El último golpe de la tambora

José María Mena Rentería.

Sea cual fuere la determinación que el gobierno federal haya tomado durante la última semana de enero próximo pasado para determinar el volumen de agua a extraer del vaso de la presa Lázaro Cárdenas para irrigación agrícola en La Laguna, de Coahuila y Durango, nada permite omitir que su campesinado conforma un segmento social olvidado.

“Somos el último golpe de la tambora”, suelen decir ejidatarios como los que en el presente claman para que la Comisión Nacional del Agua, (CNA), haga entrega, durante el ciclo agrícola 2013, de 800 millones de metros cúbicos de agua rodada, de por sí insuficientes como para que dichos productores puedan albergar esperanzas de rentabilidad derivada de la producción de algodonero.

A menor volumen de agua rodada, mayor perjuicio para miles de familias del medio rural cuya subsistencia, año con año, depende en buena parte de los jornales generados por la siembra, cultivo y cosecha de fibra blanca en municipios como los de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias.

Así, no mantener la superficie laborable rutinariamente trabajada conduce invariablemente a la miseria que tiene su mejor escenario en cientos de comunidades rurales donde estrechez y necesidad son amargo pan de cada día para familias inexistentes para los tres niveles de gobierno. Para constatar tal regresión basta con recorrerlas para percatarse del cinismo oficial imperante.

Hasta recientemente, el argumento de la CNA para limitar la extracción de agua del vaso de la presa Lázaro Cárdenas era su escaso almacenamiento. Por otra parte, que en dicho vaso debe dejarse un volumen adecuado de líquido para no poner en riesgo su infraestructura, algo que sin duda es necesario.

Bien, si de agua no hay disponibilidad, es el gobierno federal el que debe apoyar a productores agrícolas como los mencionados con programas de trabajo emergentes suficientes y oportunos, y llegado el caso, con subsidios que a la familia campesina permitan sortear las procelosas aguas de tiempos difíciles.

¿Y de dónde saldrían los recursos necesarios? Eso es algo que, diría el extinto actor Arturo de Córdova, no tiene la menor importancia dado que Coahuila es una entidad “obsequiada” por el penúltimo inquilino del despacho principal del Palacio Rosa, con una mega-deuda de 36 mil millones de pesos, más intereses, que cada coahuilense, hombre, mujer o niño, deberá pagar, durante 20 años o más, sin deberla ni temerla, al son de 7 mil 500 pesos mientras el gobernante en turno declara que el de la mega deuda, “ya no es tema”.

Otro filón para implementar los recursos que necesitan co nacionales como los campesinos mencionados puede derivar de la reducción de sueldos a funcionarios de alto nivel; gobernadores, senadores y diputados enemigos declarados del destete de las ubres de un erario público dedicado mayormente a pagar emolumentos faraónicos a los que ni por asomo puede adjudicarse sensibilidad social. Si la tuvieran México sería otro y no el país al que mantienen anclado, empecinados todos ellos en vivir del presupuesto como los que a montones pululan en dependencias públicas de todo nivel mientras disfrutan de prerrogativas en tanto hay conciudadanos cuya única petición es contar con disponibilidad de agua para trabajar la tierra.

Por lo que acontece, el presidente Enrique Peña Nieto tiene, en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, el mejor escenario para dejar ver -y sentir- que su gobierno, como ha afirmado una y otra vez, pugna por un México mejor. Su intervención en el caso, es necesaria. Se trata de evitar que en lo social marginación y miseria extrema proliferen.

Otro golpe de tambora

“Braceros” -mayormente campesinos- durante los años 40 y 60 del siglo pasado trabajaron en los Estados Unidos de Norteamérica. Allá, la parte patronal les retuvo, como ahorro, un 10 por ciento de su ingreso para que a través del gobierno mexicano les fuese entregado al término de su etapa laboral.

Más de medio siglo ha transcurrido y tal meta no ha sido alcanzada, es decir que aquellos braceros, o sus descendientes, no han recibido los ahorros de abuelos, la mayoría extintos, como los que laboraron en tierras del Tío Sam.

En el presente, quienes mantienen el empeño de recibir ahorros que el gobierno jamás debió retener, citados son en dependencias como las de atención ciudadana a nivel municipal únicamente para que el Vía Crucis que flageló a sus mayores mantenga su “vigencia” para -en el más optimista de los casos- llegar a recibir, no aquellos ahorros, sino lo que en el ámbito gubernamental se determinó entregarles…católicamente, es decir, “cuando Dios quiera”.
Detallito nunca mencionado es que el gobierno recibió 10 dólares por “bracero” contratado.