El CISEN y la PGR no son los únicos responsables en la fuga del “Chapo”

Augusto Hugo Peña Delgadillo..

No se cumplieron los protocolos de seguridad en la cárcel de Alta Seguridad del Altiplano y por ello -en parte- pudo fugarse “El Chapo” Guzmán. Otra parte corre por cuenta de agentes del CISEN y de la Policía Federal, aparatos de inteligencia de la SEGOB y de la PGR respectivamente; dichos agentes traidores ya están detenidos pero quienes les permitieron esas licencias absurdas siguen libres y lo seguirán porque nuestra política basada en la corrupción y al amparo de la impunidad así lo dicta. Primeramente hay que saber qué es el CISEN y cuáles son sus funciones.

“El CISEN es un órgano de inteligencia civil dependiente de la Secretaría de Gobernación y por ende del secretario Osorio Chong. Su propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el Estado de Derecho.”

“El papel del CISEN consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país.”

¿Y qué es la PGR y cuáles son sus funciones? Para empezar, procurar justicia, cosa que no hace cabalmente. Las otras funciones son similares a todas aquellas con las que el CISEN está comprometido y para lo que fue diseñado.

Como vemos sus funciones son específicas y éstas no se cumplen por infinidad de motivos. El principal es que ambas dependencias no tienen titulares preparados para ejercer dichas obligaciones y compromisos con el Estado mexicano ni con el gobierno, sino que están ahí para servir al régimen que brilla por su ineptitud y corrupción. Y no me refiero a Arely Gómez titular de la Procuraduría de Justicia ni a Eugenio Ímaz Gispert, director general del CISEN, sino a ellos y los anteriores en los últimos tres sexenios. Ninguno de ellos son gente preparada en lo relativo a la Inteligencia de Estado, son simplemente empleados de confianza de los presidentes de la república y de los secretarios de gobernación, además ellos y sus subalternos no son gente -la mayoría- de fiar, y a pesar de ello obtienen ingresos legales altísimos al igual que sus subalternos, cosa que no es pretexto para delinquir por falta de ingresos pecuniarios suficientes para su sustento y de sus familias. No llevaron a cabo las funciones para las que fueron contratados.

De los cinco agentes de inteligencia involucrados -que no son los únicos, por lógica- tres de ellos son agentes de la PGR y dos del CISEN. No es creíble que abajo y arriba de ellos no haya más funcionarios implicados en la fuga. El dinero invertido por “El Chapo” para su fuga puede ser de una suma de 50 millones de dólares o más, dinero suficiente para la compra de decenas de cómplices.

Muchos protocolos de seguridad no se cumplieron a propósito porque la fuga se planeó en más de un año, cuando el titular de la PGR era Jesús Murillo Karam, un funcionario público y político enamorado -como fenicio que es- del dinero antes que como funcionario al servicio del pueblo. Dos de estos protocolos -no los únicos- dejados de lado fueron: 1.- Que “El Chapo” debió ser cambiado de celda cuando menos cada mes, según la opinión de un experto, el general Jorge Carrillo Olea, quien amén de ser el fundador del CISEN, fue parte consustancial del diseño del penal del Altiplano. Y 2.- Que el monitoreo del “Chapo” en su celda y del penal en su conjunto no se llevó a cabo según dictan los protocolos, porque incluso los sensores que detectan excavaciones y los dos kilómetros perimetrales en torno al penal deberían estar libres de construcciones, cosas que no se respetaron, y no tanto por descuido de las autoridades sino muy probablemente por complicidades de no pocas autoridades.

¿Quiénes son entonces los responsables de la fuga? Sin lugar a dudas el presidente Peña Nieto, el Secretario de Gobernación, la titular de la PGR y todo el aparato de inteligencia del estado mexicano. Ahora, el costo de la recaptura, si es que ésta se da o no, costará al erario miles de millones de pesos según las decenas de miles de personas movilizadas para tal efecto. O, ¿usted qué opina, apreciable lector?

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