Ley del 6 de enero

Alfredo Velázquez Valle.

          La revolución que aquejó a México en los inicios del siglo XX tuvo como motivación primaria la pobreza y marginación de la gran mayoría de una población eminentemente campesina.

          Agrícola es el vocablo que sintetiza lo que históricamente había sido el país: un pueblo no industrializado, diseminado en un paisaje accidentado e incomunicado y productor de maíz; gramínea que desde tiempos prehispánicos había representado la base gastronómica de los diversos pueblos asentados en la antigua Mesoamérica.

          Agrícola también refiere a una formación económico-social que prevaleció al menos desde la época colonial y que basaba la vida misma de la sociedad en la propiedad privada de grandes extensiones de tierra cultivable en pocas manos, que dueñas de descomunales centros productivos llamados “haciendas” vivían en una insultante riqueza a costa del desgaste brutal de brazos campesinos que esclavizados soportaban las “circunstancias” de una marginación y atraso apenas creíble.

          Estas condiciones insufribles de vida habían llegado a un punto extremo de intolerancia que, apenas iniciado el siglo XX, hicieron estallar y pulverizar los antiquísimos lazos de explotación que imperaban en el país. Iniciaba la primera revolución social del siglo cuyo movimiento apuntaba hacia una transformación sustancial de un país profundamente desigual y de grandes injusticias.

         Era diciembre de 1914 y los ejércitos campesinos de Francisco Villa y Emiliano Zapata habían tomado la capital de la República. Incontenible, el movimiento popular llegaba al cenit de su poder militar y los ejércitos que pretendían hacer prevalecer privilegios y demandas de grupos y sectores sociales antes privilegiados se hallaban en situación desesperada en el puerto de Veracruz, acorralados y sin esperanza tangible de revertir la marea revolucionaria.

          En efecto, el Ejército Constitucionalista, cuyo primer jefe era Venustiano Carranza (antiguo senador porfirista) maniobraba con dificultad por revertir dicha avalancha campesina y tratar de colocarse por encima del movimiento para controlarlo y manipularlo a beneficio propio.

          Esto no podría lograrse sin antes atraerse a sectores importantes de masas campesinas que bajo la bandera del Plan de Ayala tomaban posesión de tierras allí donde las armas les permitían expropiar haciendas y repartir sus terrenos en forma de propiedad comunal.

          Por ello, aunado al combate militar que el constitucionalismo llevó a cabo contra los ejércitos campesinos de Zapata  y Villa se llevó a cabo una ofensiva jurídico ideológica contra el Plan de Ayala que proclamaba la restitución a los pueblos de sus tierras expropiadas por hacendados y la posesión de las mismas a partir del hecho de que quién la trabajara sería su dueño, es decir, el campesino.

          Esta ofensiva del carrancismo por hacerse de un ropaje agrarista que le diera credibilidad a su movimiento de cara al obrero agrícola obedecía no a la buena voluntad del mismo de dotar verdaderamente a los pueblos de México de tierras aptas para el cultivo. No, solamente había una profunda necesidad de identificar a este sector reaccionario con lo que la revolución hecha por los de abajo pretendía: el reparto de la tierra.

         Existía también, y en no menor importancia, el imperativo de atraerse el apoyo de todo un sector del campesinado mexicano y neutralizar a otro, acelerando así el debilitamiento de la base social campesina de Villa y dejando circunscrita la influencia zapatista -cuyas leyes agrarias eran mucho más profundas pero se apoyaban en armas que no rebasaban los marcos legales- al estado de Morelos y pequeñas regiones vecinas.

        Este es el contexto dentro del cual surge la Ley del 6 de enero de 1915 promulgada por Venustiano Carranza y elaborada por el Licenciado Luis Cabrera, quién ya desde 1912 señalaba la necesidad de dotar de tierras a las clases marginadas para acabar con la violencia generada por la revolución y procurar el mínimo de bienestar económico de los desposeídos campesinos.

         Adolfo Gilly, autor de “La Revolución Interrumpida” señala que dicha Ley agraria pretendía, en última instancia y a diferencia de la propuesta zapatista de un reparto comunal y directo de terrenos: “fomentar la pequeña propiedad y el desarrollo de una capa de campesinos acomodados que sirviera de sostén social a la naciente burguesía urbana.”

         En efecto, las limitaciones y regionalismo del Plan de Ayala aunado al cada vez más evidente declive del impulso revolucionario popular, permitió que Carranza lograra hacer prevalecer los intereses de los sectores más conservadores del movimiento revolucionario, y así poder dar efectividad a los postulados de la Ley del 6 de enero que en la práctica sólo resolvió de manera muy parcial y por encima los graves problemas del agro mexicano que  siguieron latentes como antes de 1910.

          Es más, dicha Ley resultó ser instrumento por medio del cual la oficialidad, funcionarios y políticos carrancistas, logró hacerse de grandes extensiones de tierras a la manera de los latifundios porfiristas, logrando con el tiempo convertirse en la nueva clase poseedora o burguesía nacional y que fueron ellos, en última instancia, los “nuevos ricos revolucionarios”, los beneficiarios más directos de la “reforma agraria” del seis de enero del ‘15.

        Sin embargo, con todo y el resultado negativo que dicha Ley resultó ser para las demandas campesinas, ésta representó un avance en cuanto que significó el reconocimiento por parte del Estado de la necesidad que los obreros campesinos tenían de atención a sus condiciones de vida.

        Efectivamente, constituyó el primer precedente histórico legal y oficial por realizar un amplio reparto agrario, y en ello residió su importancia.

          Por otra parte, si bien la época posrevolucionaria representó una etapa de bonanza campesina que fue más allá del mero reparto agrario (el Estado creó infraestructura productiva, intervino los precios, operó la estacionalidad de la oferta, subsidió la producción, etc.) lo cierto es que para mediados de la década de los 80´s las descalificaciones desde la cúpula político-empresarial para el sector agrícola, en especial los campesinos, fueron incrementándose basados en la “improductividad” de los mismos y su “incapacidad” de incluirse en las nuevas formas de producción demandadas por la modernidad neoliberal. 

         Todo ello aunado al embate que el T.L.C.A.N. representó para una economía nacional que jamás logró sacar ventajas de un “libre comercio” donde las mercancías manufacturadas del norte no tuvieron rival en un mercado subdesarrollado con un pueblo sumido en el atraso y la pobreza, cuya única riqueza ha sido su fuerza de trabajo, la mercancía más devaluada de todas las que circulan en el mercado capitalista.

         Actualmente las condiciones en las cuales sobreviven los habitantes del campo mexicano dista mucho de haber mejorado con respecto a decenios anteriores e incluso hay estudiosos que han llegado a comparar la calidad de vida de los campesinos de hoy con la que padecían sus ascendientes durante el porfiriato.

        Al respecto, en marzo de 2010 señalaba el Lic. Ricardo García Villalobos, Presidente del Tribunal Supremo Agrario, que: “en los últimos años se abandonaron las políticas de subsidios, crédito, asistencia técnica, abasto, apoyo a la comercialización de productos agrícolas, todo lo cual ha abonado en profundizar la crisis productiva del sector rural.”

          Por último, en septiembre de 2010 las estadísticas marcaban que un cincuenta por ciento de la población campesina del país se encontraba por debajo de los niveles de pobreza tolerable: es decir, estaban en condiciones de vida nada diferenciables al nivel de subsistencia de los habitantes de las comunidades empobrecidas del África subsahariana.

          Como punto final hemos de decir que, al igual que los Batallones Rojos integrados por obreros, los grupos campesinos fueron usados y/o engañados con el señuelo de una supuesta ley agraria con el único fin de sofocar un movimiento de masas revolucionarias, que iniciado en noviembre de 1910 no llegaría a finalizar con la pretendida justicia social para quienes le habían dado vida.

           Los campesinos, al igual que el movimiento obrero, nunca vieron cumplir los anhelos por los cuales inundaron de sangre los surcos del campo mexicano.