Primero nosotros, luego nosotros

José María Mena Rentería.

En abierta complicidad la bancada del PRI en el Congreso de la Unión -recientemente- “cerró” filas en torno al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés para evitar sea investigado por irregularidades en la deuda pública de la entidad -de más de 36 mil millones de pesos-.

Los integrantes de esa bancada aceptaron solamente una indagatoria al ex titular de finanzas, Javier Villarreal, prófugo de la justicia en México y en los Estados Unidos, país, donde el ex funcionario aludido es investigado desde el año de 2010 por “invertir” cientos de miles de dólares tras saquear, según ha trascendido, las arcas del gobierno de Coahuila, falsificar documentos y otras “lindezas” que remiten a la condición de párvulos a los 40 ladrones de Alí Babá.

No se requiere de agudeza mental para establecer que un solo hombre, en este caso Javier Villarreal, haya actuado en solitario. Imposible que un funcionario, por sí solo, pueda hacer y deshacer y sobre todo mover apócrifamente enormes sumas de dinero público sin contar con el disimulo de otros que ocultos bajo el digno ropaje de funcionarios públicos dedicados estuvieron a roer sin freno ni medida los recursos de Coahuila.

Todos, amantes de lo ajeno con “solidarios”, al igual que los integrantes de la bancada mencionada, en el Palacio Rosa de la capital del estado. Probidad es que un funcionario público, como lo fuera el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, hubiese dejado en claro, si así fue, qué aplicación tuvieron 36 mil millones de pesos.

Tal posibilidad que se aleja conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque tal aclaración no es posible, y porque el “adalid” del “gobierno de la gente” ha mantenido una cerrazón que perjudica la imagen del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, debido, según los enterados, a que parte sustancial del dinero público arrebatado a Coahuila fue para apuntalar la campaña electoral del que afirma: “Sé cumplir”.

Diputados y senadores del PAN fueron los que presentaron el punto de acuerdo para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR), determinar si hay o no responsabilidad de Humberto Moreira Valdés, demanda rechazada “a capa y espada” por los miembros de la bancada del PRI.

Definitivamente, un caso insólito de ésos que solamente suelen configurarse en México. País “puntero” en términos de desigualdad social, donde la clase “política” se enriquece hasta la tercera o cuarta generación, en tanto para sobrevivir hacen lo que pueden más de 50 millones de mexicanos situados en el fondo del abismo de una pobreza inducida por “gobernantes” que a la ciudadanía ubican, con su desempeño de señores feudales, a la altura del betún de los zapatos.

En tanto no se demuestre lo contrario, hacia el “adalid” del “gobierno de la gente” estarán dirigidos los señalamientos sobre los hechos que le son adjudicados simple y sencillamente porque él estaba al timón de la nave que finalmente no tuvo piloto capaz de evitar que encallase en los arrecifes de una corrupción practicada por quienes sostienen: “Primero nosotros, luego nosotros y después, nosotros”.