Por un constitucionalismo
social y democrático

Luis Fernando Hernández González.
La historia de la humanidad no se podría comprender sin el análisis de las fórmulas primigenias que le dan sentido a la organización misma de la sociedad, éstas apreciaciones tienen sus inicios en la Grecia antigua con las aportaciones de Solón y Clístenes, en Atenas y Licurgo en donde se sentarían las bases de la polis, la Eklesía y el Bulé.

En Roma las clases sociales estaban compuestas por patricios, clientes, plebeyos y esclavos, sitio en donde se le daba un lugar privilegiado a la familia y a la sangre en cuanto a su descendencia para configurar la presencia de actores dentro de la misma sociedad. De igual forma en Inglaterra Guillermo el conquistador (1066-1087) instituye lo que seria el primer estado en Europa, creando la Curia Regis compuesta por consejeros para ayudar a gobernar.
Por otra parte Enrique II promulga las Ordenanzas de Clarendón en 1164 definiendo la preeminencia real sobre la jurisdicción eclesiástica; creándose posteriormente lo que seria el parlamento inglés en 1245-1485, para desde esta institución controlar los nombramientos oficiales de la Corona y los gastos económicos generados por la autoridad.

Otros ejemplos que debemos de considerar para entender la madurez de la sociedad en el mundo, los tenemos con la toma de la Bastilla en Francia en 1789 y la separación de las autoridades monárquicas; el surgimiento del enciclopedismo con sus apotegmas de Libertad, Igualdad y Fraternidad dentro de la sociedad; la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica; así como la reforma política inglesa de 1867 que viene a disminuir la intensidad del debate político y la alternancia como vía de democratización monárquica, alentando el voto secreto y la demarcación de circunscripciones electorales, para el logro de una mayor legitimación parlamentaria.

Para quienes estudian los comportamientos del constitucionalismo mexicano, fundamentan sus aportaciones sobre el cotejo de criterios que tienen un sentido absolutamente jurídico partiendo de la premisa cardinal del derecho positivo, para de esta manera examinar los distintos momentos en los cuales se han ido modificando las conductas constitucionales de nuestro pueblo, su indagatoria parte de la Constitución de Cádiz en 1813 en donde las Provincias Internas de la Corona española buscan un sitio de dignidad frente a una monarquía absolutista.

Los estudiosos pasan después a examinar los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán del Generalísimo Morelos, en donde como bien se sabe se plasman de manera significativa los derechos de autonomía, independencia y libertad como nación, además de que la fuerza primordial de soberanía dimana esencialmente del pueblo; estableciendo apreciaciones sobre derechos humanos, religiosos, de propiedad y de libertad. Siguiendo posteriormente con la primera Constitución de 1824 para distinguir nuestra división de poderes y la concreción de nuestro Estado-Nación de orden federalista.

Para continuar con la primera reforma liberal de orden constitucional de don Valentín Gómez Farias, que como lo entendemos es la que prohíbe al clero regular y secular, tratar asuntos políticos; creando la educación pública del estado y suprimiendo la coacción civil para el pago del diezmo, hechos sucedidos en 1833-1834.

La exhibición de las Leyes de Reforma de 1852-1857 con la separación definitiva de criterios religiosos y la creación del estado civil y laico en todos los distintos ordenamientos sociales de mandato público y gubernamental, vienen a poner en un sitio apartado a los razonamientos conservadores que deseaban bajo diversas formas hacer sentir sus fueros en una sociedad que buscaba superarlos, particularmente referente a las ventajas de religiosos y militares, tal situación habría de tener una notable repercusión en nuestra formación como sociedad madura, a la vez que creadora de instituciones civiles.

Estas etapas primarias de formación histórica darían pie para consolidar los espacios de lucha social y energía creadora, al ser los medios impulsores naturales de nuestra herencia formativa por la justicia, equidad y organización democrática que demandaba la sociedad mexicana, elementos que se manifestarían ante la dictadura porfiriana y que habrían de culminar con el Constituyente de 1917 y la promulgación de nuestra Carta Magna, pieza de interés substancial en donde se norman las condiciones de entendimiento social, económico, jurídico, administrativo y político de nuestro pueblo y sus instituciones.

Al ser la Constitución la que da sustento a las garantías individuales, que son los derechos humanos de toda persona; a los principios dinámicos de una mayor y mejor participación democrática en sus distintos aspectos y órdenes de autoridad; a los apartados concernientes a las cauciones patrimoniales de que dispone la nación en el subsuelo, plataforma marina y espacio aéreo, elementos referentes a nuestro territorio nacional.

Recordemos como parte importante de esta remembranza de lucidez social y organizativa de nuestra sociedad aquellos razonamientos esenciales que convergen para su creación, en donde participan las más variadas reflexiones de orden ideológico, social y cultural, lo mismo aquellos que pretenden un apego a la constitución liberal producto de la reforma juarista; como así también las que buscan aportaciones renovadoras que plantean un ajuste descriptivo de las normas con modificaciones y adiciones; agregando a esto las aportaciones emanadas de lo radicales e independentistas que formularon posicionamientos esenciales para hacer de ella la Primera Constitución Social del Siglo XX, al resumirse en el Constituyente las apreciaciones y problemas del pueblo que dejó sentir su voz en los obreros, mineros, campesinos, abogados, ingenieros, médicos, maestros normalistas, militares y periodistas, manifestándose a través de cada uno de ellos, las palabras del pueblo y sus más sentidas demandas de ordenación integral.

Para algunos estudiosos del derecho como Miguel Carbonell, el estado constitucional como herramienta para la calidad democrática, debe necesariamente suscribir elementos que comprendan el derecho de renta, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la imagen, el derecho al honor, el derecho de réplica, la iniciativa ciudadana, el plebiscito de consulta, el referendo social, al mismo tiempo reencauzar la cooperación entre poderes de la unión y los niveles de gobierno, para encauzar las medidas de urgencia que el país requiera sobre todo aquellos que propicien la reconducción en materia presupuestal y políticas públicas, mismas que den solvencia a los problemas y necesidades de la población; transparencia y evaluación en la aplicación de los recursos gubernamentales; el uso apropiado de los recursos no renovables; al considerar de igual manera la necesidad de pasar de un federalismo cooperativo a un federalismo asimétrico, en donde las facultades de los poderes locales estén determinadas por su capacidad económica y su fortaleza administrativa.

Para el logro de una respuesta acorde a nuestro tiempo en materia constitucional, es indispensable generar una traslación al estudio que amplíe aquellos criterios que dan origen a la norma primaria y que pueda resultar inoperante en nuestros días, para así poder innovarlos con la misma fuerza coherente que amalgame a esos grandes propósitos que reclama la sociedad de nuestro tiempo en los diversos contextos de una colectividad globalizada y moderna.

Situación que habrá de generar ordenamientos sociales efectivos, sensibles y dinámicos, que es lo que la sociedad mexicana espera como aportación moderna para la conquista de espacios y oportunidades de la población en general. Y que sólo conllevan a un liberalismo social en nuestra constitución, en donde prevalezca la corresponsabilidad, la democracia participativa y la politización general de toda la sociedad

Escuchemos las voces de alerta que se expresan a lo largo y ancho de nuestro país, antes de caer al estado fallido y pérdida de rumbo como actualmente se aprecia en la impericia de la autoridad federal. En donde millones de mexicanos sufren las fatales consecuencias de un mal gobierno.