Los encabronados de Torreón
Manuel Padilla Muñoz.
No tenemos nada. No tenemos seguridad de nuestras vidas y propiedades; cada día, a toda hora y en cualquier parte de la ciudad, nuestras vidas están expuestas a la muerte provocada por el crimen organizado; los robos a comercios, casas habitación, de vehículos se han incrementado en forma exponencial, lo mismo que secuestros, “levantotes” y ejecuciones. No hay empleos para miles de laguneros que se debaten en la desesperación por la falta de recursos para alimentar a sus familias. Miles de nuestros jóvenes, llamados “ninis” (ni trabajan ni estudian) son el caldo de cultivo para engrosar las filas del crimen organizado. Coahuilenses y, por ende, los laguneros, pasivamente aceptamos una megadeuda pública que supera ya los 36 mil millones de pesos para lo cual, cada uno de nosotros, deberá pagar más de 11 mil pesos en los próximos 20 o 30 años. Lo dijo claramente el obispo de Saltillo, Raúl Vera: “Quien no proteste por esta injusta deuda pública, que nunca pedimos, es cómplice y, llegado el momento, tendrá que rendir cuentas al Señor por esta pasividad”.
No hay transparencia ni rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales. Sobre el destino del dinero de la deuda nos dicen: “Allí está la obra”, y tienen la desvergüenza de invertir millones de pesos en panfletos que encartan en los periódicos del estado. Un ejemplo: en Torreón se construyeron 16 puentes; cinco de ellos inconclusos. ¿Para qué han servido esos puentes? Hasta ahora, para colgar ejecutados. Lo ideal es que públicamente se pudiera analizar puente por puente y peso por peso mientras el señor Javier Villarreal y el señor Chaires disfrutan de una riqueza inexplicable en los Estados Unidos.
No creemos estar fuera de la realidad que, de acuerdo al panfleto gobiernista. La mayor parte de la obra del sexenio de Humberto Moreira fue para la región de Saltillo; a los laguneros, las sobras. Como gobernador del estado, Humberto Moreira fue el mejor alcalde de Saltillo (más que Óscar Flores Tapia): simplemente, lo transformó y lo proyectó al futuro. Y los laguneros, como el chinito: “nomás milando”.
Y, lo más grave del caso, es que nuestros gobernantes pretenden hacernos creer que no hay culpables. Claro que los hay y tienen nombres y apellidos. En la Laguna, los gobernadores de Coahuila y Durango, los alcaldes de las ciudades conurbadas y los legisladores. Sus nombres son hartos conocidos y no vale la pena siquiera mencionarlos en este espacio. Perdieron el sentido común y llegaron al cinismo.
En Torreón, la obra magna, la nueva presidencia municipal y la Gran Plaza, estarán terminadas en el moreirato, de Carlos o Álvaro Moreira.
Por esto y mucho más, en Torreón no solamente estamos indignados, sino que superamos esa etapa y ahora estamos encabronados. Afortunadamente, para nuestros ejemplares de la fauna política, saben a la perfección que somos un pueblo castrado que a pesar del olvido en que nos tienen y las ofensas de quitarnos los programas sociales días después de haber votado por ellos, miles se volcaron en los procesos internos (dicen que 300 mil) con la esperanza de recibir de nueva cuenta las migajas de los programas sociales.
De última hora, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila dio a conocer que la información sobre la cuenta pública del poder Ejecutivo del estado en 2010 quedaba reservada por ocho años, sin ofrecer razones de esa decisión.
De este modo, las cuentas públicas de Coahuila se conocerán hasta 2019, un año después de que el sucesor de Humberto Moreira, su hermano Rubén Moreira Valdés, concluya su mandato como gobernador de Coahuila.
¿A poco no es suficiente esto para que los laguneros estemos encabronados?
La salida de Humberto Moreira de la dirigencia nacional del PRI, lo que varias veces anticipamos, libera de lastre a Enrique Peña Nieto en sus aspiraciones presidenciales. También sostenemos que el ex gobernador de Coahuila será senador a fin de brindarle protección con el fuero. Una elección constitucional la gana en su estado pero una plurinominal le asegura el cargo. Si no, al tiempo.
En Torreón, cuando no nos llueve nos llovizna. Ahora padecemos otra gran plaga: los agentes de la Policía Preventiva del Estado, que fue creada para la vigilancia de las áreas rurales y carreteras vecinales, donde eran el azote de campesinos. Hace poco, se solicitó su colaboración para luchar contra la ola de inseguridad que azota a la región; es decir, combatir a las pandillas y bandas del crimen organizado que amenazan nuestras vidas.
Por ello, se les permitió abarcar el área urbana de Torreón. Pero, en vez de cumplir con su deber, encontraron una mina de oro y se dedican, no a combatir a la delincuencia, sino a la caza de conductores cuyos vehículos no portan placas o conductores en estado de ebriedad: A esa vulgaridad han llegado.
Los agentes de la Policía Preventiva Estatal detienen, diariamente, a cientos de conductores con esas faltas al reglamento, que corresponde a los agentes de vialidad del municipio, y los extorsionan. Los preventivos estatales no pueden levantar una infracción de vialidad porque, aparte de no estar facultados, no portan boletas de infracción. Lo que hacen, al detener a un infractor, sobre todo en estado de ebriedad, es llamar a una grúa para llevarse el vehículo al corralón, en vez de llamar a uno de vialidad, como debería de ser.
Y así llevan a cabo la extorsión, porque no se puede llamar de otra manera. La “cuota” por falta de placas y licencia para manejar va de los 200 a los quinientos pesos mientras que el estado de ebriedad es, mínimo, de dos mil pesos.
Aseguran esos malos servidores públicos que tienen órdenes de sus jefes regionales y de Saltillo de enviarles parte de las jugosas e ilegales ganancias y por eso tienen impunidad. ¿Será cierto? En lo que si es una certeza es que, aparte de las bandas del crimen organizado estamos ahora siendo extorsionados por policías preventivos del Estado convertidos en una banda más de delincuentes con uniforme. De tal manera que los laguneros tenemos ahora más miedo de los policías estatales que de los criminales.
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