Legalizar la ilegalidad

Samuel Cepeda Tovar.

Alarmante, preocupante y hasta temible resulta ser cuando el Estado es rebasado por movimientos ciudadanos, bandas justicieras o cualquier agrupación que transgreda el llamado Estado de derecho bajo cualquier circunstancia por el hecho de aducir ineficiencia gubernamental de cualquier índole.

Y es que resulta intolerable y absurdo que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en el Estado de Guerrero haya firmado un acuerdo para iniciar un procedimiento de “reconocimiento” y “regulación” de los grupos ciudadanos rebeldes denominados autodefensas, quienes irrumpieron y han tomado justicia por su propia mano ante la inseguridad que el Estado mexicano no ha podido controlar.

Es decir, busca otorgarles identidad jurídica a estas autodefensas para que sus actos ya no se encuentren al margen de la ley, sino en comparsa de la misma. Idea que en lo personal me parece absurda, pues si esa es la forma de solucionar problemas, hace mucho que el gobierno federal debió haber legalizado al EZLN, al ERPI, al EPR, etc., etc., como extensiones de nuestras fuerzas armadas para evitar que sus actos maniobraran fuera de los cauces legales.

Ahora resulta que a estos grupos de rebeldes se les capacitará en derechos humanos y estrategias de protección, lo cual raya en la ridiculez, pues si las corporaciones policiacas con años de experiencia y capacitación no son capaces de ofrecer dichas prerrogativas a los ciudadanos que supuestamente cuidan, no sé qué podemos esperar de corporaciones policiacas ciudadanas improvisadas.

Sorprende el grado de estulticia de nuestra clase gobernante y las medidas simplonas con las que intentan resolver los problemas, pues en virtud de no poder controlar los movimientos sociales belicosos ahora se optará por legalizarlos. Soy un convencido y fiero defensor de la participación ciudadana, no obstante, la misma debe ser siempre encauzada en normas y preceptos constitucionales bien definidos y claros, estribados en un andamiaje legal completo y sólido que permita que dicha participación sea efectiva, no obstante, la idea de ciudadanizar la violencia y la justicia me parece sumamente riesgoso para el resto de la sociedad y un mal ejemplo para el resto del país, pues no tardarán en aparecer más grupos de autodefensas exigiendo su legalización para de esa manera regularizar sus actos ignominiosos.

Si lo que se busca es un sistema de justicia comunitaria, nada más hay que voltear a naciones como Singapur y observar detenidamente el modelo de policía comunitario y entender porque ese país tiene la policía más segura del mundo. De lo contrario, legalizar la ilegalidad, es tratar de apagar fuego con gasolina.