Los acuerdos de San Andrés:  la verdadera reforma política

Alejandro Robledo Flores.
En 1997 en San Andrés Larráinzar, Chia- pas, se firmaron los históricos Acuerdos de San Andrés por el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con la mediación de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), que se lograron gracias a un proceso de diálogo complicado, que comenzó después del alzamiento armado del EZLN, el primero de enero de 1994, por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Los Acuerdos de San Andrés, pondrían fin al conflicto armado en Chiapas, y sus disposiciones serían Constitucionales, pero lo más importante es que con la firma y reconocimiento del Gobierno Federal se daría inicio a una nueva relación del Estado con los pueblos originarios de México. Meses después, el Presidente Ernesto Zedillo desconoció los acuerdos que había firmado y comprometido a respetarlos.

Lo que motivó el desconocimiento de los acuerdos por parte de Zedillo, y posteriormente de Fox y Calderón, fue principalmente por el contenido del capítulo: “Derechos y Cultura Indígenas”, que en resumen reconoce a las comunidades indígenas como entidades de derecho público y su libre determinación.

Dicho capítulo dice señala: “Se creará un marco jurídico a partir de reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas... y como tales.. Podrán decidir su forma de gobierno interno y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente... El Congreso de la Unión reconocerá a las comunidades como entidades de derecho público. Las autoridades realizarán la transferencia de recursos, para que las comunidades administren los fondos públicos que se les asignen.”

Como vemos, los acuerdos de San Andrés reconocen a las comunidades indígenas como entidades de derecho público con autonomía y libre determinación, y con los recursos necesarios para que estas comunidades ejerzan un presupuesto. Con lo dispuesto en los Acuerdos se sientan las bases constitucionales para la creación de un cuarto orden de gobierno, entendiendo a la Federación, Estados y Municipios como los otros tres. Con esto se desconcentrarían las atribuciones, y los recursos públicos para destinarlos a las comunidades para que sus habitantes canalizaran sus presupuestos de acuerdo a las decisiones que tomaran colectivamente.

Ernesto Zedillo desconoció los Acuerdos después de haberlos firmado, cuando asesores y políticos de todos los partidos le hicieron saber que había cometido un grave error, pues ponía en peligro el status quo del sistema político mexicano: Una vez que se reconociera constitucionalmente a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, se sentaría un precedente y cualquier comunidad del país podría exigir ser reconocida igual.

En cualquier estado de la República, las comunidades urbanas y rurales, como barrios y ejidos, podrían haber gozado del mismo reconocimiento. De respetarse los Acuerdos de San Andrés, en todo México cambiarían las formas de gobierno establecidas, dando paso al cuarto orden de gobierno a nivel nacional.

El efecto que preocupó al gobierno federal y a las cúpulas partidistas, es que al ser otro orden de gobierno, las comunidades de todo el país tendrían derecho a acceder a los presupuestos públicos y a decidir cómo ejercerlo, y aplicando herramientas de la democracia participativa, las comunidades indígenas, barrios y ejidos manejarían en su territorio los programas sociales y de obra pública, sin la intervención de otros niveles de gobierno.

Hoy en día los programas y la obra pública se maneja a discreción por políticos y funcionarios públicos a través de sus estructuras partidistas, dependiendo del gobierno en turno, y se utilizan con fines clientelares para comprar y coaccionar el voto en las elecciones, lo cual es una práctica común de todos los políticos. De perder el control de los programas sociales y de obra pública, los partidos no tendrían con que comprar votos, ya no podrían lucrar con la necesidad de la gente y perderían el control político.

Con las comunidades del país tomando decisiones se definiría el rumbo del país y existiría un contrapeso a los poderes establecidos y a los fácticos, dándole equilibrio a la vida política de México. Esta es una causa más por la cual los Acuerdos de San Andrés siguen sin reconocerse.

¿Qué pasaría con los partidos políticos sin clientelas electorales y sin el voto duro? Hay dos respuestas: Una, modernizarse, cambiar su discurso anacrónico y adaptarse a las nuevas formas de democracia participativa, abrir los partidos a la participación activa de la sociedad, hacer trabajo de base organizativo y de convencimiento a través de propuestas, ideología y honestidad, y mejorar su imagen ante la opinión pública.

La segunda posibilidad, que es la más probable que sucedería, es que serian rebasados totalmente y se agotaría el sistema representativo partidista, dando paso a una nueva democracia, donde la sociedad fuera la verdadera protagonista: La democracia participativa y popular…