Los clavos ardiendo

José María Mena Rentería.

Antes de que haya transcurrido una década, inmuebles pertenecientes al gobierno del estado de Coahuila, unos, y de los 38 municipios de la entidad, otros, habrán sido entregados en garantía (léase hipotecados) por las “autoridades” para avalar las solicitudes de préstamos que sin duda gestionarán -y obtendrán- en ese lapso, los que lleguen a ubicarse en niveles ejecutivos del ámbito oficial.

Augurios menos sombríos no caben en base al acontecer del Congreso del Estado de Coahuila, donde el sábado 6 de agosto del año en curso fue aprobada, con 26 votos a favor y 4 en contra, la reforma a la Ley de Deuda Pública que autoriza al Gobierno del Estado, y a los 38 Ayuntamientos, a gestionar deuda de corto plazo sin permiso del legislativo, y con facultades para ofrecer como garantía edificios públicos.

Aunque en las cúpulas de esos niveles de gobierno se diga lo contrario, la realidad es que exhaustas están sus arcas. A tal condición, amable lector, añada que la deuda del Estado de Coahuila, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pasó de cero a 31 mil 973 millones de pesos -en un período de 6 años- antecedente que coloca a la entidad en cuarto nivel, nacionalmente, en endeudamiento por volumen, y en el primero, en monto per cápita.

¿Cómo es que se llegó a esa debacle? Desconocidos del todo son para la ciudadanía las causas o motivos que pudiesen haber generado tal adeudo mientras los mandos de gobierno “informaban” acerca de “logros” y “avances” sin jamás aludir al por qué de las cifras de un endeudamiento escalofriante que nada justifica, pues gasto aplicado en pro de beneficio común que pudiese equipararse a lo erogado resulta inadvertible.

A turbiedad en tal sentido puede aludirse palpada de sobra la nula transparencia en el ejercicio de créditos mal solicitados por las autoridades. ¿A qué voz acatan los diputados en el Congreso del Estado? A la de la ciudadanía que afirman representar ciertamente no. Sobre todo porque se trata de diputados que sin empacho, aprueban lo que no deben. ¿En aras de qué? Obviamente de provecho personal en lo “político” y lo que de ese plano derive. Se trata pues de irredentos creyentes en aquello de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, todos, sumisos, aunque tal condición pueda conducir a un caos perfectamente predecible conformado por quienes finalmente defienden…lo suyo en lo “político”, personal y de grupo.

Resbalón reciente del Gobierno de Coahuila, es la suspensión de la vigencia de la llamada “tarjeta del hogar” entregada a las clases desprotegidas que así, quedaron sin recibir 200 pesos al mes. Como siempre, los que menos tienen resultaron más castigados en momentos en que ningún dinero alcanza para adquirir los productos de la ya inalcanzable “canasta básica”. Cerró ese programa, dijeron los aferrados a las mamas del presupuesto cuya asignación, cubierta con dinero público, no ha sufrido ni sufrirá merma alguna.

El caso Torreón
Vapuleados por una administración municipal opaca que no ofrece satisfactores, a los torreonenses desagradan los desatinos en que incurre, un día sí y otro también, el gobierno encabezado por Eduardo Olmos Castro.

Por ejemplo: La inutilidad propiciada por la omisión, del 50 por ciento de los vehículos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, (DSPM), reducidos a la condición de chatarra y que según elucubración de las autoridades deberán ser vendidas como tal, a fin de captar recursos para reparar y mantener en funcionamiento el resto de las camionetas y patrullas de esa dependencia.

O sea, que de la Tesorería Municipal no pueden salir los recursos necesarios para repararlos porque -obviamente- no hay dinero. ¿Qué se hace entonces con el recurso aportado vía impuestos por los contribuyentes? Los enterados afirman que el gasto realizado a nivel municipal ha tenido abundantes vertientes, solo que ninguna ha conducido hacia finanzas sanas.
Disparates como la puesta en marcha de la construcción de la “Gran Plaza” no han faltado. En Torreón nadie ignora que los terrenos del primer cuadro donde se ubica la estructura de acero correspondiente al futuro edificio de la Presidencia Municipal, fueron comprados a precio de oro; a un costo que llevó su monto al doble, triple y hasta cuádruple de su cotización real, del que, por cierto, la ciudadanía, tratada con la punta del pie, no ha sido informada.

El hecho es que dinero, público, fue soltado a manos llenas con tal de comprar terrenos a sus propietarios, que “a río revuelto” asignaron valores superlativos propiciados por la “urgencia” oficial de comprarlos; los enterados afirman que con dinero del municipio de Torreón, acicateado su alcalde desde el Palacio Rosa bajo la promesa de restitución -demorada por cierto- de la parte correspondiente al estado, de esos dineros.

Por lo que al proyecto de la Gran Plaza toca, las autoridades estatales y municipales a nadie tomaron parecer para ponerlo en marcha. Así, la ciudadanía vio cómo de un día para otro derribado quedaba lo edificado para emprender, unilateralmente y a trompicones, lo planeado a espaldas de la ciudadanía.

Plan recaudatorio
Plan Recaudatorio ha puesto en marcha el gobierno municipal de Matamoros a cuyo alcalde, Guillermo del Real Castañeda -que parece ignorarlo- ha tocado en suerte “bailar con la más fea” después del paso de administraciones que propiciaron con su afán de botín, evidente estancamiento y atraso.

Intención del Plan Recaudatorio es incrementar los ingresos del municipio vía la labor que con tal propósito puedan realizar directores y jefes de departamento que tengan relación con la captación de recursos.

Tal búsqueda resulta un tanto más cuanto discutible, porque el municipio tiene el potencial necesario para dejar atrás la inopia en que se encuentra. Lo que ha faltado son los honestos que lleven a cabo esa tarea.

Por ejemplo, en el Departamento de Ingresos, donde al igual que en el resto de las dependencias del ámbito, medraron administración tras administración “recomendados” y cobradores de facturas “políticas”. Lo mismo ocurría en Auto Transporte, dependencia dónde durante años nadie pudo percatarse del caos que en todos los tonos denunciaron hasta el cansancio auténticos trabajadores del volante en lo urbano y rural hartos de lidiar con choferes “piratas”.

En Matamoros la oficina del Catastro ha existido en términos de nombre y costo pero no de efectividad y resultados. En cualquier punto del municipio los predios ejidales desapare- cieron como tales adquiridos por inversio- nistas y empresarios que en el más optimista de los casos cubren obligaciones catastrales como si lo que compraron perteneciese aún a sus propietarios originales; los campesinos. ¿Resultado? Escasa captación de recursos en la oficina del Catastro.

Plazas y Mercados es otra de las áreas donde durante pasadas adminis- traciones quienes estuvieron a cargo hicieron a su antojo. Tan así, que ni se molestaron en disfrazar su indolencia con cifras que hubiesen sido mera simulación.

Otro ingreso importante es sin duda el que pueden generar las licencias de alcoholes y el funcionamiento de expen- dios y cantinas, sin embargo, las autoridades, o lo desconocen, o no están dispuestas a informar acerca del padrón real de negocios de ese giro, y mucho menos, de haberla, acerca de la captación de los impuestos del rubro que en este municipio tiene a ex funcionarios municipales como propietarios de comercios dedicados a la venta de etílicos.

De su postración, este municipio saldrá cuando al gobierno municipal lleguen los que puedan -como medio se intenta actualmente- erradicar parásitos y corregir vicios añejos que a la postre se pagan -como actualmente sucede- con usura.