“Narconóminas”

Manuel Padilla Muñoz.

Primero fue el gobernador de Coahuila Rubén Moreira. Aseguró que se le acercaron algunos directivos de medios de comunicación para informarle que estaban recibiendo presiones de parte del crimen organizado para llevar a cabo una campaña de difamación en contra de los cuerpos de seguridad, especialmente contra los llamados GROMS y GATES, para que se desacredite a estos organismos y regrese así la violencia que hace poco acosaba al estado (¿acaso se fue?).

No proporcionó nombres de los dueños de los medios de comunicación quejosos lo que, hasta cierto punto es comprensible. No fue más allá de una simple queja.

Días antes, los GROMS estatales, grupo élite que presume el gobierno estatal, se vieron involucrados en la muerte de dos personas. Al día siguiente en que se iban a llevar a cabo las investigaciones, 43 de sus elementos simplemente abandonaron su trabajo y no se presentaron. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Desde entonces, los grupos policiacos estatales (GROM y GATES en La Laguna) están bajo el escrutinio público. ¿No es cuestionable la “coincidencia”?

Al no cesar las críticas a esos policías y, en cambio, arreciar en las redes sociales, surgió a la palestra el Secretario General de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, quien sorprendió a la opinión pública coahuilense al acusar a reporteros de algunos medios de comunicación de estar coludidos con el crimen organizado y con el narco. Y, lo insólito, aseguró que tiene en su poder una “narconómina”, donde aparecen los nombres de algunos reporteros, la que iba a entregar a la SEIDO para llevar a cabo una investigación oficial.

De igual forma, se cuidó de proporcionar mayores datos, pues como siempre las autoridades acuden al argumento de la “secrecía” de una investigación para enviar amenazas a determinadas personas.

La acusación es grave, proviniendo de quien la lanzó, aunque haya sido en una entrevista “banquetera” porque el Secretario General de Gobierno es una alta autoridad en el estado, es el segundo del gabinete estatal y, se supone debe ser uno de los hombres más informados de la entidad. Con ello compromete igualmente al gobernador Rubén Moreira.

Ciertamente, una “narconómina” de reporteros al servicio del narco es una afrenta para la sociedad y para el periodismo; constituye un serio delito; es por eso que existe la obligación, ineludible, de parte de los denunciantes de presentar la formal denuncia pero, sobre todo, probarla.

Sin embargo, hay todavía algunos aspectos que no me convencen cabalmente. He seguido de cerca, como periodista, algunas otras denuncias similares que han servido más para castigar a inocentes, detractores políticos y críticos, de quienes tienen en sus manos el poder; porque, ha de saber Usted, amable lector, que para estos temas, el manejo del poder es indispensable.

Nómina no es más que, simplemente, una lista de nombres. Una “narconómina”, pues, será una lista de personas al servicio del narco; en el caso denunciado por el gobierno estatal, de personas que laboran en medios de comunicación, es decir, reporteros. Pero, ¿cómo es esa “narconómina? Porque, de lo que todos sabemos, el narco no expide recibos oficiales de sueldos y salarios. Por tanto, debe ser, como en otros casos que hemos conocido, una lista, escrita a mano o en máquina, de personas a las que les paga el narco por alguna labor. En muchos casos que hemos seguido esa lista fue encontrada en alguna guarida cuando, al detener a un capo de la droga, aseguran los policías, encontraron un cuaderno o una simple hoja con los nombres de sus “empleados”.

Otras veces, arguyen las autoridades de la PGR que son producto de “testigos protegidos” cuya identidad jamás se conoce porque para eso son “protegidos”. En ambos casos, nunca han prosperado las investigaciones serias para encarcelar a un capo importante.

Desde hace algunos meses, tengo una “narconómina” de funcionarios públicos de Torreón. No la he presentado ni dado a la publicidad porque no tengo pruebas. O sea, estoy, hasta el momento de redactar la presente colaboración, en el mismo nivel que las autoridades estatales. Espero, sinceramente, que ellos si tengan y presenten pruebas, lo que serviría para dignificar el medio periodístico de Coahuila, además de que es su obligación.

“Todos los videos que se han presentado de los Gates son falsos, ya los analiza- mos. Hay una campaña de Los Zetas y seguidores contra los grupos tácticos de Coahuila, yo no sé si quieren que regrese (¿Acaso se fue?) el crimen organizado al estado y que no podamos salir a las calles como lo hacíamos antes”, comentó Zamora Rodríguez.

Sin embargo, la organización civil “Artículo 19” recordó que el pasado 7 de febrero de 2015, el periódico Reforma publicó que de acuerdo con la organiza- ción Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desapa- recidas de Coahuila: “en el último año y medio se han registrado 60 casos de desaparición forzada, algunos de ellos con tortura (…) a manos de elementos del Grupo de Armas y Tácticas Espe- ciales del Estado (GATE). Según el reporte de la organización, reproducido por el medio, “51 personas de las 60 desaparecidas fueron localizadas y afirman que fueron secuestradas, torturadas y presentadas ante la autoridad con pruebas falsas en Piedras Negras y la región Cinco Manantiales”.

No le pedimos, sino le exigimos a Víctor Zamora, que pruebe sus acusaciones. Si no lo hacen como es su obligación “!Que oso!”.

Televisa va por todo

No fue suficiente que Televisa nos haya impuesto a Enrique Peña Nieto como Presidente de México, sino que parece que aumentará su poder con la apropiación de los puestos más importan- tes del país.

El cambio de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) es una larga crónica de un cambio necesario en el gabinete presidencial desde que el fiscal del país “se cansó”.

Arely Gómez será la nueva Procuradora General de la República y con ello no estamos ciertos si estábamos mejor cuando estábamos peor. En primer lugar, porque la nueva funcionaria es hermana del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa. En segundo lugar, porque su paso por la Fepade fue muy obsequiosa para temas que tenían que ver con delitos relaciona- dos con compra de tiempo aire en las televisora. Previo a este cambio se terminó con el programa Tercer Grado que conducía Leopoldo Gómez -soldadi to de plomo de Televisa- para tratar de no ser detectado el conflicto de intereses entre el Presidente Peña Nieto y la televisora que se convierte en vocero de Los Pinos.

manuelpadillaperiodista@hotmail.com