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el periodico de saltillo
Diciembre 2014, ed. #310


Ejemplos de excesos y corrupción

Jorge Arturo Estrada García.

Escándalos, incompetencia, pleitos estériles y no avanzamos. Coahuila se rezaga y sus polos de desarrollo también. Los clústers envejecen. La calidad de vida se deteriora, las oportunidades son más escasas. Y los sueños de los ciudadanos se cancelan. Y lo peor, es que será por varias genera- ciones más.

El balance anual de 2014 arroja cosas muy interesantes, tanto en lo nacional como en lo local. El sistema político nacional entró en crisis. Es muy claro que la clase gobernante no comprende, ni tampoco atiende las demandas de la población. La realidad se encarga de rebasarlos frecuente- mente. Pero las cosas cambian. Y a veces, lo hacen explosivamente.

Como lo mencionamos en anteriores colaboraciones, al fin los ciudadanos lograron sacudir a la clase política. El presidente Peña Nieto ha tenido que someterse y tratar de convencer impulsando nuevas reglas. Los funcionarios públicos están azorados. Corrupción e impunidad son las marcas de su desprestigio. Una comisión nacional anticorrupción está en marcha. Una reforma a las policías y a la procuración también. Hay que saber interpretar las señales en el cielo.

Atrapados entre sus intereses y los negocios, la clase política sólo ocasionalmente voltea hacia los ciudadanos y sus problemáticas. Según ellos, lo hacen durante sus informes anuales. Alcaldes y gobernadores se dedican a publicitar cosas y cifras que a los ciudadanos poco les importan y menos les creen. Para que un mensaje sea creíble, ante todo debe ser verificable.

Si gobernar es comunicar, muchos de ellos no comunican. Y las encuestas los reprueban sistemáticamente. Así, vemos al presidente haciendo obras de gobernador. A los gobernadores haciendo obras de alcaldes, y a los alcaldes haciendo el ridículo. Buscan los aplausos fáciles de sus públicos cautivos. De públicos que fueron cooptados con recursos y prebendas del erario público. Y enseguida regresan a las burbujas que sus camarillas construyen para encapsularlos.

De diversos países del mundo se encargan de recordarnos que vivimos en un país colapsado, con territorios y municipios fallidos, en donde no existe el estado de derecho. Y se cometen crímenes de lesa humanidad como los de Ayotzinapa y Allende. Otra vez, hablamos de corrupción e impu- nidad entre la clase política. Otra vez escuchamos excusas y pleitos por las competencias.

Finalmente se comienza a aceptar que el México del futuro no es sólo la promesa de las reformas a largo plazo, sino la realidad cotidiana que, debe atenderse o jamás se logrará el futuro prometido. Pero falta bajar la instrucción, y que la cumplan, a los gobernadores. A los virreyes que defienden sus cotos. Cotos que heredaron de sus cercanos, compadres, exjefes, aliados, protectores, cómplices, etc.

Abrumado, Enrique Peña Nieto ha presentado la posición del gobierno de la República para enfrentar un enorme problema integrado por el crimen, la corrupción y la impunidad. El concepto que los vincula es el déficit de justicia y el casi inexistente principio de legalidad imperante.

Existe una gran falta de conexión entre los discursos de la clase política y la vida cotidiana de los mexicanos. Se ha generado una estrepitosa caí- da en los liderazgos y una carencia de legitimidad y de participación social. Hay un enorme divorcio entre gobierno y ciudadanos.

Durante diciembre vemos desfilar a las camarillas gobernantes emitiendo sus listados de “logros y resultados”, con cifras y datos que se repiten hasta el aburrimiento y que no impactan en la población en general. Lo que el gobierno celebra, muchas veces no representa un beneficio claro para los ciudadanos. O simplemente ya no es creíble.

Los funcionarios públicos han perdido toda su credibilidad. Enfrascados en la lucha por el poder, por ganar elecciones y por tapar sus errores, se han desgastado casi completamente. Sus palabras no son confiables, simple y sencillamente. ¿En Coahuila quién les cree a sus funcionarios?

Así, los vemos frecuentemente buscando resquicios para evadir la ley. Presumen transpa- rencia pero son opacos por naturaleza. Sin progra- mas de desarrollo estratégicos debidamente estructurados y fundamentados se gobierna con ocurrencias. Los recursos se derrochan con beneficios para sus aliados políticos, amigos constructores y empresarios. Sus errores detienen el progreso.

En Coahuila tenemos grandes ejemplos de excesos y corrupción. También padecemos muchos años de malos gobernantes. La lista de pésimos alcaldes es interminable. Y lo malo es que estos funestos sujetos son reciclados y se empeñan en seguir activos y pegados a las ubres guberna- mentales.

Eliseo Mendoza Berrueto fue un pésimo gobernador, sólo se le recuerda por la corrupción de sus colaboradores y por el autódromo que ayudó a construir para diversión de su hijo. Ahora como pastor de los diputados del PRI en Coahuila, se convirtió en un levantadedos más a las órdenes del gobernador, junto a José Luis Moreno, Manolo Jiménez, Jorge Alanís, Víctor Zamora, Ricardo López Campos, etc.

Rogelio Montemayor, fue un buen gobernador. Su visión estratégica detonó el desarrollo del Coahuila moderno. Sin embargo sus problemas legales lo dejaron con la necesidad de buscarse un empleo. Y, ahora encabeza una asociación civil, sostenida con recursos gubernamentales, bautizada como Clúster Minero Petrolero. Está enfocado en preparar el terreno para la explotación del gas Shale, en la peligrosa región de Allende, Nava, Piedras Negras, Guerrero y Morelos, al norte de la entidad.

Enrique Martínez gobernó sin mayores conflictos ni escándalos. El estado avanzó en el índice de Desarrollo humano y en la calidad de vida. Sin embargo su mayor error fue designar como su sucesor a Humberto Moreira. Como exgobernador se mantuvo lejos de la polémica. Como funcionario federal no ha destacado. Sus únicas palabras han sido: heredé cero deuda y uno de los estados más seguros del país.

Humberto Moreira se empeña en regresar a la política activa, pero su legado nefasto lo persigue. Coahuila fue entregado al crimen organizado, hubo miles de muertos, desaparecidos, secuestrados, extorsionados, balaceras y una generación que creció entre el temor y las balas en sus calles y barrios. Su frivolidad también trajo como consecuencia una mega deuda de más de 34 mil millones. En su sexenio se gastaron más de 220 mil millones de pesos de presupuesto y se desconoce el destino de la mayor parte de esos recursos. En Texas ya aparecen los detalles de algunas operaciones delictivas, sus encargados de las finanzas: Jorge Torres y Javier Villarreal son enjuiciados y ya les confiscaron decenas de millones de dólares. Y están soltando todo a cambio de reducir sus condenas.

Jorge Torres López fue contratado como amigo y tapadera, por Humberto. Su perfil empresarial le daba un rasgo de “respetabilidad” a la “nueva clase política” que se estaba construyendo. Como tesorero se dedicó a lavar dinero en Texas y Bermudas en complicidad de Javier Villarreal. Como gobernador interino dejó que Javier siguiera derrochando recursos, contratando deudas ilegales y desviando miles de millones. También permitió que se dieran masacres como las de Piedras Negras, Nava y Allende. Como gobernador y alcalde interino nunca depuró la policía. Se dedicó más bien a la dolce vita. Resultó bueno como tapadera y será un excelente “Chivo expiatorio”, fue cómplice en todo.

El gobernador Rubén Moreira llega fortalecido al ganar el congreso en las elecciones intermedias. La oposición en Coahuila fue aplastada. Sin embargo, al llegar al tercer año de su gestión, la torpeza de sus colaboradores le echa a perder la fiesta. Hay que pedir más dinero porque no hubo control presupuestal eficiente. Además, a los opacos colaboradores se les va la lengua y se hacen bolas con sus palabras. Dicen que no falta dinero en las arcas, pero que no saben en qué se gastó, porque se perdieron o se robaron documentos. Luego, dan reversa y dicen que no se perdió nada pero no pueden demostrar en que se gastaron 220 mil millones del sexenio pasado. Y Rubén debe salir a dar la cara, a aclarar y a ordenar una auditoría.

Fernando de las Fuentes fue un pésimo alcalde. No hizo obras, se empeñó en la opacidad, endeudó a Saltillo y aún sueña con ser gobernador. Como diputado local justificó la ilegal megadeuda y la oficializó como una carga por 20 años para la entidad. Como diputado federal es un cero a la izquierda.

Ismael Ramos también fue alcalde interino, le tocó cuadrar las cifras de Humberto Moreira en el ayuntamiento de Saltillo. Como secretario de la Función Pública reprobó, porque permitió que Javier Villarreal falsificara documentos, pidiera moches a proveedores y constructores, se robara documentos, no entregara su declaración patrimonial durante seis años. Tampoco le hizo el acta de entrega-recepción del Satec, en donde fue su sucesor. Resultó un pésimo vigilante para una administración plagada de corrupción.

Eduardo Olmos, endeudó a Torreón, no construyó obra, pero tuvo que pagar algunas de las que Humberto inició y ya no pudo pagar cuando quebró el estado. Intentó depurar la policía y el ejército tuvo que entrar en su rescate y patrullar las calles.

Dicen que no falta dinero en las arcas, pero que no saben en qué se gastó, porque se perdieron o se robaron documentos.
Luego, dan reversa y dicen que no se perdió nada pero no pueden demostrar en que se gastaron 220 mil millones del sexenio pasado. Y Rubén debe salir a dar la cara, a aclarar y a ordenar una auditoría.


Ricardo Aguirre en su quinto informe no explicará porqué contrató 100 millones de deuda en un municipio de 200 millones de presupuesto anual, tampoco explicará por qué primero vendió el agua de Ramos Arizpe y luego la compró con el dinero de los ciudadanos, más cara. No hablará del centro histórico que nunca remodeló, ni de cómo permitió que la delincuencia se apoderara de su ciudad. El ex Ritchie Ricón tampoco informará de las camionetas que chocó en borrachazos, ni de las carísimas patrullas Interceptor que compró y que nunca capturaron a delincuente alguno.

Jericó Abramo busca ser candidato a diputado federal, luego de ser un pésimo alcalde. Por dos años permitió a los delincuentes que se apropiaran de la capital de Coahuila. Luego, nos dejó sin policías ya que nunca capacitó ni contrató suficientes. Sólo hizo 2 biblioparques, tapó baches y pavimentó algunas calles. Consiguió cero deuda con prácticamente cero obra y cero seguridad y cero policías.

Isidro López ha desperdiciado un año. Aprende lento, no tiene un plan de desarrollo coherente y se ha rodeado de colaboradores cuestionados y recomendados. Sometido a fuego intenso por el PRI de Coahuila y el gobierno estatal, no ha logrado construir liderazgo sólido y sus “logros” son ridículos para la problemática de la capital de Coahuila. Con 2 mil millones de presupuesto, gastar 30 millones en tapar baches, 168 en fachadas y banquetas en la calle Aldama no son motivos para presumir. Sin patrullar las 800 colonias, con sólo 400 policías efectivos, sin responder a las llamadas de auxilio alega haber evitado 17 delitos y no poder evitar 83, de cada cien. Con clases de zumba en 10 centros comunitarios y 6 productos más en la despensa que regala alega combatir la marginación. Isidro no comprende su responsabilidad ni la esencia de su cargo. Isidro quiere construir una marca con base en retratos y no con acciones que transformen.

Miguel Riquelme tuvo un buen arranque, pero enseguida se subió a un ladrillo y se mareó. Es mencionado como uno de los delfines del gobernador Rubén Moreira, junto a David Aguillón y a Armando Luna. Tampoco construyó obras nuevas en todo el año. En 2014 se terminaron algunas pendientes desde el 2010. Ha logrado avanzar en el proyecto del Metrobús e impulsó la privatización del sistema de alumbrado público de Torreón, Tampoco es amigo de la transparencia.

En el Congreso del Estado, en las comparecencias de los Secretario del Gabinete Estatal, Jesús Ochoa no explicará por qué la educación de Coahuila es tan mala y reprobamos las pruebas Enlace y PISA. Tampoco dirá por qué nuestras escuelas ya no tienen computadoras, ni internet, ni canchas deportivas.

Homero Ramos debería explicar por qué el 96 por ciento de los delitos no se denuncian ni se resuelven. Coahuila es tierra de impunidad. Las policías municipales no cuidan y la PGJE no captura a los delincuentes. Los ciudadanos ya no creen que se proporcione justicia y opina que los funcionarios son corruptos. No hay confianza. No hay legitimidad.

Sin dinero, sin visión estratégica, con crisis de gobernabilidad, nos alejamos del progreso. La educación, la innovación y la competitividad, son los tres vértices para insertar nuestras ciudades en el carril de la velocidad en la era digital del siglo XXI, señala la OCDE. Y esto, no lo escuchamos en las listas de “logros” de los informes.

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