Cuestionado

Samuel Cepeda Tovar.

Es un lugar común escuchar que en México la justicia no es ciega, sino que tiene una excelente visión y sabe distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda, además de que los miembros del servicio público judicial no necesariamente se conducen con transparencia, legalidad, probidad y ética profesional.

Sonados son los casos de jueces y magistrados que han conculcado leyes y reglamentos en beneficio de intereses particulares y ajenos a los principios del Estado de Derecho. Casos como el del Consejo de la Judicatura Federal en que se vieron involucrados un magistrado, un juez y cinco secretarios en actos de corrupción en 2014 reflejan las falencias de los impartidores de justicia en nuestro país. Más cuestionable resultan aún demostrar la probidad de los mismos y la idoneidad para ocupar los cargos que detentan.

Es por ello que en lo absoluto me sorprende la denuncia en contra el magistrado del tribunal superior de justicia de nuestro Estado, Francisco Gómez Gómez, quien ha sido señalado por unos ciudadanos de contar con antecedentes penales y que por obvias razones no puede ocupar el cargo que detenta. Este sujeto, a reserva de su culpabilidad o inocencia, ha sido una persona polémica desde que tengo uso de razón, desde luego que las acusaciones de los ciudadanos denunciantes son bien conocidas por todos los habitantes de San Pedro de las Colonias: ejercicio indebido de la abogacía al despojar de un predio a particulares, posesión de droga y arma de fuego, y abuso de autoridad. Estas acusaciones no son simples, y menos como para que pasen desapercibidas tanto para el congreso del Estado que fue quien designo a este magistrado, como para el mismo gobierno estatal que ha sido vapuleado por su manejo de la deuda y la seguridad como para permitir un escándalo que ponga en tela de juicio la honorabilidad del tan siempre cuestionado poder judicial.

Más preocupante quizá es el silencio con el que se ha manejado esta denuncia, pues pareciera que hay intereses que buscan darle carpetazo a esta delicada imputación que solo abona al desprestigio del Estado de Derecho en momentos en que lo que menos necesitamos es más debilidad institucional.

Por ética, profesionalismo y compromiso con la sociedad, el imputado debe ser removido de su cargo hasta que las investigaciones concluyan y terminen en un simple veredicto: autoridad moral del individuo para seguir en el puesto. Caso contrario, que sea destituido inmediatamente de su encargo. No se trata de ser moralistas ni tampoco platónicos, sino de exigir integridad ética y moral en ciudadanos que se supone se encargan de la impartición de justicia en nuestra sociedad, ni más ni menos. Esperemos que la política no se imponga y se permita que cualquier delincuente o ciudadanos “no idóneos” ocupen cargos estratégicos en espacios que simplemente deben ser ejemplares.

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