La solución a la problemática nacional: Reformar el poder.

Jesús M. Moreno Mejía.

Analistas e intelectuales nacionales y extranjeros, opinan que cuando no funciona el gobierno hay necesidad de reformar el sistema, si bien la disyuntiva es resolver el cómo y de qué manera hacerlo para que sea efectivo.

En México tenemos décadas de observar un pobre desempeño gubernamental a favor de la mayoría de la ciudadanía, con propuestas de reformas estructurales que no rinden los frutos deseados.

Y es que el sistema fue hecho con la finalidad de ejercer un poder concentrado en un gobierno omnímodo, no obstante que los gobernantes son simples mandatarios del pueblo, quien es el que debería tener el poder (en teoría, pues la mayoría de nosotros somos indolentes y no queremos meternos en problemas).

Al gobierno le hemos dado “manga ancha” y por eso, quienes ejercen la función pública, “hacen lo que se les viene en gana” y, sobre todo, a su favor. Argumentando con demagogia que con sus acciones vendrán tiempos mejores para todos, cuando en verdad sólo resulta ser a favor de unos cuantos, que son ellos mismos o quienes constituyen la oligarquía en la nación (los grandes empresarios que cada día amasan mayor fortuna).

Desde que terminó el movimiento armado que derrocó a Porfirio Díaz en 1911, se sucedieron una serie de encuentros no menos funestos que el levantamiento convocado por Francisco I. Madero, siempre por la lucha del control del poder político de la Nación, encabezados lo mismo por usurpadores como Victoriano Huerta; por constitucionalistas, liderados por Venustiano Carranza; post-revolucionarios, como Francisco Villa y Emiliano Zapata; militares, como Francisco R. Serrano, Arnulfo R. Gómez y Gonzalo Escobar, entre otros, que combatieron el reeleccionismo de Obregón y Calles.

El general Álvaro Obregón es considerado por la historia como el último caudillo de la post revolución, mismo que se desempeñó como Presidente de la República de 1920 a 1924, sucediéndolo Plutarco Elías Calles como Ejecutivo Federal en diciembre de ese año, hasta noviembre de 1928, pero con la mira de volver aquél al poder.

Pero en virtud de que el 17 de julio fue asesinado Obregón de manos del fanático religioso León Toral, siendo para ese entonces presidente electo, entró provisionalmente en su lugar Emilio Portes Gil, Secretario de Gobernación, por un período de 14 meses.

El crimen de Obregón fue factor decisivo para que estallara la llamada Guerra Cristera (confrontación armada entre la Iglesia y el Estado), para finalmente llegar una aparente paz social mediante un acuerdo entre Portes Gil y el delegado apostólico Ruiz y Flores, así como el establecimiento de un sistema político monopartidista en 1929, y con éste el período gubernamental de seis años de Calles, conocido como el “Jefe Máximo” (del gobierno), así estuviera quien fuera el Presidente de la República, hasta que llegó Lázaro Cárdenas, quien lo expulsó del país.

El hecho es que en 1929 nació el Partido Nacional Revolucionario (PNR); mismo que en 1938 cambió de siglas y nombre (PRM, Partido de la Revolución Mexicana), para finalmente convertirse Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946.

Dejando a un lado la historia de quienes ejercieron el poder, después de la época de la Revolución, el hecho es que desde hace varias décadas se han emprendido no pocas reformas constitucionales, que poco o nada han logrado a favor de los conciudadanos, y en el peor de los casos se ha dado, o se ha intentado dar, pasos a la inversa (según dice el dicho popular: “como los camaleones”).

Actualmente la Nación se encuentra en un prolongado letargo socio-político y económico, que incluso pudiera desquiciar al país en cualquier momento, no obstante haberse hecho intentos de cambio sustancial, tales como reformas estructurales, alternancia de partidos en el poder, combate a la inseguridad, a la corrupción y la impunidad.

Y nada de lo anterior ha funcionado porque todo se resuelve a nivel político, sin tomar en cuenta a la ciudadanía, que debería ser a quien debería consultarse en primera instancia, pues como lo dice el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno”.

Si existe la voluntad de dar cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna: ¿Por qué no reformar el poder que ejerce el sistema de gobierno, y dar un salto cuantitativo en el mundo moderno que nos ha tocado vivir? ¿O usted, amable lector, qué opina? ¡Hasta la próxima!