Mis sexenios (65)


José Guadalupe Robledo Guerrero.

Tercera y última etapa del sexenio montemayorista

En agosto de 1998, a 16 meses de terminar el sexenio montemayorista y a ocho de elegir al candidato gubernamental, recordé en uno de mis escritos periodísticos la pugna que había entre Enrique Martínez y Rogelio Montemayor, señalando que se había originado cuando RMS no quiso dejarle a EMM la coordinación de la bancada priista en la Cámara de Diputados.

Mi comentario anunciaba de alguna manera que Rogelio estaba haciendo todo lo posible para evitar que Enrique fuera su sucesor, tal como sucedió al final de su sexenio cuando quiso imponer a Jesús María Ramón como candidato gubernamental, aunque desde el principio de su gobierno había lanzado como precandidato a sucederlo a Melchor de los Santos Ordoñez, pero el apático senador coahuilense nunca estuvo a la altura de los planes montemayoristas, por eso con mucho tiempo de anticipación estimuló al otro senador, al empresario trailero Francisco Dávila Rodríguez, para que se autodestapara como aspirante a la gubernatura.

Montemayor también utilizó al periódico Zócalo para que destapara como precandidatos a Carlos Juaristi Septién y a Óscar Pimentel González, pero éstos eran precandidatos de relleno, y tenían sólo una intención: debilitar las posibilidades de Enrique Martínez, y de paso anular totalmente en Coahuila a Humberto Roque Villanueva, quien seguía asustando con el petate del muerto.

Por su parte Martínez y Martínez hizo todo por ser candidato a gobernador, no sólo cabildeaba en el despacho presidencial a través de Liébano Sáenz, también quiso que se olvidara el pleito entre él y Montemayor, y a través de sus lacayos hizo correr el rumor de que se iría por el PRD si no conseguía la candidatura del PRI.

Luego, cuando un reportero le preguntó sobre el rumor de que si el PRI no lo hacía su candidato, buscaría la gubernatura por el PRD, Enrique Martínez lo desmintió, declarando que no buscaría ser gobernador por otro partido, porque según él, ya estaba claro el consenso de que la selección del candidato priista se haría en forma democrática. EMM mostraba su confianza en la democracia, aún cuando todos sus cargos públicos los había obtenido por dedazo.

Montemayor temía que Martínez le sacará a la luz pública toda la enorme corrupción que instauró durante nueve años (incluyendo los tres de Sedesol) en Coahuila. Pero eso no sucedió, y según se sabe, a cambio de que el gobierno montemayorista pagara su campaña política, EMM guardó silencio sobre las corruptelas de Montemayor y su séquito de lacayos. Fue tan eficaz el acuerdo entre el que se iba y el que llegaba, que “la pareja gubernamental” (Montemayor y su esposa) salió a la calle a hacer propaganda a favor de Enrique Martínez, con gorra y un atuendo adecuado para la ocasión. Es claro que la dignidad no es asunto de los políticos. Ya no eran tiempos de rumores tendenciosos ni chistes denigrantes, chismes mentiroso, sino de unidad en torno al candidato priista, que sería el siguiente gobernador.

Pero volvamos al asunto de mi comentario periodístico: Sin pérdida de tiempo, Martínez y Martínez respondió a través de una locutora de televisión, desmintiendo el conflicto entre él y “El Señor Gobernador” que yo había señalado. Como por arte de magia, EMM quería que se olvidara ese pleito, que se olvidaran todos los rumores, chismes, chistes y acusaciones que se hicieron desde las catacumbas, pues se acercaban los tiempos de la sucesión, y el gobernador también tenía voz para opinar sobre los precandidatos a sucederlo.

De todos modos, ambos se seguían dando patadas por debajo de la mesa. Finalmente los políticos priistas son de los mismos. No tienen compostura y son irredentos. Nunca dejarán de ser simuladores, demagogos y de doble moral.
Por ese tiempo, otro de estos priistas: Óscar Pimentel González, entonces secretario de Educación Pública, declaró -sin sonrojarse- que tenía a sus hijos en escuelas privadas para que no le quitaran oportunidades de estudio a los hijos de las familias de escasos recursos. Pinches farsantes.

Tiempo después, en plena lucha por obtener la candidatura gubernamental, el ahora innombrable Humberto Moreira Valdés, fue destituido del Instituto de Educación para Adultos por orden de Montemayor y por sugerencia de Óscar Pimentel, debido a que le estaba jugando las contras al gobernador, pues en lugar de apoyar al precandidato oficial, Jesús María Ramón, HMV se había definido por Enrique Martínez.

Óscar Pimentel también apoyaba a Enrique Martínez, eso me lo confío en mi oficina en uno de esos agitados días, pero Óscar no quería competencia, por eso intrigó en contra de Humberto, pues además creía que si las cosas se ponían difíciles, él podría ser el tercero en discordia.

Finalmente cuando Martínez y Martínez llegó a la gubernatura, le pagó a Óscar Pimentel con la Presidencia Municipal de Saltillo y a Humberto Moreira con la Secretaría de Educación Pública, luego le dio la Alcaldía saltillense, y al final de su sexenio lo hizo candidato a gobernador. Pero al inicio de su campaña nacieron los odios que hasta la fecha subsisten entre los Martínez y los Moreira. ¿O también eso lo va a negar EMM?

Pero hay que señalar que estos pleitos aldeanos nunca han pasado del complot en lo oscurito, de los rumores, de los chismes, de los chistes y de las acusaciones en las catacumbas. Quizás por eso, las desavenencias políticas de aquella época están presentes hasta la fecha. Son polvos de aquellos lodos.

Lo cierto es que desde el sexenio de Eliseo Mendoza Berrueto hasta el de Rubén Moreira Valdez, cada uno de los gobernadores ha tenido pleito con su sucesor, pero eso no ha influido para que salgan a la luz pública las corruptelas de cada uno de ellos, los acuerdos en las recámaras del poder han logrado mantener el silencio en el Palacio Rosa, a fin de privilegiar la “institucionalidad”. A final de cuentas, el dinero que se han robado es de los coahuilenses.

Lo cierto es que la pugna por la gubernatura estaba protagonizada en su mayoría por millonarios que querían ser gobernadores: Enrique Martínez, Jesús María Ramón, Alejandro Gutiérrez y Braulio Fernández son los ricos herederos de sus exitosos padres. Tres de estos aspirantes gubernamentales son parientes de ex gobernadores: Alejandro es sobrino de un ex gobernador, Jesús María es nieto de otro ex mandatario, y Braulio es hijo de uno más que gobernó Coahuila. Por su parte, Francisco Dávila es un magnate del transporte público federal, Carlos Juaristi es un rico empresario de la comunicación. Sólo Óscar Pimentel provenía de la clase media, pero ya era un político rico.

En el PAN sucedía lo mismo, sus dos cartas: Rosendo Villarreal y Manuel López, además de ricos, pertenecían a la familia de los caciques locales, los dueños del GIS.

Quizás por estas condiciones, en la política coahuilense prevalecen los nombres de los juniors de los caciques políticos y de las familias millonarias, que desde hace décadas han controlado no sólo la política, sino la economía, la iglesia y el casino, en otras palabras son propietarios de la cancha, la pelota y del árbrito.

A decir verdad, Humberto Moreira terminó momentáneamente con este “destino manifiesto” de Coahuila, con los resultados que todos conoce- mos.

En esa época cercana a la selección de los candidatos gubernamentales, Coahuila fue centro de atención de los columnistas defeños que con sus escritos ayudaron a contaminar aún más el viciado ambiente político que había surgido luego de casi cinco años de montemayorismo.

Como muestra, uno de estos columnistas, Ángel Ontiveros del periodico Ovaciones, señaló que la fortuna de la familia de Jesús María Ramón provenía de la Segunda Guerra Mundial, cuando proveían a la base militar de Del Río, Texas, de drogas, prostitución e información, e insistió en que Jesús María era el candidato de Montemayor.

De Alejandro Gutiérrez señaló que en los 70s aprovechó ser sobrino del gobernador para amasar una fortuna con la que suple su escasa capacidad intelectual. En el caso de Braulio Fernán- dez, afirmó que su problema era el alcoholismo que lo ha alejado por temporadas de la política.

También habló mal de Montemayor y su gobierno, pero al resto de los precandidatos del PRI y del PAN los trató bien, por eso se creyó que la información que manejó este columnista se la proporcionaron o Enrique Martínez o Rosendo Villarreal, o ambos, que para el caso es lo mismo.

También se decía que el Presidente Ernesto Zedillo le había concertacesionado el gobierno coahuilense al PAN, a cambio de su apoyo para sacar adelante el Fobaproa, que se sigue considerando el robo más grande que ha sufrido México por los bancos agiotistas en complicidad de los voraces sectores pudientes.

Y como posibles beneficiarios de ese acuerdo cupular, señalaban a Rosendo Villarrreal y Manuel López, finalmente ambos había llegado a la Presidencia Municipal de Saltillo por la vía de la concertacesión. Por eso no era descartable el comentario.

Por su parte, los enriquistas desbocados señalaban que “A Enrique se la debían”, como si los coahuilenses hubiéran contraido una deuda para hacer realidad su aspiración de gobernar Coahuila. Los cortesanos insistían que EMM llegaría a la gubernatura “por el PRI o por el PRD”, incluso le apodaron “El Ricardo Monreal de Coahuila”, aquel priista que abandonó su partido para hacer uno más a la medida: el PRD.

Aseguraban también que “Enrique podía ganar la gubernatura sin el PRI”, pues con los miles que habían asistido a su fiesta de cumpleaños obtendría el triunfo. Los panegiristas nunca se pusieron de acuerdo en la cantidad de personas que habían asistido, pero lo dejaron en unos cuantos miles que no rebasaron los cinco mil. Se les olvidaba que el padrón electoral de Coahuila era en ese entonces de más de un millón. Pero no hay por qué preocuparse, los cortesanos no piensan.

Para enero de 1999, a un par de meses antes de seleccionar al candidato priista, los mismos enriquistas que triunfalistamente habían señalado que EMM no necesitaba al PRI para ganar la gubernatura, acusaban a Jesús María Ramón de tener ventaja por ser el candidato del gobernador.

Por su parte los montemayorista insistían que el gobernador no estaba metiendo las manos en el proceso para elegir al candidato priista, que todo era una mala percepción de los enriquistas. Montemayor ordenaba negar lo que era evidente. Lo cierto es que Montemayor no metería las manos, pues nunca las había sacado. En México la mentira, el engaño y la demagogia son constantes en boca de los políticos, quienes se pelean en público y se concilían en las recámaras del poder.

Sin embargo, no sólo los priistas son mentirosos y demagogos, los panistas no cantan mal las rancheras en estos menesteres. Manuel López, por ejemplo, declaró por esos días que él no se lanzaría para la gubernatura, pero esta vez el alcalde panista no pudo engañar a nadie. La reacción de los medios fue casi unánime: “Ya no le creemos”. La mentira había sido una constante en la vida pública de Manuel.

Tres años antes, cuando los reporteros le preguntaron si se lanzaría como alcalde, dijo que no. Luego mintió cuando negó que su familia sería la beneficiaria de la concesión para el tratamiento de las aguas residuales de Saltillo. Pero cuando se lo comprobaron, lo aceptó diciendo que la concesión la habían conseguido sus parientes en la administración de Miguel Arizpe Jiménez.

A dos años de su “gobierno” municipal, el alcalde panista estaba catalogado como inútil, ignorante y mentiroso. Por eso para esa fecha gastaba cinco millones del presupuesto municipal en los medios de comunicación para que le hicieran una buena imagen.

Para entonces, tanto Manuel López como su tío Rosendo Villarreal acusaban que los gobiernos priistas en la entidad habían sido “Corruptos, ineficientes e injustos con la sociedad”, por eso -según ellos- debía haber un cambio de partido en el gobierno, las mismas jaladas que siguen manejando ahora.

Pero casualmente esos gobierno priistas coinciden con el desarrollo, prosperidad y enriquecimiento del Grupo Industrial Saltillo y sus propietarios. El PRI fortalece a los millonarios y empobrece a los ciudadanos comunes y corrientes.

Otro tema también revelador, es que a la mitad de su “gobierno”, los saltillenses estaban seguros que el panista del Grupo Industrial Saltillo Manuel López Villarreal, utilizaba la policía municipal para recaudar dinero y no para realizar sus labores de prevención de delitos.

Según el informe semestral que había rendido la dirección de Ingresos de la Tesorería del ayuntamiento de Saltillo, de enero a junio de 1998, la policía municipal había realizado 13,401 detenciones, de las cuales el 35 por ciento (4,687) correspondían a multas por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.

Además, esa policía recaudatoria (no preventiva) detuvo a 766 saltillenses por manejar alcoholizados, a 284 en posesión de enervantes y a 1,173 con sustancias tóxicas. Todas estas detenciones sumaron 6,910, es decir el 52 por ciento de los detenidos. En síntesis, en el primer semestre de 1998, Manuel López Villarreal recaudó por multas 585,535 pesos según sus contadores.

Por esos días un grupo de agentes de la PGR llegó a Coahuila para investigar lo relacionado con el contrabando de armas que se realizó durante el periodo que estuvo al frente de la Procuraduría estatal, Humberto Medina Ainslie (a) “El Chucky”, pero ese tráfico no se terminó con su renuncia como Procurador. Las fronteras coahuilenses de Piedras Negras y Acuña estaban abiertas para pasar todo lo que se les ocurriera.

Por otra parte, para desmentir al secretario de Educación Pública, Óscar Pimentel, quien había declarado que en la SEP coahuilense no había “aviadores”, desde el interior de la misma dependencia se filtró la información de que el casateniente y notario público Álvaro Morales Rodríguez tenía 20 años de “aviador” en la nómina de la Sepec, y que este desvergonzado ricachón estaba pidiendo que le completaran el tiempo completo para jubilarse.

(Continuará).
La última etapa del sexenio montemayorista...