Derechos humanos; agenda pendiente

Juan Martínez Veloz

El marcado interés que se observa en la actualidad en nuestro país por lograr un mayor grado de respeto a los derechos humanos (derechos fundamentales de la persona) es producto a nuestro juicio de tres factores:

*Una presión internacional de protesta contra el alto índice de violaciones a los derechos fundamentales que ha registrado nuestro país por algunos años.

*Una madurez cívica de amplios sectores de la sociedad mexicana que ha comenzado a ser consciente de sus derechos principales.

*La voluntad política del Estado mexicano por perfeccionar los mecanismos e instituciones jurídicas protectoras de los derechos humanos, creándose para ello, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como las comisiones estaduales de la materia.

Coincido con la opinión de Norberto Bobbio, en relación al estado actual de la problemática actual de los derechos fundamentales: “El problema que se nos presenta, en efecto, no es filosófico, sino jurídico y, en sentido mas amplio, político. No se trata de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cual es su naturaleza y fundamento, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados” (“Presente y Porvenir de los Derechos Humanos” citado en Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, Debate, Madrid, 1984).

No obstante a los avances institucionales logrados hasta hoy aún existen grandes desafíos para la sociedad mexicana a fin de lograr una plena vigencia de los derechos fundamentales, sobre todo en los siguientes aspectos:

* Hacer posible la vigencia de los derechos sociales (al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la cultura, al deporte) mediante programas de bienestar que permitan eliminar la marginación social en la cual se encuentran aún amplios sectores de la sociedad mexicana.

En este contexto el programa contra el hambre de la SEDESOL debe apoyarse pero estar muy clara la idea de que es subsidiario, es decir, compensar parcialmente a la sociedad que el Estado mexicano no puede cumplir con el artículo 123 constitucional, derecho al trabajo.

* Ampliar la vigencia de los derechos fundamentales (en lo que proceda) y una cultura de respeto a la dignidad humana al interior de organismos no estatales (escuelas, sindicatos, partidos políticos, familia).
* Reforzar el apoyo a los programas institucionales en coordinación eficaz y no paternalista con las organizaciones no gubernamentales destinados a la defensa de los derechos de grupos específicos de la población; los niños y las niñas, derechos de la mujer, victimas del delito, discapacitados, el retrasado mental, personas con VIH, entre otros.

* Ampliar el contenido de los derechos políticos de los ciudadanos hacia nuevas formas de democracia como el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana legislativa.

Ya existen leyes en muchos estados de la república en esta materia y recientemente se aprobaron a nivel federal (falta reglamentarlas y voluntad política para aplicarlas adecuadamente).

* Profesionalizar el servicio público de policía, creando para ello quizás una sola corporación nacional altamente capacitada y establecer protocolos de actuación al realizar sus operativos.

* Hacer del Ministerio Público (PGR) un órgano constitucional autónomo con independencia y garantías jurídicas para el logro de sus objetivos y que su titular sea de preferencia un abogado de carrera.

*Avanzar en un código penal modelo que pueda servir de guía en los Estados para la elaboración de los tipos y las garantías penales más relevantes incluirlas en la Constitución (como hasta ahora se ha hecho desde 1917).

* Reorganizar el sistema penitenciario nacional.

* Profesionalizar las comisiones de derechos humanos en los Estados y el D.F.

En diversos foros frecuentemente se propone por parte de analistas, servidores públicos y dirigentes sociales de la necesidad de impulsar una cultura mexicana por los derechos humanos, con el objetivo de que tales derechos formen parte no sólo de los ordenamientos jurídicos que los consagran, sino de las actitudes cotidianas de los ciudadanos y funcionarios públicos.

En este sentido creemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las respectivas en los estados deben redoblar sus esfuerzos en la capacitación de servidores públicos y en la organización de maestrías, doctorados y diplomados en la materia.