Riquelme, cercado por Senadores del PAN y la PGR

Manuel Padilla Muñoz.

Los Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) fueron contundentes. En el mes de octubre pasado y ahora en enero del presente año iniciaron la cacería del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme. Primero, presentaron una queja ante el INE en contra del edil torreonense por haber descontado el 3.5 por ciento de su sueldo a más de 800 empleados del municipio para entregárselos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su adherente La Fundación Colosio, filial Torreón.

De acuerdo a la ampliación de la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia (PGR) -cuya copia tenemos en nuestro poder- se establece que el alcalde declaró por escrito ante esa instancia que fueron los mismos empleados del municipio quienes, mediante un oficio, pidieron al tesorero municipal les descontara parte de su salario para dárselo al PRI y que no eran más de 800 sino solamente 444.

En sus inicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a suspender los descuentos a los empleados municipales, lo que fue el primer revés al alcalde de Torreón.

En su declaración, Riquelme aseguró que ese dinero se los había transferido tanto al PRI como a la Fundación Colosio. Sin embargo, ambos organismos negaron haberlos recibido. A su vez, la Comisión Nacional Bancaria respondió que no había encontrado transferencias de dinero del municipio a esas entidades. Tanto, Bancomer como el Banco Mercantil y Banorte, negaron, a su vez, esas transferencias.

Entonces, ¿dónde quedó ese dinero¡ Porque alguien está mintiendo y hasta ahora se desconoce el destino de esos recursos. ¿El alcalde Miguel Riquelme, el tesorero municipal, Javier Lechuga, el PRI estatal y municipal, la Fundación Colosio, filial Torreón? Porque, ya es un delito debidamente denunciado ante la PGR.

La misma ampliación de denuncia, que nos fue entregada por los senadores Luis Fernando Salazar y Javier Corral Jurado establecen claramente lo sucedido: En primera instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que “la retención del salario (a los empleados) por parte del Ayuntamiento de Torreón para destinarlos al PRI es ilegal ya que los únicos descuentos que se encuentran permitidos están previstos en el Código Municipal para el Estado de Coahuila… y no se encuentra la retención para destinarse posteriormente a un partido político”… “Que el Ayuntamiento de Torreón tuvo que utilizar la infraestructura del municipio para, primero, retener y luego canalizar los recursos al PRI y/o a la Fundación Colosio, lo que significa la utilización de recursos públicos, personal, tiempos oficiales, equipo, sistemas y demás infraestructura, aún en el supuesto sin conceder que los empleados lo hayan autorizado pues las leyes electorales determinan las formas en que se deben realizar las aportaciones o cuotas a los institutos políticos…”.

Analicemos lo que obra en autos: en el INE, el alcalde Miguel Riquelme negó haber hecho transferencias al PRI y a la Fundación Colosio. Hay acta circunstanciada en el INE que en la página de Internet del municipio, en su apartado de “transparencia” se desprende la realización de tres movimientos bancarios a favor del PRI y seis a la Fundación Colosio, de febrero a abril del 2014, por $1,148, 359.96. Riquelme demostró “autorizaciones” de los empleados para retenerles el 3.5% de su sueldo para dárselos al PRI y dio a conocer el número de cuenta bancaria del partido a donde envió esos recursos..

Por su parte, la CNBV asegura que, dentro del período antes mencionado no hubo transferencia de ese dinero al PRI. Tanto el PRI como le Fundación Colosio negaron haber recibido dichos fondos. Las retenciones por parte del Ayuntamiento son ilegales según el TEPJF, ni el alcalde transfirió esos recursos al PRI, nos encontramos, pues “ante la probable comisión de otros ilícitos que pueden constituir delitos contemplados en el Código Penal Federal”.

Estos probables delitos cometidos por el alcalde Miguel Riquelme, según la denuncia ante la PGR, pueden ser:

Ejercicio indebido del servicio público: Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que: V.- Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente LE SEAN REQUERIDOS, RINDA INFORMES EN LOS QUE MANIFIESTE HECHOS O CIRCUNSTANCIAS FALSOS O NIEGUE la verdad en todo o en parte sobre los mismos y VI.- Teniendo obligaciones por razones de empleo, cargo o comisión de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo en su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren a su cuidado”.

El alcalde de Torreón ha aceptado que ha dispuesto de los recursos de sus subalternos sin haberlos entregado a sus destinatarios, el PRI y Fundación Colosio: el Código Penal federal establece. Abuso de autoridad: Art. 215.-Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes: IX.- Cuando, CON CUAL- QUIER PRETEXTO, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio.

También pudo haber cometido peculado pues el alcalde ha aceptado haber retenido el dinero de sus subalternos y hasta el momento no ha demostrado dónde se encuentra el dinero. Artículo 223.- Comete el delito de peculado: I.- todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, a un organismo descentralizado o a UN PARTICULAR, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. ¿Más claro? Ni el agua.

¿Encuadra la actuación del alcalde en algunos de los postulado delictivos citados? La mejor opinión es la suya, estimado lector.

Lo más probable es que la única defensa mediática de Miguel Ángel Riquelme sea el argumento de que esto sea producto de los tiempos electorales. No recordará que los priistas hacen lo mismo y mucho peor contra sus enemigos políticos y de otros partidos. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero, legalmente, el alcalde parece estar cercado ya por el grupo de senadores del PAN y puede ser hasta inhabilitado de su cargo y más. Aunque sean tiempos electorales, cuando se trata de aplicar la ley y terminar con los delincuentes políticos de altos vuelos sea bienvenido.

De última hora, el tesorero puso a disposición de los denunciantes copias de las transferencias hasta por más de 3.5 millones de pesos. Acepta el municipio la retención. ¿Será verdad? Cuando solicitamos dichas copias no las quisieron mostrar.

manuelpadillaperiodista @hotmail.com