Instituciones judiciales;
“apretar o cambiar tuercas”

Juan Martínez Veloz.

De la noche a la mañana, en unos días, casi como un “efecto dominó” varias instituciones que tienen que ver con la impartición de justicia en México entraron en crisis de credibilidad.

La primera fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez generó una gran polémica en la clase política y en el foro de abogados. La tesis central de la sentencia se basó en que no se respeto la garantía “el debido proceso legal” para la ciudadana gala no convenció a nadie.

Lo real es que literalmente “el debido proceso legal” como tal, con ese nombre no existe en la Constitución mexicana, lo que consta es la llamada doctrinalmente “garantía de audiencia” en el artículo 14 constitucional de herencia española. Ignacio Burgoa; Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo; Porrúa, México 2003, pp. 53-57 y Juventino V. Castro; Garantías y Amparo, Porrúa, México, 2004, pp. 253-272.

Los ministros “agringados” aplicaron un concepto que viene del derecho estadounidense (Enmienda Quinta a la Constitución expedida en 1789) y que es un macro concepto, es decir, las garantías de seguridad jurídica son varias, algunas son generales a todos los procedimientos judiciales y administrativos y otras son especificas a la materia penal y se encuentran establecidas en diversos artículos de la Constitución (arts. 1 al 29) y complementariamente en tratados internacionales.

Pudiera ser que en el juicio natural que se le siguió a la francesa para determinar su responsabilidad penal se violentaron alguna o algunas de esas sub garantías lo que habría lugar a reponer el procedimiento y dictar una nueva sentencia sobre el fondo del asunto para valorar la responsabilidad de la procesada, pero no para liberarla simple y llanamente.

Tampoco se vio bien que la magistrada ponente cambiara la posición original de su proyecto y se sumara al de sus otros dos compañeros. En todo caso faltó una reunión previa interna para madurar el sentido de un proyecto de mayoría y los correspondientes votos particulares.

Otra institución que entró en crisis es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Con motivo de la elección de su presidente los integrantes se acusaron públicamente en T.V. de cuestiones que más bien parecieran cosas personales.

Lo real es que el nivel de sus integrantes actuales del IFAI deja mucho que desear como especialistas en la materia. Es un campo de trabajo más bien para abogados que politólogos o comunicadores pues en el fondo se resuelven conflictos, expedientes y se realizan interpretaciones de la Constitución y la ley de la materia.

No convencen los actuales integrantes como expertos en el tema. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la División de Estudios de Posgrado en Derecho hay excelentes investigadores para las propuestas que vienen. Creemos que en el sexenio anterior del ex presidente Felipe Calderón se abuso en algunos casos del “amiguismo” en ciertos cargos como el IFAI.

Tampoco estaría mal que los actuales integrantes hicieran un ejercicio de auto reflexión y si no cumplen con el perfil renunciaran y dieran paso a una nueva institución con más credibilidad. De no ser así el Poder Constituyente de la Nación tiene todo el poder soberano para hacer una reforma constitucional en la materia con efecto retroactivo como sucedió con el IFE en 2007.

Igualmente, el Instituto Federal Electoral (IFE) entro en crisis. La “supuesta renuncia” del consejero Sergio García Ramírez le mete ruido a un organismo que después del proceso electoral debería estar tranquilo.

En un órgano colegiado es difícil que la responsabilidad de uno no arrastre a los demás colegiados. Es más razonable que se queden todos o se marchen todos los integrantes, salvo los casos fuerza mayor y el relevo escalonado de Consejeros que prevé la Constitución.

La honorable Cámara de Diputados debe valorar el caso y aceptar o no la renuncia (en caso de ser presentada por escrito) buscando también mantener el equilibro político y la autonomía del IFE.

Estamos iniciando el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto. Los actores importantes ya lanzaron sus primeros mensajes al nuevo Presidente. Tal vez haya que hacer ajustes al Gabinete para ganar interlocución. Los colaboradores que no puedan ganar o mantener ese diálogo se pueden ir de cónsules o embajadores.