más pobreza y desigualdad en un medio rural aquejado por el éxodo de sus habitantes y un ejido en bancarrota, como también en las colonias periféricas de los centros urbanos donde sus habitantes viven asediados por el desempleo con apenas lo necesario para subsistir.

Ante tal panorama los mexicanos sólo tenemos un camino que seguir, y ese es, el del cabal cumplimiento a lo dispuesto por nuestra ley fundamental, que tanto nos gusta rendir homenaje, pero que olvidamos por lo general cumplir.

Sólo de esa manera, cuando por ejemplo en verdad se respete y haga realidad la verdadera división de poderes; y las autoridades de los tres niveles, Federal, Estatal y Municipal, atiendan al principio democrático de que es el ciudadano quien a final de cuentas los elige, y es a éste por tanto a quien por mandato constitucional deben servir y rendir cuentas, y por su parte los encargados de aplicar y hacer respetar la ley cumplan a cabalidad con su cometido, sólo entonces y con la frente en alto podemos rendir homenaje a la constitución, y a los hombres que la concibieron e hicieron posible; sólo entonces cuando se recupere la confianza en un sistema de gobierno que acabe con la impunidad en vez de fomentarla, y el ciudadano común y corriente tenga confianza plena en las autoridades que lo gobiernan, podremos decir sin faltar a la verdad que vivimos en un verdadero estado de derecho.

Mientras esto no suceda y la crisis institucional se profundice, con un sistema político que claudica en su compromiso histórico y social de procurar hacer realidad el verdadero federalismo con el que soñó Miguel Ramos Arizpe, impulsando a la vez las verdaderas reformas de fondo (política, fiscal, laboral y energética), que garanticen a las mayorías de la población mejores niveles de bienestar, seguiremos soñando con un país cuyo futuro estable y vigoroso, cada vez se nos escapa de las manos.