Peña Nieto y el último clavo al ataúd del federalismo

Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

Ante una crisis política como la que hoy atraviesa México, no hay respuesta satisfactoria. Sin embargo, las hay mejores y peores. El pasado jueves 27 de noviembre, el presidente responde a un país encolerizado con un “plan” de diez puntos en cadena nacional. Más operativos, nuevo número de emergencia, más portales de transparencia, más de lo mismo. Si la situación histórica llamaba al presidente a dar una respuesta enérgica, el primer paso de un cambio radical, él la subestimó por completo.

Pero el “plan” de Peña contiene dos puntos que no deben subestimarse. Por un lado la propuesta de “Ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”, y la creación de policías únicas estatales que venía planteándose desde el sexenio de Calderón. La primera es una aberración constitucional, y la segunda es a todas luces necesaria. No obstante, ambas significan un retroceso enorme en cuanto a federalismo, y ambas conllevan serios riesgos antidemocráticos.

La propuesta de ley “contra la infiltración” de Peña Nieto plantea la posibilidad de que el ejecutivo federal tome el control sobre los gobiernos municipales, cuando haya “indicios suficientes” de que la autoridad está coludida con el crimen organizado. Esta propuesta no sólo rompe con varios principios constitucionales básicos como la separación de poderes y de competencias, sino que es además absurda. Si se tienen “indicios suficientes” de que una autoridad de cualquier nivel (no sólo ya municipal), está coludida con el narcotráfico, lo que procede es una investigación judicial a cargo de las diversas instancias competentes como la PGR, y las medidas penales que se deriven de los crímenes investigados.

En otras palabras, si lo que se busca es la posibilidad de remover de sus cargos a los políticos criminales, el primer paso lógico sería eliminar el fuero político para los funcionarios de todo orden de gobierno. La facultad de que el presidente disuelva gobiernos municipales es entonces innecesaria si los “indicios” son investigados debidamente por las instancias que ya están a su cargo. Aprobar esta iniciativa, es otorgar al presidente facultades dignas de un gobierno dictatorial y centralista.

Por otro lado, la iniciativa de crear policías estatales únicas es urgente ante la evidente fragilidad de los cuerpos municipales. Sin embargo, su implementación no deja de presentar varios riesgos. Si en los últimos años se han ventilado los abusos de los cuerpos policíacos estatales (muchos de ellos han devenido incluso en cuerpos paramilitares), esto ha sido en parte posible por la existencia de otras instancias policiales fuera de la esfera de control de los gobernadores. Con todo y la corrupción imperante, estos cuerpos han denunciado los abusos de los estatales ante la necesidad de deslindarse de los crímenes que no han perpetrado ellos mismos.

Las policías únicas estatales supondrían cuerpos sin contraparte, de cuyo actuar nos enteraríamos sólo a través de lo que la prensa fuera capaz de publicar en cada caso. Un poder enorme para los gobernadores, una figura que ya de por sí actúa sin contrapesos reales en la mayoría de los casos, y que en la mayoría de los casos controla la prensa de sus estados.

Además, cuando uno piensa en la aproba-ción de las dos iniciativas, aparece una contradic-ción entre ellas: ¿Cómo plantear que las fuerzas federales sean capaces de tomar el control provisional de la seguridad de municipios, si la seguridad de éstos estará asignada a los mandos únicos estatales?

Más allá del contenido específico de estas propuestas, lo que la situación actual del país evidencia es la crisis del proyecto del federalismo mexicano. Un proyecto que desde sus inicios, se construyó sobre unos cimientos raquíticos, y que en verdad, nunca fue más que letra muerta.

Desde esfuerzos tan tempranos como los de Miguel Ramos Arizpe en las cortes de Cádiz de 1812, y hasta el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, hubo mexicanos con una visión de avanzada, que identificaban la centralización administrativa como uno de los principales obstáculos para desarrollar instituciones verdaderamente democráticas en el país. Lo que nunca hubo, fue una verdadera sociedad civil en los estados, una sociedad que respaldara estas iniciativas, y que vigilara que su implementación desarrollara instituciones locales democráticas.

El legado de la administración hiper-centralizada del virreinato jamás se eliminó del todo, y hoy reclama su lugar. En la Constitución de 1917, se establece el gobierno mexicano como una república federal (siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos) compuesta por estados autóno- mos y soberanos. Jamás fue así. Mientras el fede- ralismo permanecía plasmado en la Constitución, el régimen posrevolucionario priísta desarrolló un gobierno centralizado y un partido hegemónico. Un sistema en el que para cualquier asunto guberna- mental, de cualquier índole y de cualquier orden de gobierno, el presidente tenía la última palabra.

Con la alternancia en la presidencia del 2000, por primera vez se dio un panorama en el que las relaciones entre gobernadores y presidente no pasaban por una lógica de subordinación partidista. Por primera vez los estados tuvieron una cuota real de autonomía, y el resultado fue el fiasco que se-guimos padecien- do: gobernadores que fungen como sátrapas en sus territorios, sin nin- gún tipo de contra- peso institucional local real, gober- nadores que con-trolan congresos, tribunales de jus- ticia, institutos electorales, y prensa por igual.

La reciente sustitución del Instituto Federal Electoral, por un aparato centrali- zado (INE) sigue la misma lógica, limitar el poder absoluto que de- tentan los gober- nadores en sus es- tados. La reforma educativa, por ejemplo, contem- pla una centrali- zación de la nómi- na de maestros desde el gobierno federal para evitar (en teoría), la politización de los magisterios locales. La doloro- sa verdad que revela lo anterior es que si las condi- ciones actuales del país demandan una vuelta al cen- tralismo, es por- que la descentra-lización promovida por las vanguar-dias ilustradas siempre estuvo alejada de la reali- dad de un país donde la mayoría de la población estuvo compuesta por verdaderos analfabetas políticos, y lo sigue estando.