Corrupción e impunidad en Torreón

Manuel Padilla Muñoz.

En Torreón, la política, la corrupción y la impunidad, van juntas, de la mano. Son muchos los ejemplos de casos que así lo demuestran que vienen desde pasadas administraciones, tanto panistas como priistas. La memoria social nos conduce a la pasada administración priista del tristemente célebre Eduardo Olmos Castro y su contralor, igual de tristemente célebre, Lauro Villarreal, quien ante los medios de comunicación y la opinión pública prometió formalmente presentar denuncias penales en contra de quienes habían atentado contra el patrimonio público, contra los recursos de todos los torreonenses. Viles mentiras de este oscuro personaje y su jefe, pues ni siquiera se presentaron las denuncias y todos los delitos quedaron cubiertos por la impunidad, empezando por los cometidos por Eduardo Olmos Castro y su pandilla. Hoy, la situación política es igual y, no es arriesgado asegurarlo, hasta peor con Miguel Ángel Riquelme.

Hace poco más de un mes. El licenciado Jesús Jasso Fraire chocó su vehículo contra otro que manejaba una dama. Fue el responsable del accidente y, a pesar de todo, huyó velozmente del lugar del accidente dejando abandonada a la conductora sin interesarle si estaba herida o necesi- taba ayuda, lo que la ley considera agravante. Simplemente, como cualquier cobarde, huyó. Tal vez no sería nada extraño tomando en consideración que muchos conductores que provocan accidentes huyen para tratar de evadir responsabilidades. Sólo que Jesús Jasso Fraire es el Presidente de los Tribunales de Justicia Municipal, y tiene a su cargo a los jueces municipales y los peritos de vialidad que toman conocimiento de los accidentes viales. Lógica- mente, como empezará a sospechar el amable lector, no hay croquis de tal accidente, lo que es un delito.

Ante la cobardía del Presidente de los Tribunales Municipales, la dama conductora logró identificarlo, lo persiguió varios días y lo presionó hasta que le reparó el daño. El alcalde Miguel Ángel Riquelme conoció del caso y optó por brindarle todo tipo de impunidad al funcionario consentido, a quien tiene en mente hacer Director de Seguridad Pública en cuanto pueda derribar a Adelaido Flores. Total impunidad a quien viola la ley. El principal responsable es, sin duda, el alcalde de Torreón, como responsable de todos sus colaboradores que él mismo designó.

Miguel Ángel Riquelme no puede deslin- darse de tal responsabilidad y nos demuestra que en nuestra ciudad hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Los de primera, sus amigos y colaboradores que están saqueando las arcas municipales igual o más que los de la pandilla de Eduardo Olmos Castro; y los de segunda, los ciudadanos simples que no tiene influencia alguna. Pero, en escala ascendente, el gobernador Rubén Moreira también tiene responsabilidad al solapar estas acciones violatorias a la ley de sus colaboradores, entre los que se encuentra el alcalde de Torreón. Quizás sostienen, para justificar sus omisiones, que todos somos corruptos; la diferencia entre los hombres es el grado de corrupción que ejercen en sus actividades.

Todo lo anterior y más, nos dio a conocer el perito de esos tribunales Álvaro Pérez Hernández, agente número 24175, quien está en contra de las injusticias que comete su jefe Jesús Jasso Fraire, agregando la forma en que en esos tribunales municipales se roba a los ciudadanos.

Y es de la siguiente manera: A finales de los tres primeros meses de la gestión de Jasso Fraire, éste dio a conocer que había triplicado los ingresos que en el mismo lapso pero del año anterior tuvo la gestión de Gerardo Márquez, hoy delegado de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, Laguna I, cuando la corrupción estuvo a su máxima expresión.

La forma fue sencilla, según el perito: En vista de que el alcalde ordenó que no hubiera descuentos para nadie que no fueran del círculo de sus amigos y pandilla, se logró la cifra récord. Pero además, agregó, por órdenes de Jasso Fraire se cometió una flagrante violación al artículo 81 de la Ley de Ingresos del municipio que establece la prerrogativa de un descuento del 50 por ciento si se paga la multa en los primeros 7 días hábiles.

Esto, los jueces municipales tienen prohibido darlo a conocer a los ciudadanos, y tampoco -como debería ser-, colocan cartelones informativos sobre esta prerrogativa, por lo que los ciudadanos se ven obligados a pagar el 100 por ciento de la multa. Es así como Jesús Jasso Fraire logró triplicar los ingresos los primeros tres meses, pero en la actualidad han descendido. ¿Por qué si ahora hay más accidentes que antes? Hay quienes nos aseguran que ahora los peritos no reciben dinero de parte de las compañías aseguradoras para ganar todos sus casos como antes. Tal vez la disminución de los “ingresos” producto de la corrupción tradicional es que muchos funcionarios están inconformes con Jasso Fraire y “sueltan toda la sopa”.

El presidente de los Tribunales Municipales es prepotente y autoritario hasta con sus propios subalternos. Tiene razón el “perito chismoso”, por eso no lo quieren.

Coahuila, Grande como…
!La megadeuda!

Coahuila tiene una deuda de 33 mil millones de pesos que nos dejó el saqueo que hizo Humberto Moreira y sus secuaces, lo que tiene paralizado a la entidad por la carencia de obras pues todo el dinero de las mismas se utiliza para pagar los intereses solamente. Ahora, otro miembro del clan de los Moreira, Rubén, que trabaja en Saltillo como gobernador, nos endilga otra deuda más por 2,500 millones de pesos que hará ascender a la deuda pública de Coahuila a los 35 mil millones de pesos. Impagable. Ello provocará muchos años más de casi cero obras para nuestro estado, como hasta ahora.

El gobernador Rubén Moreira nos quiere engañar. Ese nuevo crédito de 2,500 millones de pesos lo contrató con bancos privados quienes pagarán esa cantidad a los cientos de proveedores a quienes debe el gobierno estatal; la deuda a proveedores es de la administración de Humberto Moreira, más lo acumulado por la de Rubén. La verdad es que los coahuilenses tendremos que pagar también esos 2,500 millones de pesos. Un cinismo irredente el de este clan político que aún nos gobierna. Al tiempo, la impunidad cobija a los principales responsables de la mega deuda, Humberto Moreira y Javier Villarreal quien se declaró ya culpable de algunos delitos en los Estados Unidos. Que vergüenza que mejor las autoridades norteamericanas apliquen la ley que las coahuilenses. Y es porque todos están metidos, en mayor o mayor grado, en estos delitos.

La reacción del gobierno del estado es convertir en delincuentes a más de 300 mil propietarios de autos “chuecos”, más quienes no porten placas en sus vehículos nacionales por falta de recursos para pagarlas, quienes enfrentarán algunos años de cárcel. Muchos propietarios de vehículos vamos a Gómez Palacio, Durango, a “plaquear”, porque en el vecino estado su gobernador si cumplió: eliminó el pago de la tenencia estatal mientras que, igual, Rubén Moreira en su campaña prometió lo mismo pero no lo hizo, porque necesita esos millones de pesos para pagar la mega deuda que nos dejó su hermano.

Es cierto que muchos dueños de autos “chuecos” cayeron en las redes de “coyotes” quienes se hicieron millonarios engañando a estas personas bajo la promesa de que, mediante sus organizaciones, podrán circular legalmente, lo cual es una falacia. El mismo gobierno federal y estatal prohijó a este tipo de personajes como el dirigente nacional de Onapafa, el profesor José Guadalupe Barrios, hasta algunas organizaciones priistas. Crearon al monstruo y ahora le tienen miedo.

Lo anterior solamente provocará mayor corrupción, pues los cuerpos de seguridad pública, seguramente la policía estatal, serán los encarga- dos de aplicar esta ley que implica no solamente el decomiso del vehículo, sino hasta el proceso penal contra su dueño. Lo anterior encarecerá la corrupción pues si ahora con unos cientos de pesos se “arregla” a los policías estatales, ante el peligro de ir a la cárcel, será ahora de miles de pesos el “arreglo”.

La medida, de aprobarse, provocará reacciones sociales de estos más de 300 mil coahuilenses que verán amenazado su vehículo y su libertad. ¿Soportará el gobierno de Rubén Moreira las manifestaciones sociales en los próximos meses hasta llegar a la elección de diputados federales el próximo año? Estamos seguros que no y habrá negociaciones.

manuelpadillaperiodista@hotmail.com