Culpables

Manuel Padilla Muñoz.

El caso Ayotzinapa fue el detonante de la crisis que vive México en la cual todos somos culpables. La diferencia es el grado de responsabilidad que adquirimos. Hay delitos de comisión y de omisión. Analicemos.

Es culpable por omisión el gobierno federal de Enrique Peña Nieto por no haber actuado a tiempo cuando sabía que los dos órdenes de gobierno, estatal y municipal, del estado de Guerrero estaban penetrados por el crimen organizado y, de hecho, era éste el que gobernaba. El procurador de Justicia, como responsable de perseguir los delitos porque fue informado, incluso por el perredista René Bejarano, de la corrupción de algunos alcaldes y debió hacerlo el Cisen para que a su vez lo hiciera saber a su jefe, el presidente Peña Nieto. Los cuerpos de seguridad -policías municipales y estatales- eran, al mismo tiempo, parte del crimen organizado que trabajaban para los cárteles de “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, así como sus jefes. ¿Qué no le informó el Procurador Murillo Karam al presidente de lo que le dio a conocer el perredista René Bejarano?

Peña Nieto cometió el delito de omisión por haber realizado un pronunciamiento del caso once días después de ocurrido, pretendiendo, sin duda alguna, que el asunto se traspapelara en los archi- vos vergonzosos de la indignidad. Afortunadamente no fue así. El caso es que el ejecutivo puede alcanzar hasta el grado de complicidad por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos y 6 muertos en Iguala la noche del 26 de septiembre pasado.

Es responsable el ex gobernador Ángel Aguirre, quien dimitió el 23 de octubre porque no hizo nada cuando había asesinatos conocidos por todos, cometidos por los sicarios de delincuentes y gobernantes; su secretario de salud que fue el principal promotor para que un político-delincuente, José Luis Abarca, llegara a ser alcalde de Iguala. El procurador de justicia de Guerrero porque, a pesar de que debió investigar de oficio esos crímenes, no llevó a cabo las investigaciones de los crímenes de luchadores sociales (Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez y cinco personas más asesinados entre el 30 de mayo y el 1 de junio del 2013 en Iguala) que se oponían al desgobierno municipal perredista que utilizó dinero del narco para su campaña política. Desde entonces, la PGR ya tenía indicios de la responsabilidad de Abarca en esos tres homicidios.

Mayor grado de responsabilidad tienen los dirigentes del Partido de la Revolución Democrá- tica, PRD, que antepusieron sus intereses persona- les y de grupo para proponer como candidato a quien ya sabían -no pueden negarlo ahora- que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, conocidos como la “Pareja Imperial”, formaban parte del crimen organizado de la Banda “Guerreros Unidos” en la que había participado padres y hermanos de ella. El PRI y el PAN por no haber luchado contra esta situación y si lo hicieron fue en forma por demás endeble que muy pronto fue ignorada por la impunidad. Los tres partidos políticos por no haber seleccionado a personas honestas que trabajaran a favor de la ciudadanía y no de los delincuentes.

Actores del caso están ya identificados. Autores intelectuales: José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, lideresa del cártel “Guerreros Unidos”. Autores materiales: el jefe de la policía municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, agentes de la corporación y miembros del cártel “Guerreros Unidos”.

Sin embargo, resulta de importancia capital la detención del “eslabón perdido”, el jefe policiaco Felipe Flores Velázquez. Agentes policiacos detenidos aseguran que recibieron órdenes por radio de parte de “A5”, como se identificaba al alcalde José Luis Abarca. Lo dijeron pero el argumento fue de oídas pues en realidad la instrucción fue al jefe de la policía directamente. De ahí la importancia de que el llamado “eslabón perdido”, Felipe Flores, confirme esta declaración porque hasta ahora “la pareja imperial” no ha sido acusada formalmente por la desaparición de los 43 normalistas. También autores materiales los sicarios del cártel de “Guerreros Unidos” que recibieron a los estudiantes.

Existe, por otra parte, algo que puede alterar las investigaciones. En el centro de la vorágine de las investigaciones, el padre Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos y ahora con mayor protagonismo que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, asegura que José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos en Veracruz, estado priista, y llevados a uno gobernado por el PRD, la oposición, la delegación Aztapalapa, en el DF, para no perjudicar al partido de Peña Nieto.

De ser cierta esta aseveración -no se conocen las fuentes de información del sacerdote- el caso tendría similitud con el de la francesa Florence Cassez, la secuestradora que, de una pena de 60 años de prisión, logró su libertad gracias a que la PGR montó un teatro televisivo para su liberación.

Si así fuera, los abogados de “la pareja imperial” podría utilizar el mismo argumento en su defensa para lograr que no los culpen de la muerte de los normalistas. ¿Podría ser? ¿Habrán considerado estos los investigadores de la PGR?

En suma, si queremos que el martirio de los 43 normalistas no sea en vano, lo primero que debe suceder es aplicar todo el peso de la ley a los responsables, de acuerdo a su índice de gravedad, sin impunidad alguna. De inició, el presidente Peña Nieto debe aceptar la responsabilidad del gobierno que encabeza y pedir perdón al pueblo de México y, de inmediato, reinstaurar el estado de derecho. Solamente esto terminaría con la corrupción y la impunidad. Cuando esto suceda se fortalecerán nuestras instituciones y nuestro país podrá iniciar el largo camino de la justicia y la democracia. Pero primero, hagamos justicia a los mártires de Ayotzinapa, luego a los de Tlataya, a los de Allende, Coahuila, y demás miles de desaparecidos forzosamente. ¿Viviremos para verlo?

Preguntas sin respuestas…
... hasta ahora

1.- ¿Si, como declararon los dos sicarios de “Guerreros Unidos”, asesinaron e incineraron los cuerpos de los estudiantes formando una o varias piras humanas -como en la Edad Media a los herejes- cuántos litros de gasolina y diesel utilizaron, de dónde la trajeron, dónde la compraron, cómo la trans- portaron, para una fogata que duró más de 12 horas y con más de 1600 grados centí- grados y nadie se diera cuenta de ello? Se utilizaron muchas llantas, madera, plásticos. Especialistas en termodinámica aseguran que es imposible calcinar en ese lapso a 43 cadáveres.

2.- ¿Por qué, donde mostraron que fue la incineración, no quedaron cenizas en el suelo?

3.- ¿Cuántas personas parti-ciparon en la incineración, recolección de cenizas y limpieza del terreno?

4.- ¿Y, la más importante, de verdad nadie, absolutamente nadie de los habitantes en ese sector se dio cuenta de la movilización y tráfico de vehículos ni siquiera de la imponente fogata que debió haber sido? ¿O tienen miedo de hablar?

5.- ¿Si estuvieran vivos los estudiantes, dónde los po- drían tener presos, sin que nadie se dé cuenta, ni siquiera de algún llamado de auxilio de los jóvenes?

6.- ¿Cómo los alimentan, qué cantidad de víveres diarios se requieren?

7.- ¿Puede ser entendible que, teniendo detenidos a la mayoría de los autores materiales e intelectuales, 10 mil agentes de los cuerpos de seguridad, que utilizan camio- netas, cuatrimotos, caballos, helicópteros y hasta “dro- nes” (aviones no tripulados) no encuentren a los desapa- recidos?

manuelpadillaperiodista@hotmail.com