Regidores y Síndicos, una carga para el municipio

Manuel Padilla Muñoz.

Diez y seis Regidores y Síndicos, integrantes del Cabildo de Torreón, representan una carga financiera para el pueblo de Torreón pues en realidad no cumplen su función de representantes sociales y su grado de eficiencia está más allá de la duda razonable.

El cargo de edil se ha tornado, más que como una función social política para el pueblo de Torreón, en privilegios para disfrutar de los beneficios de los altos sueldos -que nunca en otra parte ganarán-, la consecución de “jugosos negocios” y un trampolín político para seguir en la nómina gubernamental. La mayoría de nuestros ediles tienen como constante, un bajo perfil político y carecen de sensibilidad política para gobernar.

El problema se agrava porque no existe un organismo ciudadano que evalúe la eficiencia de los ediles para justificar sus altos sueldos que ellos mismos se adjudican. Se llega a la incongruencia de que un edil del municipio de Torreón gana más del doble ($45,000 mensuales), nominalmente, que el presidente de la República de Bolivia (unos $16,000 mensuales).

En el marco político legal, el Ayuntamiento del municipio de Torreón es gobernado por un Cabildo, integrado por 16 ediles y un presidente municipal. Éste tiene la calidad de ejecutor del mandato del pueblo, de donde proviene el poder. En el actual Cabildo, 9 ediles son de extracción panista y 7 priista, lo que representa una mayoría del PAN, cuya planilla ganó las elecciones municipales.

En teoría, el Cabildo es un órgano colegiado que toma sus decisiones en forma democrática buscando siempre el progreso de la comunidad que representan. La realidad, sin embargo, es muy diferente.

Políticamente, en una elección municipal participan planillas integradas por candidatos a presidente municipal, a síndicos y regidores. Cuando una planilla, de cualquier partido, gana la elección y se convierte en autoridad, se supone que sus miembros deben dejar de lado sus preferencias y militancia partidista y gobernar para todos los ciudadanos, sin discriminación alguna.

Setenta años de priato y ahora, unos cuantos de Panato, nos han demostrado que, también, la realidad es muy diferente. Durante siete largas décadas de hegemonía priista, los cargos de regidores y síndicos fueron un reparto de cuotas de poder entre los líderes de las organizaciones de ese partido. Fue así que se privilegió el control político para mantenerse en el poder y a dichos cargos llegaron personas inútiles, ineficientes e ignorantes -con algunas pocas excepciones- que utilizaron el cargo para hacer jugosos “negocios” a la sombra del poder. Fue proverbial la forma en que muchos ediles priistas resolvieron sus problemas económicos obteniendo concesiones para taxis, licencias para cantinas, expendios de vinos y licores y muchas otras canonjías. Y se olvidaron de hacer de la política un servicio a su comunidad. Se convirtieron en parásitos del presupuesto gubernamental, cuyo dinero es del pueblo. Así se amasaron grandes fortunas.

Con el ascenso del PAN al poder municipal de Torreón, el pueblo tenía la esperanza de que las cosas cambiaran. Tres administraciones municipales panistas (Jorge Zermeño, Guillermo Anaya y José Ángel Pérez) bastaron para la decepción popular. Los panistas, carentes de sensibilidad para gobernar, lo que produjo improvisación, ineficiencia y corrupción, no solamente resultaron igual que los priistas sino que son peores. No por nada son hijos del mismo padre.

Los ediles reciben, entre otras aportaciones, 16 mil pesos mensuales para “gestoría y ayuda social”, lo que es un mero aforismo pues es una realidad que ese dinero lo utilizan para entregarlo a líderes sociales de las colonias a fin de que les hagan propaganda política para futuras elecciones. Muy revelador sería que Transparencia Municipal diera a conocer la forma y a quiénes se entrega ese dinero. Desgraciadamente, no hay mecanismo para fiscalizar ese dinero, lo que aprovechan muchos ediles para aumentar sus ganancias. Aunque, claro, con muy honrosas excepciones.

Desde la óptica política, el alcalde necesita de los ediles para aprobar sus proposiciones en la sesión de Cabildo. Generalmente, el partido en el poder tiene a la mayoría de ellos lo que se transforma en el nefasto “mayoriteo” a la hora de tomar decisiones. Es así como los ediles gobernantes se convierten en cómplices de muchas imposiciones del estilo personal de gobernar de un alcalde. Por mucha justicia que exista de parte de los ediles de oposición, el “mayoriteo” se impone. Lo mismo hicieron los del PRI y ahora copian -mejorado- los panistas.

El control político de los ediles, por parte del alcalde, consiste en dejarlos hacer “negocios” y tener ciertos privilegios si acatan las órdenes, incondicionalmente, del alcalde. Un ejemplo clásico es que los ediles a las órdenes incondicionales del alcalde en la presente administración gozan del privilegio de contar con teléfonos celulares con cargo al erario. Hasta algunos priistas gozan del mismo. Tenemos documentos proporcionados por la Síndico de vigilancia, Claudia González, que así lo demuestra.

¿Existe solución?
Es evidente que sí. En primer lugar, legislar para cambiar las leyes a fin de que los ediles dejen de ser simples “damas de compañía” y comparsas de un alcalde -de cualquier partido- y se conviertan en verdaderos representantes sociales, en nuestros representantes en el Cabildo.

Una forma es que, en adelante, los ediles sean electos fuera de una fórmula única o planilla y la ciudad se divida en 16 sectores y que cada uno de ellos elija a su representante en el cabildo (edil). De esta forma, aparte de ser más democrática, se terminará con el “mayoriteo” y habría una verdadera oposición en el interior del cabildo.

Pero además, lo que sería más importante, que se creara una comisión ciudadana para evaluar el trabajo de los ediles y que, al mismo tiempo, en representación verdadera del pueblo, decidiera si se autorizan los aumentos de sueldo. No puede ser que sean los ediles quienes, en forma unilateral, ellos mismos se autoricen enormes sueldos y aumentos sustanciosos, con el dinero del pueblo.

La pregunta toral es: ¿Por qué no hacen esto nuestros diputados? ¿Acaso no son legisladores, es decir, funcionarios que deben hacer leyes y mejorar las existentes? ¿O no les conviene a ellos tampoco? ¿No sería esto un paso en la transición a la democracia?

manuelpadillaperiodista@hotmail.com