Aumento al salario mínimo: una causa justa y viable
Carlos Alfredo Dávila Aguilar.
El pasado jueves 28 de agosto, el jefe del gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propuso un aumento
al salario mínimo que iría de los 67.2 pesos diarios (actuales
en la zona “A” del país) a 82.8 pesos diarios. La propuesta
ha desatado una serie de declaraciones a favor y en contra
(como suele ocurrir cada vez que este debate se posiciona
en la agenda pública), entre las cuales los tecnicismos
económicos y los argumentos falaces contribuyen a la
confusión en torno sus posibles efectos. En las próximas
líneas trataré de mostrar por qué dicho aumento es necesario,
justo y viable.
Entre quienes ya han manifestado su apoyo a la medida
propuesta, se cuentan instituciones como la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), la OIT
(Organización Internacional de los Trabajadores), el
COLMEX, la UNAM, y la UAM, además de un número
considerable de académicos e investigadores que lo han
hecho a título personal. Quienes se oponen a esta medida,
suelen blandir principalmente dos argumentos derivados de
la teoría económica liberal que comentaré más adelante:
primero, que un aumento “artificial” al salario provoca
inflación; segundo, que un aumento de este tipo provoca la
pérdida de puestos de trabajo.
El primer argumento es cierto. Sin embargo, la magnitud de este aumento en la inflación es relativamente
baja y fácil de sobrellevar, mientras que el beneficio para los trabajadores que menos ingresos perciben es
significativo. Según los pronósticos del gobierno del Distrito Federal, el aumento en la inflación sería de entre el
0.5% y 0.7%, sobre el 4.07% de inflación actual. Otros cálculos menos optimistas hechos por especialistas oscilan
entre un 0.5% y 4% de fluctuación. Es decir, aún tomando como válidos los cálculos más pesimistas, el aumento
en la inflación sería menor a 0.4%, por cada 1% de aumento. En cambio, el poder adquisitivo del salario mínimo se
elevaría un 23% con el aumento propuesto.
Si bien esta medida no beneficiaría a todos los trabajadores, sino sólo a aquellos que ganan menos del
salario mínimo propuesto en un empleo formal, su impacto no debe subestimarse; en México 6.5 millones de
personas entran en esta categoría. El aumento en el poder adquisitivo de este sector de la población, no sólo
significa un fortalecimiento del mercado interno que estimula la economía; un aumento en el salario mínimo
también significa que (según la magnitud del aumento), las familias de una parte de la población aumentan sus
posibilidades de tener una dieta suficiente, de una vida saludable, o incluso de que sus hijos ingresen a la educación
básica. Un cálculo inteligente debería contrastar los costos económicos de aumentar los salarios, con los costos
sociales de no hacerlo (que a su vez acarrean costos económicos en el mediano y largo plazo).
Según la CEPAL “una parte significativa del incremento de la desigualdad en México entre fines de los
años 80’ y comienzos de la década de 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real en ese periodo”. Los
resultados están a la vista de todos: una sociedad fuertemente fragmentada y un rencor social creciente y notorio.
Una sociedad en la que la criminalidad encuentra el caldo de cultivo perfecto. Los altos índices de delincuencia
que nuestro país ha experimentado en los últimos años no pueden desvincularse de esta tendencia económica (que
no es su única causa). A su vez, esta condición de criminalidad acarrea perjuicios económicos que son difíciles de
cuantificar, debido a la pérdida de competitividad de un país en el que invertir se vuelve inseguro, en el que el
turismo se vuelve peligroso, etc.
El segundo argumento mencionado (que un aumento al salario mínimo provoca pérdida de empleos), es una
falacia. Trataré de explicarlo sencillamente sin entrar en tecnicismos: si un empleador se ve obligado a pagar más
a sus empleados, su margen de utilidad se ve reducido. Si el empleador decidiera despedir a cierto número de losempleados que producen un margen
de ganancia reducido para él, estaría
disminuyendo aún más su ganancia
total.
Es decir, no hay razón lógica
para que un empleador que trata de
optimizar sus ganancias despidiera
empleados mientras el trabajo de
éstos aún le signifiquen una utilidad
(por más reducida que ésta pudiera
llegar a ser con el aumento salarial).
Como suele argumentarse, la
pérdida en el margen de ganancia del
empleador podría tratar de
compensarse aumentando los
precios de sus productos, pero esto
sólo sería posible hasta el punto en
el que la demanda del producto lo
soporte (si lo subiera demasiado
tendría pérdidas), y el resto del costo
del nuevo salario tendría que ser
absorbido por el margen de utilidad
de empleador.
Incluso especialistas vinculados
a instituciones con una postura
económica más bien neoliberal, se
han pronunciado en el sentido de que
esta medida es viable. Tal es el caso
de Jonathan Heath, vicepresidente
del Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF), ó José Gabriel
Martínez, director del programa de
Maestría en Políticas Públicas del
ITAM.
Sin embargo, la propuesta
resulta incómoda para algunos
porque pone el dedo en la llaga sobre
una cuestión no menor: el hecho de
que el salario mínimo en este país es
una tomada de pelo, y de que el
modelo económico neoliberal ha roto
el contrato social desde hace tiempo.
En el artículo 123 de la Constitución
se lee: “los salarios mínimos
generales deberán ser suficientes
para satisfacer las necesidades
normales de un jefe de familia en el
orden material, social y cultural y
para proveer a la educación
obligatoria de los hijos”. Evidentemente
ni 67, ni aún 82 pesos
diarios, son suficientes para hacer
valer lo que establece este artículo.
Mientras esto no cambie, la carta
magna y fundamental de la nación,
la Constitución, no es más que una
broma cruel.
De aprobarse, la propuesta de
Miguel Ángel Mancera contempla un
aumento gradual que llegaría a los
171 pesos diarios en un plazo de diez
años, lo cual equivaldría a 21.5 pesos
por hora de trabajo. Al día de hoy,
un par de latas de atún cuestan 22
pesos. |