El negocio de matar mineros

Arturo Rodríguez García.

El 25 de diciembre, hubo trabajo en un pocito de carbón clandestino cerca de la villa de Barroterán. El patrón, Juan Manuel Lares, le había dicho a sus cuadrillas que no se presentaran hasta enero, pero cambió de opinión y llevó a cuatro trabajadores aquel día feriado. Poco antes de terminar el turno, una enorme roca se vino abajo, cubriendo por completo a Javier Alejandro Martínez Álvarez, de 32 años.

La roca golpeó su cabeza y hoy sufre convulsiones. La quijada se le fracturó. Su rostro está cubierto por marcas de costura que no cicatrizan. No puede mover los hombros y tiene todas las vértebras saltadas. El frío del norte, a veces bajo cero, lo hace gritar del dolor en la pierna izquierda, sujeta por cinco clavos que llevará de por vida para mantener su extremidad en su lugar. Javier Alejandro tiene 32 años, esposa y dos hijos pequeños.

Hace siete años, su tío Jesús Álvarez, murió en Pasta de Conchos. Como sucede en esa región, las familias de obreros mueren en la miseria, por accidentes en minas propiedad de otras familias que viven millonarias por el carbón… como Javier Alejandro, empleado de Juan Manuel Lares, en cuyos pocitos han quedado lisiados varios mineros y dos han muerto.

El pasado 19 de febrero, al cumplirse 7 años del derrumbe en el que murieron 65 trabajadores en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos -una mina más tecnificada que los pocitos- el gobierno de Enrique Peña Nieto, informó que haría un peritaje para determinar si es posible recuperar los 63 cuerpos que continúan dentro de la estructura colapsada. Hasta la redacción de estas líneas, no se sabe qué ocurrirá con el caso.

Estadística brutal. Hasta hoy suman unos 150 trabajadores muertos desde Pasta de Conchos, alrededor de la mitad de ellos, en pocitos y minas clandestinas. La cifra es escandalosa, aunque comparada con los muertos por la violencia podría sonar irrisoria pues esa es la cantidad de personas que en algunas regiones del país pueden morir en un mes. Hasta este punto ha llegado la desvalorización de la vida en nuestra sociedad.

Los tentáculos
En marzo de 2006, el obispo Raúl Vera hizo los arreglos para dejarme comiendo al lado del obispo emérito de San Cristobal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García. Viva su leyenda, el hombre imponía con su gesto adusto, su desdén por los aduladores, el visible desagrado por los reporteros que tan frecuentes somos en acudir a lugares comunes. No fue distinto en aquel paraje de San Juan de Sabinas.

¿Qué opina del caso Pasta de Conchos?, se me ocurrió preguntarle.

-No es un caso. Es una situación continua y generalizada de explotación laboral, producto de un sistema concentrador de poder y riqueza. No es un caso, no lo vea como un caso, respondió parco.

Tenía razón. La inmediatez de la noticia hace que los reporteros a veces nos concentremos en aspectos, si bien no triviales, demasiado limitados a condiciones de tiempo, modo y lugar, perdiendo de vista la panorámica de un problema, la visión amplia para identificar que un hecho se inserta en el espectro amplio de un sistema que, para el caso, se trata de un modelo productivo letal, solpado por los tres órdenes de gobierno y aprovechado por unos cuantos caciques regionales cuyas fortunas se han incrementado a costa de la vida y la salud de miles de hombres sin mejor opción que trabajar en sus socavones.

Es cierto que la minería entraña riesgos, en especial la del carbón. Pero hay de riesgos a riesgos: científica y técnicamente, no existe posibilidad de que un tiro vertical o “pocito”, sea seguro.

Hasta la reforma laboral aprobada en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón, los intereses que giraban en torno al carbón coahuilense parecían constreñirse a una elite de potentados locales, inmersos en la vida política coahuilense o visceversa.

Pero no. Los tentáculos llegan a las altas esferas de la política nacional, con tanto poder que una mano invisible pudo alterar subrepticiamente un dictamen legislativo y lograr su aprobación para lograr la conservación del sistema.

El 28 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral, que en el artículo 373-A de la Ley Federal del Trabajo, contemplaba la prohibición de los pocitos. El párrafo de la prohibición fue mutilado durante su envío al Senado, donde los grupos parlamentarios desoyeron los reclamos por el borrón. Tal vez en otro país, el asunto hubiera generado un escándalo y aun una crisis constitucional… tal vez en otro país, resultaría escandaloso que existan minas de carbón similares a las que utilizaban los nazis para explotar judíos. Aquí no.

Por la conservación de un sistema, las disputas políticas son intrascendentes: en la Cámara de Diputados, el acérrimo enemigo de los hermanos Moreira, Manlio Fabio Beltrones, tiene como asesor a Alejandro Gutiérrez (cercano a Alonso Ancira), otrora socio del efímero crítico del clan Moreira, Armando Guadiana Tijerina (carbonero), aliado en su momento con otro legislador de origen panista, Guillermo Anaya (con reciente interés en la región).

Para entonces, el gobernador Rubén Moreira, había rechazado que los pocitos fueran cerrados en el corto o mediano plazo.

El sistema
Investigadora de las redes de poder económico en Nuevo León y sus impactos en la historia laboral, Lylia Palacios me dijo un día que, el gran problema de Nuevo León es que la institución nucleadora de la sociedad era la empresa.

Estoy convencido de que esa conclusion puede hacerse extensiva a muchas sociedades norteñas, cuyo objetivo aspiracional es el Texas de principios del siglo XX. Es decir, un capitalismo indiscriminado, que niega valor a la vida y al medio ambiente.

Esa reflexión, se manifiesta en la lógica prevaleciente tanto en sociedad como en empresa y gobierno. Por ejemplo:

La cultura de la protesta, expresión legítima de la sociedad civil, libertad fundamental garantizada en todo dogma constitucional del estado moderno, es despreciada, desprestigiada y, en última instancia, criminalizada.

Es el caso del acoso, la manipulación clietelar y la inaccesibilidad a la jusiticia para las viudas y familiares de los mineros muertos.

La vida, la salud, la conservación ambiental o la justicia, ocupan un lugar secundario frente al desarrollo y crecimiento económico.

De ahí que el argumento de gobierno y caciques sea que, los pocitos deben existir porque de lo contrario habría un impacto económico regional y sólo así se pueden conservar fuentes de empleo, aun cuando éste carece la mayoría de las veces de seguridad social, es precario, mal pagado y mortal.

Un ejemplo más: hay libertades que se cancelan o se usan contra sí mismas, sea por conveniencia, compra de conciencias o por idisioncrasia servil.

Es el caso de las opiniones vertidas, muchas veces verdaderas calumnias o mentiras, en medios de comunicación contra aquellos que se atreven a reclamar por la situación de explotación o a legitimar decisiones cupulares que derivan en muerte, sea por venta de consciencia o de manera oficiosa.

Y también es el caso de la manipulación de la fe, en aras del perdón, la reconciliación y la paz, como lo ha expresado el obispo de Piedras Negras, Alonso Garza.

El 4 de mayo de 2011, en Sabinas, un pocito propiedad de Binsa, cuya concesión es de Jesús María Montemayor, cuyo hijo es el alcalde, explotó y mató 14 mineros y dejó mutilado a uno más.

El sobreviviente mutilado era menor de edad, poniendo de manifiesto una vez más, el trabajo infantil en las minas.

Una escena a la que ya estamos habituados: en las inmediaciones del llano, la estructura colapsada, un politico (entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón), anuncia la muerte de los mineros. Hombres rudos que lloran la muerte de un hijo, un hermano o un amigo; mujeres en la desesperación, que horas antes despidieron a su esposo y ya nunca lo volverán a ver; huérfanos que intentan comprender.

El llanto de una de las mujeres es notable. Clama a Dios por arrebatarle a su esposo. De pronto, Patricia Garza, madre del alcalde Jesús María, grita con autoridad a una madre desconsolada:

- ¡Callate! los hijos son prestados y Dios sabe porque hace las cosas.

Binsa es propiedad de Luis González Garza y Melchor González Vélez, alias “Chorín”, dos conocidos jóvenes de familias adineradas de la región. Sin embargo, la concesión minera está a nombre de José Luis González Garza, padre de “Chorín” y Jesús María Montemayor, padre del alcalde, esposo de Patricia Garza.

Los hombres del sistema
Hasta ahora, no hay ningún responsable que haya sufrido demasiado por los accidentes carboneros y la muerte de trabajadores. El maridaje entre negocios y política es evidente: unos transportan carbón (Antonio Nerio); otros los abastecen de insumos (Hugo Martínez); otros tienen concesiones o pocitos (Federico Quintanilla); otros tienen de todo (los hermanos Rogelio, Jesús María y Edilberto Montemayor). En tanto, los gobernantes en turno tienen la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), la paraestatal de coyotaje creada por Enrique Martínez, cuyos recursos fluyen sin saber en qué se gastan.

La opacidad, ausencia de controles y lo ventajoso del negocio ha posibilitado que hasta los narcos tengan pocitos carboneros.

La situación, continua y generalizada es que, además de lo letal que resulta el trabajo en pocitos, hay condiciones indeseables, que no resisten el menor análisis a la luz de perspectiva de cualquier noción garantista.

Los pocitos utilizan a niños de entre 12 y 16 años (la edad internacional de la infancia es hasta 18 años), pues por su estatura y complexión, pueden desempeñase con más agilidad en un pocito que, por lo general, no supera el metro y medio de altura.

En 2009, un accidente en la mina Lulú reveló condiciones equiparables a la esclavitud: los trabajadores dormían ahí sobre cartones, no tenían baños ni comedor, tampoco servicios de enfermería, menos aun transporte ni teléfono para pedir ayuda en casos de emergencia. La mina era del hoy fallecido Salvador Kamar, dueño del periódico La Voz de Monclova y contratista de obra. Siguió produciendo hasta febrero de 2011, cuando otros dos trabajadores murieron.

La cuestión final es ¿a quién beneficia todo esto? Pues bien, hay sólo dos empresas que compran el carbón coahuilense: la paraestatal Comisión Federal de Electricidad y, la privada Altos Hornos de México, aunque esta última niega adquirir carbón de los pocitos. A final de cuentas, una es manejada por politicos y la otra, es producto de una privatización posibilitada por politicos. Así, de principio a fin, quienes se benefician con la situación, son los hombres del sistema.