Sí a los plurinominales

Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

El pasado lunes 15 de Septiembre, el PRI Nacional presentó al Senado poco más de 6 millones de firmas para avalar su proyecto de consulta popular para el 2015, en la que se plantea la reducción de los legisladores plurinominales. Lo que se juega con esta consulta va mucho más allá del ahorro de los sueldos de estos legisladores, es la posibilidad de dar un tremendo paso hacia atrás en cuanto a la ya precaria democracia mexicana.

La pregunta que se plantea para la consulta es: “¿Estás de acuerdo en que se eliminen 100 de las 200 diputaciones plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?” Los argumentos ofrecidos por el PRI para esta reducción son la “ineficiencia” actual del Congreso y la reducción del gasto que significaría ahorrarse los sueldos de 100 diputados y 32 senadores.
¿A quién no le provoca antipatía e indig- nación los altos sueldos de nuestros representantes, y su cuestionable desempeño, su desfachatez, su deplorable calidad moral? ¿A quién no le molesta que sea posible que personajes como Carlos Romero Deschamps lleguen al Congreso bajo la figura de la representación proporcional? Y sin embargo, la idea de eliminar los plurinominales, de aprobarse, significaría un retroceso gravísimo.

Para empezar, ambos argumentos son inco- herentes. La llamada “ineficiencia” del Congreso no se resolverá reduciendo o aumentando legisladores, no es una cuestión de números. “Creemos que son necesarios los diputados plurinominales; lo que creemos es que son demasiados”, declaró César Camacho (Presidente del CEN del PRI) al presentar la propuesta.

En todo caso, el mal desempeño del Congreso obedece a una serie de factores entre los que se puede contar: la falta de mecanismos de rendición de cuentas de los representantes frente a sus representados; la falta de autonomía de decisión de los legisladores respecto a la línea dictada por sus partidos (esto está estrechamente ligado a la imposibilidad de reelección legislativa); o las facilidades para el cabildeo de los grupos de poder económico, que lo mismo bloquean o impulsan propuestas según sus intereses amparados en la opacidad solapada por las instituciones.

El argumento del “ahorro”, es por demás ridículo. Aunque nuestros legisladores ganan cantidades obscenas respecto al ingreso de la mayoría de los trabajadores mexicanos, eliminar a 100 o 200 diputados, no significa un ahorro significativo para el presupuesto federal. Un diputado federal gana (ya contando sueldos, prestaciones, “apoyos”, y demás monumentos de la falta de vergüenza, casi 3 millones de pesos al año. Según las declaraciones del PRI, el ahorro que traería esta medida sería de 1,200 millones, mientras el presupuesto de México para el 2014 fue de 4 billones 467,225.8 millones de pesos.

Entonces, ¿qué motiva la reducción de los plurinominales? Para el PRI, la principal motivación es ampliar su poder en el Congreso en las futuras legislaturas, montándose en un discurso de fácil aceptación entre el público. Para verlo más clara- mente, basta echar un vistazo a la composición actual del Congreso.

En la actual legislatura, el PRI cuenta con 212 de las 500 curules de la Cámara de Diputados, es decir, es la mayoría relativa, seguida de lejos por la bancada del PAN con 114 y el PRD con 104. Aunque tiene más peso que cualquier otro partido, aún necesita negociar con la oposición para aprobar sus proyectos, y es posible que la oposición pueda frenarlos.

Ahora, si eliminamos 100 plurinominales, el PRI se quedaría con 188 de 400. Es decir, quedaría a sólo 12 diputaciones de convertirse formalmente en la mayoría absoluta en el Congreso. Pero si a esos 188 le sumamos los 21 con los que se quedaría el Partido Verde, la mayoría absoluta estaría conseguida de facto. En el Senado, llevada a cabo la reforma, la coalición PRI-PVEM controlaría la mitad de los escaños, esto es 48 de 96.

En el sistema presidencialista, el hecho de que el partido gobernante consiga la mayoría absoluta en el legislativo ya es preocupante, porque abre la posibilidad de gobernar autoritariamente, y pueden llevar a cabo cualquier tipo de proyectos sin ningún contrapeso institucional que obligue a negociar, o a rendir cuentas. En el caso de México, el panorama se vuelve mucho más sombrío cuando se toma en cuenta que el mismo partido gobernante a nivel federal, gobierna también en 21 de los 32 estados (10 de los cuales no han conocido la alternancia en 83 años), y a nivel del legislativo local, cuenta con mayoría en 23 de los 32 estados (en 10 de ellos con mayoría absoluta).

En términos prácticos, la aprobación de esta iniciativa significaría un enorme paso hacia el retorno a una dictadura de partido. Un sistema político en el cual las decisiones no se negocian sino al interior de la cúpula partidista, y lo que dicta esta cúpula es ley para las instituciones del país. Un país en el que la división de poderes se convier- te en una fachada grotesca que no engaña a nadie.
Por último, es importante aclarar un par de cuestiones respecto a la figura de la representación proporcional, tras la fuerte ola de críticas que ha recibido desde hace un par de años encabezada por algunos periodistas entre los que destaca Pedro Ferriz de Con, y a la que han hecho eco tantos otros comentaristas poco informados.

Para empezar, si en México ha sido posible que los personajes más corruptos entren al Congreso como plurinominales, es porque la ley no obliga a los partidos a publicar sus listas de plurinominales antes de las elecciones. En otros países, los “pluris” se votan directamente, con las listas de los partidos a la vista. Además, en los sistemas más democráticos, todos los lugares en el legislativo se asignan bajo el principio de representación proporcional, ya que este método asegura la representación exacta de todas las tendencias políticas en base a la votación obtenida.

Por su parte, la figura típicamente estadounidense de la elección por mayoría relativa, ha sido como tantas otras cosas, una adaptación mexicana sin muchos argumentos más allá de la imitación. El sistema norteamericano de la mayoría relativa genera una inercia que tiende al bipartidismo, dificulta la aparición de nuevas fuerzas políticas, y por lo tanto, genera un duopolio de la política como el que hemos visto en aquel país desde 1829.