La Laguna en estado policial

Manuel Padilla Muñoz.

El alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, ha ordenado, obedeciendo órdenes del gobierno estatal, realizar “operativos” de decomiso de vehículos sin placas, que son miles en esta ciudad, para obligarlos a pagar adeudos por tenencia -que Rubén Moreira prometió eliminar y no fue cierto, por lo tanto, es un mentiroso-, placas y licencia de conducir, en los momentos en que la crisis económica causa serios estragos a las familias que tienen necesidad de usar sus vehículos para sostener a su familia.

Por este concepto, el estado espera ingresar 600 millones de pesos más 900 del ISN, que le urgen para pagar los intereses, ¡solamente los intereses!, de la megadeuda que nos dejó la anterior administración de 35 mil millones de pesos. De paso, con este terrorismo recaudatorio, nos lanza al mar de la corrupción de los agentes de sus fuerzas de seguridad.

Sufrimos el embate del crimen organizado que asesina, cobra impuestos (derecho de piso o cuota), secuestra y se ha apoderado de las calles de la ciudad al grado de dictar las normas de conducta social, a qué horas podemos circular en las calles, a cuáles podemos o no ir y hasta los lugares que podemos frecuentar.

Por otra parte, padecemos el terrorismo del gobierno estatal y municipal, agentes de vialidad, policías preventivos municipales y estatales, los federales y, para colmo, ahora los mal llamados policías metropolitanos que irónicamente nuestros políticos llaman policía acreditable y confiable.

Nadie con dos neuronas en su cerebro se traga este título. ¿Alguna vez, en los más de 102 años de creado el municipio, la ciudadanía ha confiado en su policía preventiva? Nunca. Menos ahora. ¿Quién determina que es acreditable, es decir que tiene crédito de confianza? Debería ser la ciudadanía a quien supuestamente debe servir. Pero no es así.

Esta especie de terrorismo recaudatorio, al que tratan de justificar como una medida para luchar contra la ola de inseguridad, está siendo utilizado por los elementos de cuerpos de seguridad mencionados para llevar a cabo “retenes” -por cierto ilegales pues en México desde hace tiempo fueron suprimidos-, no para protegernos del crimen organizado sino para extorsionar a automovilistas que cometen el “delito” de no tener dinero para pagar al estado. La mina de oro de la corrupción.

En realidad, estos malos servidores públicos son los “ganones” con esta amenaza de decomiso de nuestros vehículos. Mientras los agentes de las fuerzas de seguridad se deleitan extorsionando a los conductores, los del crimen organizado se pasean por toda la ciudad en vehículos de lujo robados y armados a la vista de todos y nunca son detenidos. Como ejemplo, el sábado 18 de enero, en un sólo día, hubo 9 muertos; los criminales fueron perseguidos a balazos por los policías pero “lograron escaparse”. Si, como no.

Para colmo, hace unos días nace la mal llamada “policía metropolitana” y horas después iniciaron nuevos retenes para extorsionar a conductores. En cambio a un simple ciudadano que no tenga para pagar tenencia y placas, en menos de 10 minutos lo detienen algunos de los policías. ¡Y todavía les pagamos a estos malos servidores públicos!

Por acosar con terrorismo recaudatorio a los automovilistas, el municipio de Torreón recibirá, de parte del gobierno del estado, un porcentaje de lo recaudado a fuerzas.

Ahora en Torreón, no solamente hay que cuidarse de los del crimen organizado sino de los agentes de todos los cuerpos de seguridad pública que tienen patente de corzo para extorsionar a conductores infractores: por falta de placas o licencia de conducir, el “moche” es de entre 50 y 100 pesos por cada infracción mientras que el estado de ebriedad lo arregla con más mil pesos. Y es que los policías tienen que “apoquinar” el tequilú a sus superiores. Una mina de oro. La interrogante es: ¿sabrá esto el alcalde? ¿O es cómplice por omisión?

Estábamos mejor cuando estábamos peor Reza acertadamente el refrán popular. Mientras en Coahuila el gobernador Rubén Moreira, mediante una moderna iniciativa del ley buscar controlar la venta excesiva de cerveza y licor, una de las principales causas de la ola de inseguridad que padecemos, el tesorero municipal de Torreón, Pablo Chávez Rossique, en otro de sus afanes recaudatorios, vendió, sin permiso del Cabildo, 19 licencias para venta de estos productos etílicos a un grupo de farmacias y a una cadena de supermercados. Es decir, lo hizo en lo oscurito, sin que nadie se enterara.

La anterior administración panista nunca autorizó la venta de cerveza y licor en las farmacias, fueron más conscientes. El tesorero, en cambio, quiere que corra el vino a raudales para que nuestros jóvenes se embrutezcan y cometan todo tipo de delitos.

Por esa “venta”, el municipio tuvo un ingreso de 5.5 millones de pesos que servirán para pagar los sueldos -que son muy altos- de la alta burocracia, “asesores” y “aviadores” de la administración municipal. Con esto se ve que de todo está echando mano el Municipio para allegarse recursos, pero ni así logra nivelar el fuerte pasivo que enfrenta.

Con la venta de estas licencias de alcoholes sin permiso, el Ayuntamiento no sólo violó reglamentos sino también “un acuerdo con el Estado que regula la venta de alcoholes en el Municipio y que se aprobó por unanimidad en diciembre”.

Pese a que se lleva un ingreso superior a los 50 millones de pesos de pago del Impuesto Predial, la situación hizo crisis pues no solamente se le vencieron los pagos al municipio del convenio con CFE, y también con PASA, y ahora los 30 millones que le reclama el Sindicato de Trabajadores Municipales por el desfalco a Pensiones.

De acuerdo con las cuentas públicas, al 31 de diciembre el Municipio tiene un adeudo de 71.6 millones de pesos a proveedores; 21.8 millones a contratistas registrados; 11.6 millones a prestadores de servicios; 30 millones a Pensiones; tres meses de aportaciones al Fideicomiso de Seguridad Pública, que por esa causa no tiene para darle mantenimiento a las patrullas, y 27 millones que le adeuda a CFE y 25 millones a PASA.