No hay voluntad política

Manuel Padilla Muñoz.

A Heriberto Domínguez Aguilera, entrañable amigo y uno de mis maestros de periodismo en La Opinión (q.e.p.d.).

El trágico caso del Casino Royale, de Monterrey, Nuevo León, con su saldo de 52 muertos, fue un acto terrorífico, no terrorista, como mal lo interpreta el Presidente espurio Felipe Calderón, nos deja varias líneas de enseñanza: la primera, que cuando existe voluntad política, todo se puede lograr. Por su naturaleza de difusión internacional, el caso del Royale debería ser solucionado en las primeras horas. Y así fue. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, bien entendió que si no resolvía el problema tendría que abandonar el cargo. Fuertemente presionado tuvo voluntad política y lo hizo. Seguro estoy que sin esa presión internacional, las muertes de 52 personas quedarían impunes, como miles de casos en México.

Y segunda: que, desgraciadamente, como siempre sucede en nuestro país, después de las tragedias, surge la corrupción e impunidad, el mayor de los males de nuestro querido país. La corrupción e impunidad de que hasta ahora nos damos cuenta pública en Monterrey es apenas la millonésima parte de la puntita del iceberg de la corrupción.

En Coahuila, específicamente en Torreón, no hay voluntad política para resolver los casos de crímenes arteros perpetrados por el crimen organizado. Los casos como las masacres de El Ferris, Las Juanas, el del estadio Territorio Santos Modelo -cuyo video dio la vuelta al mundo- y muchísimos más, nunca serán resueltos porque nuestros funcionarios y políticos coahuilenses, de todos los niveles, no tienen la voluntad política para resolverlos.

No los han resuelto ni los resolverán por dos factores: uno, por su notoria incapacidad y dos, porque son parte del crimen organizado. Este concepto de “crimen organizado” considera dos vertientes: la primera, los criminales, los delincuentes y sus sicarios que llevan a cabo las acciones delictivas y, la segunda, que corresponde al concepto de “organizado”, comprende a los funcionaros gubernamentales -presidentes de la República, ministros de la Suprema Corte, Jueces, ministerios públicos, gobernadores, alcaldes, policías- que proporcionan impunidad a esos delincuentes para seguir operando. Los miles de casos irresolutos en México, refuerza la teoría de que el crimen organizado es la cara oscura del gobierno.

Y no sólo les pagamos exorbitantes salarios a esos funcionarios cuya responsabilidad es de proporcionarnos seguridad a nuestras vidas, a las de nuestras familias y nuestros bienes, sino que les permitimos, con toda la impunidad del mundo, realizar sucios negocios a la sombra del poder para enriquecerse asquerosamente. Me refiero a la mayoría de los funcionarios surgidos tanto del PRI como del PAN y hasta del PRD que, cada sexenio, trienio y cuatrienio, producen nuevas camadas de millonarios que disfrutan de impunidad sabedores de que somos un pueblo castrado, y ni con una deuda pública en Coahuila inédita, de más de 33 mil millones de pesos, protestamos. En una verdadera democracia estos serían momentos en que los ciudadanos de Coahuila salieran a las calles a exigir transparencia en la forma en que se aplicaron esos miles de millones de pesos de que ahora disfrutan esos malos mexicanos.

Estamos jodidos todos ustedes, menos yo, como diría mi entrañable amigo Don Abraham Jaik Villarreal.

Incómodos.- Así como en México hay hermanos y parientes incómodos, en la actual administración municipal de Torreón también los hay y hasta “amigos incómodos”. ¿Quiénes son estos personajes? Visto que no tengo permiso ilegal concedido por algún secretario de gobernación para realizar apuestas ni relaciones políticas para obtener impunidad, como muchos dueños de casinos, no puedo someter esta interrogante al juego de azar por lo que dejó todo a la imaginación de los torreonenses anticipándoles que de aquellos que sospecha, esos son.

Increible.- La comisión de seguridad pública del cabildo de Torreón autorizó 650 mil pesos mensuales para costear a los escoltas de Adelaido Flores Díaz, el director de la DSPM, que por cierto son puros ex militares y se han convertido en un peligro para la ciudadanía, pues como militares no respetan los derechos humanos de los torreonenses.

Ya que tocamos el tema, tanto el gobernador como el alcalde de Torreón han perdido la facultad de designar al director de la policía preventiva, lo que recae ahora en el mal llamado “mando único”, que no es otro más que el general jefe de la XI Zona Militar. Lo hemos dicho hasta la saciedad, la mente de los militares está hecha para la guerra, para las armas como argumento, nunca para tratar con los ciudadanos. Parodiando a Adela Micha al entrevistar a Ninel Conde, a los militares no “les gira la neurona” más que para la violencia.

Deuda pública.- El gobierno del estado dijo que, de los 33 mil millones de pesos de la deuda del estado, inédita en la historia de nuestra entidad, el 20 por ciento se aplicó en obras en La Laguna, es decir, ¡66 mil millones! Los laguneros esperamos que nos digan, puente por puente, cuánto costaron y el número exacto de obras que según ellos realizaron porque el nuevo Hospital General no está terminado, el paso a desnivel del sector alianza, igual, la Gran Plaza y el edificio nuevo de la presidencia, desfasado por más de un año y así, la lista es interminable.

Inseguridad.- La Laguna ya no puede esperar. La iniciativa privada está pidiendo al presidentito guerrero, Felipe Calderón, que venga a La Laguna y nos explique por qué los ciudadanos ponemos los muertos en su guerra. ¿Por qué a otras ciudades sí y a la Laguna no?, es la pregunta. En realidad, Calderón ni ningún otro Presidente podrá detener el flujo de droga a los Estados Unidos porque los norteame- ricanos la necesitan. Si alguien pone, o trata de ponerle, un dique a dicho flujo, lo único que provoca es una guerra interna de los carteles de la droga, como está sucediendo actualmente.