México armado

David Guillén Patiño.

Hace poco más de dos años, la aduana de Piedras Negras, Coahuila, instaló un novedoso dispositivo de seguridad de alta tecnología, denominado “SIABE”, del que se dice es único en su tipo a nivel internacional para prevenir de manera efectiva el contrabando.

Ahora se anuncia que Estados Unidos acaba de desarrollar un aparato capaz de detectar armas de fuego en el interior de los vehículos automotores, cuando lo que realmente hace falta es erradicar la corrupción del personal, tanto nacional como extranjero, que atiende los pasos fronterizos, ¿o no?

En cuanto al referido dispositivo “SIABE”, se trata de una cámara que capta las placas de los autos y los rostros de sus conductores. Tiene, además, un sensor para calcular las dimensiones y peso de cada unidad, de modo que al detectarse exceso de peso se inicia una inspección.

El uso de tales aparatos va acompañado de un sistema para evitar actos de corrupción, que se basa esencialmente en registrar el nombre del funcionario que hace la revisión, misma que además ya no se efectúa de manera aleatoria.

Pareciera que este tipo de mecanismos son la panacea perfecta al serio problema del ingreso ilegal de armas al país. Pero no es así. Definitivamente, todos estamos de acuerdo en que hace falta hacer mucho más para inhibir este fenómeno, mismo que merece ser declarado asunto de seguridad nacional.

Las cifras de este tipo de contrabando son tan alarmantes, que por ejemplo cuando usted haya terminado de leer ésta columna habrán ingresado a territorio nacional por lo menos otras 25 armas de fuego de todo tipo.

Es de erizarse la piel cuando uno encuentra la respuesta a la inquietante pregunta de a dónde van a parar todos esos artefactos letales. Algunos informes oficiales, y otros no tanto, indican que todo ese arsenal termina en manos del crimen organizado.

Me pregunto, por otra parte, si los grupos guerrilleros que operan en el país, los cuales suman ya más de cuarenta, están considerados por las autoridades como parte del crimen organizado. Otra interrogante es: ¿quiénes pueden pagar más de 30 mil millones de dólares anuales para la adquisición de armas, municiones y explosivos?

Creo que es correcta la versión de que en este momento el problema más importante del país no es su crisis económica, sino la delincuencia. Cada día, la violencia en México cobra la vida de entre 13 y 15 personas, lo cual indica que estamos en medio de una verdadera guerra si se considera, por ejemplo, que esta cifra es equiparable a las bajas que registró, en años, la guerra en Irak. Un dato al margen es que cada año mueren en México 400 menores por uso de armas de fuego.

Este tipo de contrabando es un secreto a voces, tan así que, de manera indirecta, algunas estaciones radiodifusoras que operan en la frontera sur de la Unión Americana anuncian a los cuatro vientos la venta de tales “juguetitos”. Dichos spots publicitarios es posible escucharlos en ciudades fronterizas del norte de México, como son los casos de Piedras Negras y Acuña, e incluso en otras regiones más al sur de Coahuila.

En lo que va de la administración del Presidente Felipe Calderón, y no obstante de que se trata de un esfuerzo sin precedente, se ha incautado no más del 2% del total de armas de asalto que ingresan ilegalmente al país.

No hace falta ser muy inteligentes para saber que Estados Unidos también debe cerrar filas en torno a este grave problema, impidiendo el flujo de arsenales a México. Esto lo decíamos también en mayo del año anterior, arguyendo que es un problema compartido.

Una solución es la que se ha venido planteando desde hace tiempo: reinstalar allá la prohibición de ventas de armas de asalto, lo que implicaría suspender la realización de ferias en las que tiene lugar este tipo de mercadeo.

Pero esto apenas sería el inicio de una cruzada bilateral, en la que a nuestro país le tocaría, además de su tarea de impedir el contrabando, la difícil misión de desarmar a los grupos criminales, a los que también habría que restarles poder económico.

Nadie sabe a ciencia cierta cuántas armas circulan ilegalmente en la geografía mexicana. La PGR estima que son alrededor de 15 millones, cantidad a la que habría que agregar 5.4 millones más que se portan bajo licencia otorgada por la Sedena. De dichas sumas deducimos que casi uno de cada cinco mexicanos porta arma.

Pero las cifras extraoficiales son más crudas. De acuerdo con la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas, a nivel mundial existen 875 millones de artefactos, y ¡siete de cada 10 están en manos de civiles!, es decir, de cada tres armas, dos están en manos de la ciudadanía, y sólo una en las de las fuerzas armadas.

Mientras tanto, 1,249 compañías fabrican cada año ocho millones de fusiles, pistolas y explosivos en 92 países. Dicho de otra manera, cada minuto existen 15 armas nuevas en el orbe. Ante esto, Mafalda diría otra vez “¡Paren al mundo, que yo me bajo!”.

La ley vigente en México señala que a cada persona le es posible adquirir hasta dos armas cortas, cuyos precios varían entre 5 mil y 12 mil pesos. El permiso para manejarlas cuesta poco más de cien pesos.

La reflexión final podríamos basarla en las siguientes dos cuestiones: ¿cuántas armas se necesitan para organizar un segundo levantamiento en México?, así mismo, ¿existen las condiciones políticas, económicas y sociales para que ello suceda?

Yo sólo sé una cosa, que cuando falta dinero en el bolsillo y el hambre empieza a causar estragos, se puede esperar lo peor. En tales condiciones, al individuo le importa cada vez menos arriesgar su vida para sobrevivir. Paradójico, ¿verdad?
Durante décadas hemos sido testigos de este caldo de cultivo. En circunstancias como esta, una arma se convierte en la peor consejera. Ojalá que no sea por mucho tiempo.