Implicaciones políticas y económicas
de las reformas hacendaria y energética

Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

La reformas hacendaria y energética pretendidas por el gobierno federal son por mucho las reformas más trascendentes del paquete de reformas previstas para el sexenio. Es evidente que los términos en los que se desarrollen y aprueben serán determinantes para el devenir económico y social del país en los próximos años. Sin embargo, existen unas relaciones políticas y económicas entre ambas que no saltan a la vista de inmediato y que vale la pena analizar.

Antes de abordar estas relaciones, es importante analizar brevemente el contenido y las reacciones suscitadas en torno a la reforma hacendaria.

Tal como se presentó el pasado 8 de septiembre ante el Congreso, la reforma fiscal ha despertado todo tipo de críticas: desde la derecha y desde la izquierda, tanto de los sectores empresariales, como de los jóvenes y la clase media. Como suele ocurrir con las propuestas que buscan una posición moderada, no satisfacen ni a unos ni a otros, y quien las propone suele quedarse sólo en el medio.

Por un lado, los empresarios han manifestado su descontento desde un inicio. Las cúpulas empresariales, principalmente el CCE (Consejo Coordinador Empresarial), han criticado la propuesta con el argumento de siempre: si se afectan los intereses de los empresarios, se reducirá la fuerza de la economía y se desalienta la creación de empleos.

Por el otro, algunos sectores de la izquierda adoptan la posición más cómoda: ante una propuesta con cierta sensibilidad social, dan un paso más a la izquierda y cuestionan de manera vaga, frecuentemente sin precisar puntos específicos ni ahondar en detalles.

En términos generales, la reforma hacendaria presentada por el ejecutivo tiene varios puntos positivos que sería mezquino no mencionar. Para empezar, el hecho de que no se haya generalizado el IVA a alimentos y medicinas (ello habría dejado en la pobreza a unos cinco millones de mexicanos que están en la frontera de la precariedad) ni que se pretendiera aumentarlo, fue una gran sorpresa. Aún más cuando todo indicaba que ante las presiones de los organismos empresariales internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la OCDE que recomendaban estas medidas, la reforma se inclinaría en esa dirección.

Pero más allá de cierto contenido social que hay que reconocer en la reforma, existen algunos puntos cuestionables: la desaparición de los Repecos (régimen de pequeños contribuyentes) que podría agravar aún más el severo problema de informalidad de los pequeños negocios, el impuesto a las colegiaturas (aunque todo parece indicar que no pasará), la falta de un compromiso por la austeridad en el gasto gubernamental y la falta de mecanismos institucionalizados de transparencia que permitan a la sociedad observar cómo y en qué se estarán gastando estos nuevos ingresos para el Estado (500 mil millones adicionales aproximadamente).

Pero el punto más importante es el que nos remite a la reforma energética: ¿cómo se va a financiar el seguro de desempleo y la pensión para adultos mayores (contenidos en la reforma hacendaria)? Si se aprueba la reforma energética, gran parte de los ingresos de gobierno federal se verían reducidos (los ingresos petroleros representan casi el 40% de los ingresos de la federación) y los ingresos adicionales de la reforma hacendaria no serían suficientes para compensar la pérdida. La única respuesta posible en esas circunstancias parece ser la deuda.

Paradójicamente, este contenido social de la reforma hacendaria parece plantearse como implícitamente condicionado a la aprobación de la reforma estelar de Peña Nieto: la reforma energética. Esta incongruencia entre el contenido de una y otra reforma hace que si se aprueba la energética, la hacendaria sea prácticamente inoperante.

Esto da pie a pensar en la función política de la primera. Ante el creciente descontento generado en torno al gobierno de Peña Nieto, las enormes manifestaciones de la CNTE y otros grupos que se les han unido en la capital, la propuesta hacendaria presentada por el ejecutivo parece ser más una respuesta política a corto plazo, orientada a legitimar al presidente y a impulsar la reforma energética, que una estrategia económica y social viable a largo plazo.

Los beneficios sociales planteados en la reforma hacendaria son un deber que el estado mexicano debe cumplir. Sin embargo el paquete completo de reformas no es congruente con ello, y hace pensar que una vez pasada la reforma energética, la insuficiencia de los ingresos del gobierno obligaría a una de dos opciones: revertir estos beneficios o endeudar al gobierno.