ABC, Greg y Diego

Adolfo Olmedo Muñoz.
El cantinflesco gachupín Mario Vázquez Raña tenía (y seguramente la sigue teniendo) una frase muy cruda, pero pragmática entre los de su clase en la que se incluyen los amorales políticos: “Cuando el niño ha sido invadido de cáncer y resulta muy dispendioso (él decía caro, no conoce otro lenguaje…) y al final de cuentas inútil mantenerlo vivo, hay que matarlo y hacer otro”.

Una metáfora poco elegante pero lapidaria; la aplicaba para señalar que cuando un periódico no estaba siendo productivo y por el contrario había que invertirle para seguir su ordeña, era preferible cerrarlo y abrir uno nuevo más rentable.

No se si esta “anécdota” venga bien a bien al primer caso que comentaré en esta “tamalera” columna. Y es que se acaba de cumplir un año de la desdichada muerte (homicidio) de cuarenta y nueve niños inocentes, durante un incendio en una “guardería” avalada por el IMSS, la ABC, en Hermosillo, Sonora, y a esa distancia lo único que se han obtenido es que el petiso (SIC) de Los Pinos haya recibido en audiencia privada a los padres de aquellas victimas de la improvisación de autoridades, responsables de homicidio, pues encuadran en el tipo de “comisión por omisión”

Lo más que han obtenido, en cuanto al resarcimiento del daño, es que les den un seguro vitalicio a ochenta sobrevivientes, de atención en hospitales nacionales y uno que otro gringo, contra posibles enfermedades pulmonares que pudieran haber causado la inhalación de humo durante el incendio que privó de la vida material a tantos inocentes pequeños. Desde luego los panistas dirán: “¡que magnanimidad del sistema.

Otros panistas seguirán sacando raja del asunto y culpando al PRI “de todo y además de lo que no se sabe, pero pueda ocurrir”, sobre todo en épocas de elecciones. Lo cual parecería un contra sentido pues se acercan elecciones en varios estados, pero nada se dice de la impunidad vergonzante en la que se halla el caso de la guardería ABC en Sonora.

Ya hace un año que Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, declaró que no habría impunidad en este caso. Los hechos dan la medida real de la administración pública federal, no yo cuando le adjudico adjetivo, petiso, a quien se llena la boca fácilmente con promesas, cuentos, castillos en el aire y artimañas electoreras.

Calderón sabe que los culpables siguen ostentando una abominable inmunidad, tanto de políticos como de la camarilla empresarial; tanto local, como federal. De Hacienda, Protección Civil (qué infamia) o del IMSS, sólo el silencio cobarde. La sociedad tendrá que cobrarles tarde o temprano.

La “determinación” de la PGR por perseguir el delito, es claramente discriminatoria, pues en otro caso, sin “declaración oficial de no habrá impunidad” de por medio, se fue contra Gregorio Sánchez Martínez, el afamado “Greg” (otro Juanito, por lo de la propaganda, en pro y en contra), a quien le fue dictado auto de formal prisión en días pasados, instrumento procesal emitido por el juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Tepic, Nayarit (reincidente persecutor de perredistas), a petición de la PGR que lo acusa de: Delincuencia organizada; Contra la salud, y Operaciones con recursos de procedencia ilícita, merced a los argumentos presentados por el Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a través de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010.

El presunto delincuente, solicitó permiso al Congreso local para dejar el cargo de Alcalde en el municipio de Benito Juárez, del mismo estado de Quintana Roo, donde se pretendía inscribir como candidato a gobernador, avalado por una coalición formada por el PRD, PT y Convergencia, quienes por cierto aseguran que seguirán adelante con la candidatura y marchas de “apoyo”.
El Juez nayarita, un tal Carlos Alberto Elorza Amores, junto con el auto de formal prisión dio vista al vocal del Registro Federal Electoral de la Junta local del Instituto Federal Electoral en Nayarit, indicando que se suspenden los derechos políticos a Gregorio Sánchez, con base en la fracción dos del artículo 38 constitucional.

Los perredistas, luego de una serie de desatinos de que sí sabían o que no sabían que “Greg” era ya investigado, se han apresurado en culpar el PRI de una “sucia maniobra” para quitarse a un enemigo, lo cual es más que un eufemismo, pues el narcodelincuente que pronto será huésped del CEFERESO Nº 4 “Noroeste”, nunca tuvo ni tendrá la estatura política mínima para contender.

Por su parte, el PAN de César Nava sigue mostrando su mediocridad oportunista. No desatan la alianza con el PRD (hecho de por si ya sucio, aunque válido en la normatividad mexicana), pero prefirieron en Quintana Roo, dejar morir solo al PRD, aunque tampoco han dejado de sacar ventaja achacando al PRI la “maniobra” contra “Greg”.

Como si el pueblo fuera tan pen…nitentemente solapador de tal estupidez, pues quien se traga la patraña de la inocencia política de la acción cuando es la PGR (fundamentalmente panista) la que ejerce la acción penal.

El sainete está a la altura del que pretenden a nivel nacional en contra del gobernador mexiquense Peña Nieto, que de cualquier “catarro” le quieren culpar, con tal de inhabilitarlo para la grande.

En cambio, los maricas jenízaros del sistema, se declaran (por omisión) incompetentes para reclamar el cobarde asesinato de un emigrante mexicano a manos de una bestia yanqui en la frontera con California.

Atanasio Hernández Rojas, un pobre pendejo que creyó iría a hacer el “sueño americano” y le dieron su “meme” pero eterna al caer en las manos de un guardia que lo sometió como a un animal, con una pistola de descargas eléctricas, cuyo voltaje seguramente era para búfalos, de los que acostumbraron matar en todo el territorio que robaron de aquí y de allá a los indios que casi acaban.

En su lugar, la que hizo un “pronunciamiento” fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy al estilo panista actual: “manifiesto ‘mi indignación’ por los hechos en que perdió la vida un connacional”, y en el texto apunta también que “México ha procedido a solicitar una exhaustiva investigación de estos hechos a las autoridades estadounidenses y -dicho con no poca estulticia- dará seguimiento puntual a su desarrollo”.

¿Saben cuándo se castigará al culpable de la muerte de ese “ingenuo” migrante asesinado?...
Y el último, por ahora, comentario de esta “tamalera” columna de opinión, es relacionado, otra vez con la procuración de la justicia, supuesta “mano armada” del presidente en su “guerra” contra la impunidad, pues quisiéramos preguntar “a los que saben”: ¿Dónde quedó el, dicho sea con el relativo respeto, barbas?, ¿Qué hay del paradero del otrora llamado “jefe Diego”, Diego Fernández de Ceballos?

No pretendo ser ave de mal agüero, pero debo recordar que en 1978, el líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, fue secuestrado y dos meses después fue ejecutado por sus captores, sin que bien a bien se argumentara una acción reivindicatoria.
La mudez del sistema revela, a más de cobardía, incapacidad. Esa incapacidad que han pretendido negar sistemáticamente pero que ya es elocuente hasta para los más obsesionados panistas.

No queda más que especular hipótesis, la administración calderonista obliga a ello. Diego Fernández fue conocido por su perruna acción como litigante audaz e inescrupuloso. Han sido muchos sus contrincantes, perdedores de grandes, muy grandes fortunas de los que, a cual más, lo tildaron de tramposo por traficar con influencia. Como dice la teoría criminalística, bien podría uno de ellos creer tener motivos suficientes para un “ajuste de cuentas”.

Frase ésta última que puede ir significando un “factor denominador”, pues también se discute como un “revire” de la delincuencia organizada, ya que se dice que días antes de la desaparición de Fernández de Ceballos, la PGR había ordenado y ejecutado la detención de la esposa de un capo di tutti capi, aunque luego de cinco horas, la soltaron, pero no se sabe a ciencia cierta ni de qué la interrogaron, ni cuanta sopa le sacaron, o hasta donde “dañaron su intimidad”.

También se dijo por esos días, los primeros del mes de mayo, que la propia PGR había detenido y mantenían en secreto, al suegro del Chapo Guzmán, apodado “Nando” Coronel, por lo que, se comenta ahora, que sigue el juego de presión, buscando canjes de piezas al más alto nivel, por ello no han dejado que las versiones circulen, enmudeciendo a los medios de comunicación que como televisa, ya declararon no querer buscarle mangas al chaleco, para no resentir represalias funestas.

Y desde luego no han faltado las especulaciones de origen político, pues no sólo se está en proceso de elegir a varios gobernadores, en medio de un panorama que vuelve a ser favorable al PRI por lo que, algunos han querido inmiscuirlos como chantajistas, en una supuesta lógica simplista de que: el PAN no tiene culpa pues se supone “el afectado”. El PRD no ha dicho nada, pero trascendió pocas horas después de la desaparición del ex candidato a la Presidencia, que el apodado EPR (Ejército Popular Revolucionario) salió apresuradamente a desmarcarse de toda presunta relación con los hechos, lo cual me recuerda aquella conseja entre los leguleyos que dice: “A explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”. Sólo que en honor a la verdad, en este caso, esos vividores de la ideología, no tuvieron nada que ver.

Más bien nos inclinamos por la última hipótesis, que se refiere también a la incapacidad de la administración federal para contener la delincuencia, en este caso la que parasita a través del secuestro, que espera una jugosa tajada a cambio del emblemático panista. De ahí que el Gobierno mantenga un silencio elocuente, ni una nota, ni un comentario en los medios. El dinero puede ser lo de menos, aunque no sabemos cuánto se podría disparar el regateo por el último representante del panismo pensante; puede ser mucho dinero (si ese es el caso) pues ha pasado mucho tiempo…y nada. ¿La PGR?… ni sus luces.

Aunque el piernas cortas-lengua larga siga viajando por aquí y por allá pregonando “sus triunfos”, el desgobierno es agobiante.