¿Qué Estado de Derecho queremos: de Libre Expresión o de represión?

Jesús M. Moreno Mejía.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que se reformará y se aplicará un nuevo Estado de Derecho en el país, asegurando que con su plan, denominado “Por un México en Paz, con Justicia y Desarrollo”, mejorará considerablemente la procuración de justicia y habrá un mejor respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros beneficios para los mexicanos.

Sin embargo, la ciudadanía se muestra apática al anuncio presidencial, por existir un claro contraste entre el discurso y la realidad que vive el país. Porque una cosa es lo que declara hoy el Presidente de México, y otra que fue precisamente lo que prometió hacer al asumir el cargo, y que ahora, dos años después, intenta llevar a cabo con su plan también conocido como “Por un México en Paz, Unidad y Desarrollo”.

Igual que ocurrió con las recientes reformas estructurales, la clave está en las leyes secundarias que darán sustento a las proyectadas reformas propuestas por Peña Nieto, incluso se afirma que incluirán un nuevo ordenamiento, más severo, a las manifestaciones de libre expresión, y en particular a aquellas que ataquen al sistema.

Cierto es que hay que impedir el libertinaje de quienes subvierten el orden en las manifesta- ciones públicas, si bien hay quienes aseguran que aquellos que incurren en la violencia son elementos protegidos por algunos sectores del poder establecido, tales como agentes policiacos encubiertos o paramilitares, a los que no se les castiga, pues nunca son arrestados, y en cambio se detiene a gente inocente, acusándolos incluso de delitos tales como terrorismo y otros similares.

A raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se han llevado a cabo manifestaciones pacíficas en el Distrito Federal y en otras ciudades del país, pero inopinadamente han aparecido individuos embozados que se dedican a realizar actos violentos de toda índole, que la autoridad afirma son simpatizantes de la marcha que se suponía iba a ser tranquila.

Incluso, se llegó a presentar un caso insólito en la ciudad de México: un grupo reducido de individuos encapuchados se dio a la tarea de quemar una histórica puerta de madera del Palacio de Gobierno, ante lo cual un alto oficial del Ejército, vestido de civil, intentó inútilmente evitar se le prendiera fuego, sin conseguirlo pues de inmediato fue atacado a golpes por la turba.

Fueron los manifestantes pacíficos los que presenciaron el hecho y supieron que se trataba de un general el que intentó evitar se incendiara la puerta, pues él a gritos se los hacía saber a los rijosos. ¿Hubo información oficial del desaguisado? ¿Se detuvo a alguno de los vándalos en referencia? Se pregunta la gente que de ello se enteró. La respuesta a ambos cuestionamientos es simple- mente No.

Los padres de familia de los desaparecidos, estudiantes normalistas y jóvenes que los apoyan, así como intelectuales y gente de diferentes sectores de la sociedad que se han sumado a las manifestaciones, han dicho que no desean dar motivo para que el gobierno intente usar la represión y por tanto que todas las movilizaciones sean pacíficas, pero todo parece indicar que sí hay quienes se interesan por crear problemas para que intervengan agentes de seguridad.

El hecho es que intervienen granaderos, elementos de corporaciones policiacas y detienen a gente que nada tuvieron que ver con los grupos violentos (mismos que se esfuman delante de aquellos), con la terrible desgracia de ser falsamente acusados de terrorismo y otros delitos graves, y además son recluidos en penales de alta seguridad, como si se tratara de narcotraficantes peligrosos y sin derecho a libertad bajo fianza.

Se combate al crimen organizado, pero sin incursionar en sus guaridas y sólo caen abatidos uno que otro que se enfrenta al Ejército, la Marina o las corporaciones policiacas, atrapando en contadas ocasiones a algunos delincuentes importantes (como el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán), pero la más de las veces se les deja operar impunemente, ya que muchos de ellos gozan de “patente de corso”, según afirman algunos investigadores.

Hay líderes de opinión que aseguran que tanto los gobiernos estatales como el federal, en todo el país, tienen los contactos necesarios para ubicar a los integrantes del crimen organizado que desde hace años operan en el país, pero no hacen nada por detenerlos; en cambio a los marchistas se les aplica injustamente todo el rigor de la ley.

Si los políticos fueran sinceros en cuanto a velar por el bien común, tomarían en cuenta lo ocurrido en otros tiempos, según se relata en la historia de nuestra patria como de otras naciones, para evitar cometer errores similares ocurridos en otras épocas, y para muestra bastaría un botón:

En 1968, hubo una serie de movilizaciones estudiantiles, que culminaron con una terrible masacre de jóvenes y gente inocente en la Plaza de Tlatelolco, con el consecuente repudio internacional por ese genocidio, y que coyunturalmente condujo a una aparente apertura democrá- tica en el país (pero no por mucho tiempo).

Hoy en día, aun cuando las condiciones son diferentes, el sistema se encamina a un suici- dio político, pues el gobierno ha caído en error tras error, que ojalá no signifique el impedir la libre expresión, consagrada en el artí- culo sexto de nuestra Constitu- ción, pues el derecho de libre pensar es el único derecho de que dispone el hombre para defender- se de las injusticias o denunciar éstas.

En las redes sociales ha sido profusamente difundido y criti- cado el bloqueo de la página electrónica del noticiero de la controversial periodista mexica- na Carmen Aristegui, quien se ha significado por denunciar casos de corrupción de políticos de toda índole, incluyendo al mismo presidente Enrique Peña Nieto.

Tal acontecimiento nos mueve a pensar que lo mismo puede ocurrirle a otros informa- dores que siguen la misma corriente de Carmen Aristegui, e incluso podría llegar a los particulares que se encargan de criticar al gobierno en general y a algunos políticos de altos vuelos.
En un cuadro de coyunturas críticas que acabo de recibir de un apreciado amigo, se señala al final dos acontecimientos recien- tes: 26 de septiembre, tragedia de Ayotzinapa en Guerrero, que tiene como consecuencia directa una extendida inconformidad nacional e internacional, y quedar de manifiesto la incapacidad del gobierno en resolver el macabro suceso.

Y más recientemente (el pa- sado mes de noviembre), la lla- mada “Casa Blanca” de la espo- sa del presidente Peña Nieto, que trae como consecuencia directa la corrupción en la misma Presidencia de la República y el consecuente debilitamiento del gobierno.

Es por ello que ahora surge el plan presidencial antes menciona- do, como muestra de sentirse aco- rralado el mandatario por la inepti- tud propia y de su gabinete, motivo por lo cual convoca a la unidad de todos (como si quienes sufri- mos la violencia fuéramos culpa- bles de lo que venimos padecien- do).

¡Hasta la próxima!