El pueblo de rodillas

Manuel Padilla Muñoz.

En Baja California, el jefe de la zona militar, general Alfonso Duarte, reprendió públicamente al secretario general de gobierno, Cuauhtémoc Cardona, a quien llamó grosero, borracho e irrespetuoso, en plena ceremonia del Grito de Independencia, frente al gobernador y lo castigó, como si fuera un subordinado suyo, a no pisar terrenos militares. Previamente, el gobernador del estado fue citado en las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la ciudad de México, para rendir cuentas al secretario del ramo.

En Torreón, ni el alcalde ni el Cabildo, que se supone es la máxima autoridad del municipio, pueden designar al Director de Seguridad Pública. Lo hace el jefe de la XI zona militar, argumentando el “mando único” y las autoridades municipales ceden. Lo mismo ocurre en muchos municipios de México. Los pasos seguros e inexorables de la militarización de nuestro país que bien puede ser el preámbulo de un estado de excepción que pudiera estallar antes o después de las elecciones del 2012.

El miércoles 28, una llamada del Papa Benedicto XVI a un ministro de nuestra mexicanísima Corte de Justicia de la Nación inclinó la decisión de los magistrados para que siga vigente la ley antiaborto de Baja California y de San Luis Potosí, por ende. Fue la confesión pública del obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías. El religioso aseguró: “Casi perdíamos ayer (el miércoles 28), pero una llamada del Papa, no sé a quién, no me pregunten, cambió todo”. Dicho por un prelado católico que, por su alta jerarquía, no debe mentir. Una muestra de la separación de la Iglesia y el Estado. ¡Si viviera Benito Juárez!

La ola de inseguridad y muertes horrendas del crimen organizado en todo el país crece exponencialmente. El desempleo crece de igual forma; se perdió en la oscuridad de las promesas incumplidas el mal autollamado “presidente del empleo” y sume en la pobreza a más millones de mexicanos y sus jóvenes los convierte en caldo de cultivo de las bandas criminales para engrosar sus filas. El pueblo inocente de esta “guerra” calderonista pone los 50 mil muertos con que terminará -¡por fin!- este sexenio.

El pueblo mexicano, de rodillas. Cuando mucho realizando algunas inútiles marchitas por la paz que no se ve cercana. Somos comodinos. Reitero, somos un pueblo castrado y ratonero.

En Coahuila, nos sumen en una deuda pública de casi 34 mil millones de pesos, inédita en la historia de la entidad, a lo que hay que agregar casi 39 mil millones por los intereses a pagar en ¡20 años! Coahuila hipotecado, pues.

Periodistas y analistas políticos, voceros y bocinas oficiosos de los gobernantes en turno de quienes han recibido jugosas participaciones nos dicen que “Coahuila debe y tiene que pagar, no existe alternativa”. No es Coahuila, considerado éste como territorio, quien tiene que pagar; somos los ciudadanos de Coahuila los que deberemos de pagar. Y todavía llegan al cinismo de asegurarnos que los recursos de la deuda se ejercieron íntegramente en obras y servicios. Vayamos por partes, como dijo Jack “El Destripador”: obra por obra, peso por peso.

¿Por qué no lo hacen nuestros gobernantes para darle transparencia al asunto y que los coahuilenses asumamos la responsabilidad de pagar? De verdad, ¿podrán y querrán hacerlo? Hasta ahora, incluso el gobernador electo, globalizan todo como si ello fuera suficiente para justificar la estratosférica deuda. Todo, porque nos consideran retrasados mentales que nacimos para callar y obedecer; y ahora, para pagar, no sus errores, sino sus ilegales riquezas que previamente planearon.

Lo más grave del caso, es que nuestros “diputados”, supuestos representantes populares, mostraron una eficaz velocidad en reformar el decreto de la deuda pública de acuerdo a los caprichos del agiotismo legal de los bancos prestadores del dinero. Diputados lacayos que muy caro habrán de cobrar el favor al gobernante en turno. Esa eficacia debieran mostrar, también, para exigir castigo a los culpables de los delitos cometidos; porque hay delitos graves y los responsables tienen nombre y apellido. Humberto Moreira y su personero Javier Villarreal, lo menos que pueden hacer, es explicar todo a los coahuilenses. Pero sabemos que nunca lo harán ni serán procesados porque ya lograron la maldita impunidad.

Pero no es todo. En la paranoia de su cinismo y en su borrachera de impunidad, la borregada de la Congreso de Coahuila, autorizaron que el Impuesto Sobre Nómina (ISN), que en Coahuila llega a los 450 millones de pesos anuales, sea para pagar parte de la deuda. Creen que olvidamos que ese impuesto, creado en la administración de Rogelio Montemayor, se estableció, exclusivamente, para realizar obras de infraestructura y no para pagar riquezas ilegales de malos funcionarios públicos como se pretende.

¿Y el pueblo? De rodillas; callado. Condenado a callar y a obedecer. En una verdadera democracia esto sería más que suficiente para que pueblo ganara las calles y botara, vergonzosamente, a los malos gobernantes que no han cumplido con su deber. Porque, en su esquizofrenia, estos políticos todavía esperan que votemos por ellos en el 2012 para que el PRI regrese al poder. No un nuevo PRI, porque éste solamente existe en las fantasías de estos tiranos; el PRI será el mismo de siempre; no cambiará para nada. Volverán los Salinas de Gortari, los Montiel, los “gober preciosos”, los Ulises Ruiz y toda esa caterva de pillos que se enriquecieron a costa del pueblo.
El pueblo mexicano está en una encrucijada para el 2012.