La Comunicación Social, esencial para el gobierno

Jesús M. Moreno Mejía.

Como comunicador profesional estoy convencido que lo afirmado en los medios es equiparable a lo que en religión afirman los libros sagrados, “es la Biblia” que escuchamos en charlas de cualquier índole cuando se da por hecho algo que leímos, oímos o vimos en un periódico, en la radio o en televisión.

Con este preámbulo, afirmamos que todos los gobiernos de los tres niveles existentes en México, así como sus correspondientes dependencias y organismos, conceden importancia preponderante a la Comunicación Social, pues lo que de ahí salga a los medios, así sean mentiras, es lo que interesa deben saber los gobernados.

A través de la internet me entero, a manera de ejemplo, que la PGR gastará más en difusión que en investigar delitos graves como la desaparición de personas, tráfico de armas, robo de infantes, entre otros crímenes que se han vuelto frecuentes en nuestros días.

“En Comunicación Social, la Procuraduría General de la República se gastarán 155 millones 222 mil pesos, y en la investigación de delitos graves como desaparición de personas, tráfico de armas, secuestro y otros, serán 151 millones 345 mil pesos”, afirma Perla Martínez en su artículo publicado en “Animal Político”.

Como es sabido, la Dirección de Comunicación Social es la encargada de difundir las acciones de una empresa o de una dependencia oficial, cuyos titulares le asignan un presupuesto extraordinario para la difusión de las actividades propias del ramo gubernamental, como es el caso que nos ocupa.

Incluso, puede ocurrir que el presupuesto de la dependencia sufra un recorte entre un año y otro, como ocurrió con la fiscalía que hoy nos sirve de ejemplo, pero lo asignado a Comunicación Social no disminuye sino que se incrementa.

Y es que resulta más importante lo que se diga a lo que realmente se hace en cualquier dependencia gubernamental, como también ocurre con las empresas privadas interesadas en incrementar sus ganancias, aun cuando la verdad sea otra muy diferente a lo que se difunde.

Esto ocurre en todo el mundo, ciertamente, pero cobra importancia mayor en las naciones donde impera la corrupción y la impunidad, tal como ocurre, desgraciadamente, en nuestro país.

Desde luego que no toda la ciudadanía “se traga la píldora” y mucho menos cuando se recurre a expresiones populares, como la pronunciada en fecha reciente por el gobernador Rubén Moreira en forma estentórea: “Torreón está a toda madre en seguridad pública”, sin que Comunicación Social pueda arreglar el entuerto pues lo dijo en forma abierta.

Estamos acostumbrados a enterarnos a través de los boletines de Comunicación Social, que se ha iniciado tal o cual acción “en beneficio de la comunidad, para lo cual se invertirán tantos y cuantos millones de pesos”; sin embargo, luego nos enterarnos que todo quedó en el “arranque” de lo anunciado, sin que se informe luego si continuo o no.

En países desarrollados, cuando se realizan acciones de beneficio comunitario no hay anuncio de inicio, y la más de las veces la gente se entera por el cierre de vías de comunicación y señalamientos de desviación durante el tiempo que dure la obra pública.

Lo mismo ocurre al término de la obra en dichos países, pues no se dan las aquí “cacareadas” inauguraciones de gran lucimiento y que difunde la Dirección de Comunicación Social correspondiente.

Se recurre incluso en México al acarreo de gente, para que vayan a aplaudir en el acto de apertura al gobernante y luego difundirlo a través de los medios informativos, previamente contratados por Comunicación Social.

Lo triste de todo esto es que una gran parte de la ciudadanía acepta que la clase política está en su derecho de hacerlo, pues son los que mandan, cuando en realidad es al revés, pues el gobernante es un mandatario, o sea el que debería obedecer las órdenes del pueblo, que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es éste último en quien reside la soberanía, el mandato.

“Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, dice nuestra Carta Magna.

Pero la educación integral del ciudadano, tal como lo señala el Art. 3 de la propia Constitución, no está dada en la realidad, sino por el contrario, se intenta mantener en un bajo nivel, con tal de que la ciudadanía no tenga elementos para demandar sus derechos. ¡Por eso estamos como estamos!

¡Hasta la próxima!

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