El problema magisterial


Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

Durante la última semana, hemos visto con asombro las manifestaciones de la CNTE generando caos vial y el descontento de los conductores del Distrito Federal. Eso es lo que nos han informado los principales medios masivos mexicanos, pero nada más. No nos han dicho qué es lo que piden esos “vándalos” que irracionalmente han viajado desde lo lejano de sus comunidades, y de forma igualmente irracional organizaron todo un movimiento; seguramente se tomaron todas esas molestias porque son unos “huevones” y no quieren trabajar, eso ha de ser.

Cuando los medios de comunicación hacen una cobertura tan sesgada sobre un tema, la opinión de la gente, naturalmente tiende a radicalizarse en contra del enemigo público en turno. Hemos visto en las dos televisoras dominantes una y otra vez imágenes de los automovilistas defeños molestos por los contratiempos que los bloqueos de los maestros les han ocasionado, sin embargo estos mismos medios no han dedicado ni la décima parte de ese tiempo para dar a conocer los planteamientos y las demandas de los maestros de la CNTE, o para analizar cómo estos movimientos son el resultado de una problemática compleja que tiene décadas formándose y malformándose al amparo de los gobiernos en turno.

Entonces, hay dos preguntas qué contestar: ¿qué están pidiendo estos maestros “revoltosos”? y ¿cuáles son las raíces del problema magisterial?

En cuanto a la primera pregunta, y como ya lo han señalado algunos analistas, el problema es más una cuestión de derechos laborales de los maestros, que una cuestión estrictamente educativa. La reforma impulsada por el gobierno federal tiene que ver, sobre todo, con crear un sub-apartado al artículo 123 específicamente para los maestros; esto es, un estado de excepción de la ley laboral que afecte a este grupo en específico. Lo que motiva esta modificación legal es la idea de una evaluación que determine la permanencia o no de los maestros en sus plazas.

Pero no nos confundamos, la evaluación (que a todas luces es necesaria para elevar la calidad de la educación), no necesariamente tiene que darse según los criterios ‘recomendados’ desde los organismos empresariales internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, cuyos proyectos educativos apuntan más a la creación de futura mano de obra eficiente, que al desarrollo integral de las capacidades de los niños, y mucho menos al desarrollo de un pensamiento crítico que los haga ciudadanos políticamente activos.

Tampoco es necesario para una buena evaluación vulnerar los derechos de los trabajadores de la educación en forma tan abrupta, y mucho menos que sus efectos se apliquen retroactivamente (como se estarían aplicando pasada la ley secundaria). Llegados a este punto, el lector probablemente se pregunte ¿pero, no es necesario deshacernos de los maestros inútiles e ignorantes que existen en nuestro sistema educativo? (¡y efectivamente existen!). Esto nos lleva a la segunda pregunta que planteamos antes.

Por supuesto que eventualmente tenemos que llegar a deshacernos de todos los maestros que pudieran ser remplazados por otros mejores en nuestras aulas. Sin embargo no podemos llegar a hacer esto de forma justa si no atendemos las causas históricas que han permitido que esos profesores estén hoy insertos en nuestro sistema educativo. Las razones son, ante todo, políticas.

Durante los años de consolidación del régimen priista, una de las acciones más efectivas para mantener el control de la población y crear el aparato electoral del partido, fue la incorporación de grupos sociales y asociaciones laborales dentro de toda una red de estructuras clientelistas dependientes, de una u otra forma, del partido. En este proceso, el gremio magisterial no sólo no fue ajeno, sino que se convirtió en una de las clientelas más importantes del sistema, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se convirtió desde entonces, en una fuerza política que siguió aumentando su poder elección tras elección y gobierno tras gobierno (recordemos cómo, por ejemplo, el apoyo del SNTE fue crucial para el resultado de la elección presidencial de 2006).

Así, el poder político del gremio magisterial ha sido tal que, como es natural, la corrupción ha permeado hasta la última extremidad del sistema educativo mexicano desde hace décadas (destacando la podredumbre del sistema normal para la educación de maestros). Durante todo este tiempo la asignación de plazas y el ascenso en la carrera docente han dependido más de la lealtad y sumisión política, que del grado de profesionalización de los maestros. La sociedad mexicana conoce de sobra esta situación. Y una de las pocas organizaciones que durante años ha tratado de hacer oposición a este aparato político-magisterial centralizado, ha sido justamente la CNTE (y reconocer esto no significa estar de acuerdo con todos los planteamientos de la CNTE).

Cuando se atiende a todo este proceso histórico de la decadencia de la educación en México, salta a la vista lo injusto que es condenar a los que hoy son profesores ineptos, ignorantes, ineficientes; nunca se les dio una preparación suficiente en las escuelas normales, más que para el activismo político. Por supuesto que la meta debe ser que no haya más de estos maestros en nuestras escuelas, pero la depuración debe hacerse progresivamente, por etapas, y sin violentar los derechos de quienes han sido convertidos por el sistema educativo en, a la vez, víctimas y victimarios.