Saltillo por más endeudamiento

Alejandro Robledo Flores.

    El pasado 27 de diciembre algunos medios de comunicación de Coahuila informaron que los diputados locales, en la última sesión de la 58 legislatura, habían autorizado el endeudamiento a 18 municipios por más de 441 millones de pesos. La solicitud de endeudamiento de Saltillo era la más importante, por su monto de 170.6 millones de pesos y por la insistencia del alcalde Jericó Abramo Masso para que fuera autorizada.

    Pero lo que parecía ser una nueva agresión de los diputados a la ciudadanía, fue un engaño. Según Abramo Masso, el Congreso saliente no autorizó para que a Saltillo se le endeudara con 170 millones de pesos, el Congreso sólo “previó” que en las leyes de ingresos municipales se contemplara la separación de 440 millones de pesos para destinarlos al pago de posibles créditos que cada ciudad adquiriera. Ante esto, el alcalde de Saltillo insistió que se aprobara el crédito, esta vez a la nueva legislatura (la 59) recién instalada.

    La insistencia de Abramo Masso para que se autorice el crédito es inoportuna e irresponsable. Se trata de adquirir más deuda pública en momentos que existe un escándalo por la deuda estatal, que tiene en una situación delicada a las finanzas estatales y en un proceso jurídico a varios funcionarios, exfuncionarios y políticos del Estado.

    También porque, según la Auditoria Superior del Estado (ASE), Saltillo tiene un pasivo de 195 millones de pesos que el alcalde trató de justificar como “factoraje” o facturas a proveedores, pero que la ASE reporta como deuda pública. Además, el órgano fiscalizador hizo observaciones al ayuntamiento porque no se han comprobado más de 89 millones de pesos y por el alto gasto en servicios personales.

    La solicitud del alcalde para adquirir deuda va acompañada con el “ultimátum” de que no habrá obra si no se aprueba, y con la enumeración de obras a las cuales pretende destinar el crédito: la construcción del Biblioparque Norte, la sustitución de luminarias, y el cofinanciamiento de una línea de conducción para el agua tratada.

    El Biblioparque Norte se había anunciado como una obra “única e histórica”, se concursó, y apareció en la propaganda como una acción ejemplar, el detalle es que no estaba presupuestado y no se sabe cómo se pagará. El proyecto a veces se publicita como forma de combatir la delincuencia, eso sería real si formara parte de un plan integral para prevenir el delito. Pero no hay un Plan Municipal de Seguridad y Prevención del Delito, sólo improvisación en ese delicado tema.

    El caso de la línea de conducción del agua tratada se ve más enredado; según el alcalde pretende adquirir deuda para cofinanciar con 26 millones de pesos esta obra, pero además de eso, a partir de este año a través de Agsal se va a cobrar -en el recibo del agua- un cargo extra por saneamiento a todos los saltillenses, cargo que varía del 10 al 35% según el consumo.

    El tema del tratamiento del agua es integral: saneamiento, aprovechamiento y conducción. Pero en el caso de Agsal no queda del todo claro, pues la opacidad en el contrato de creación de la empresa no permite a los saltillenses saber bajo que condiciones exactas se vendió un bien que es propiedad de la comunidad, cuando éste se semiprivatizó en 2001. En esa operación, el alcalde Jericó Abramo votó a favor de la venta siendo regidor en la gestión de Óscar Pimentel.

    Las deficiencias ocasionadas por la improvisación y la falta de planeación los pretenden resolver adquiriendo deuda. Si no hay dinero para esas obras, como dice el alcalde de la ciudad, entonces los ciudadanos merecemos saber qué se hará, en qué se gastará, por qué no se utiliza para esas obras parte de los 1,670 millones de pesos que constituyen el presupuesto del ayuntamiento en este año.

    Con el hueco argumento de “cuando alguien compra una casa se endeuda”, algunos funcionarios han pretendido justificar las deudas que adquieren a nombre de todos, soslayando que “cuando alguien se endeuda para comprar una casa” paga la deuda con dinero propio, no de los demás, en el caso de los gobernantes con el dinero de la sociedad.

    Esa visión patrimonialista de los funcionarios que se creen dueños del dinero público es la que tiene a incontables ciudades, estados y países al borde del colapso financiero.

    Algunos ayuntamientos aprovechándose de las figuras de “deuda a corto plazo” y “deuda de proveedores” se endeudan sin autorización poniendo en riesgo sus finanzas. En el caso de Coahuila, los ayuntamientos de Saltillo y Ramos Arizpe son los que tienen el más alto endeudamiento, según la ASE, misma que hace algunas semanas advirtió que se tenía que modificar el artículo 9 de la Ley de Deuda para impedir que los municipios contrataran créditos a corto plazo (hasta por 360 días).

     Y es que las deudas de los ayuntamientos del país representan un riesgo social por la delicada situación financiera en la que se encuentran al menos la mitad de los 2,439 municipios, que están al borde del colapso pues enfrentan problemas para pagar sus nóminas y para costear la operación de los servicios básicos.

    A las deudas de los municipios se suman las de los Estados, de alrededor de 358 mil millones, y la escandalosa deuda federal, que aumentó exponencialmente en este sexenio para sumar ya 5 billones de pesos. Volviéndose un problema nacional.

    En el caso de Coahuila le toca a la nueva legislatura no autorizar más deuda a ninguna entidad de gobierno, y a la sociedad le corresponde exigir que no se endeuden; considerando que un gran endeudamiento a largo plazo reduce las posibilidades de desarrollo afectando directamente a los ciudadanos, contribuye a la desigualdad y a la marginación, afecta la competitividad y hace más grande la brecha entre los sectores socio-económicos; pero sobre todo, compromete el desarrollo de las futuras generaciones…