Los ricos gozan de prerrogativas, y el común pagamos sin ningún beneficio

Jesús M. Moreno Mejía.

Los impuestos deberían aplicarse por igual a todos los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Art. 31, fracción IV: “Son obligación de los mexicanos. Contribuir para los gastos públicos… de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”, pero la realidad es otra muy diferente, pues las grandes empresas evaden esa responsabilidad, de una manera o de otra, en tanto que el resto de contribuyentes tenemos que cubrir nuestras aportaciones sin beneficio alguno.

Una fórmula para eludir al fisco por parte de los grandes capitales en nuestro país, es mediante contribuciones económicas a fundaciones sociales, culturales, científicas, etc., creadas ex profeso y hasta con fines propagandísticos, pero la más de las veces sin que ellos sean los que hacen el desembolso, tal como ocurre con el famoso Teletón, el socorrido “redondeo” de supermercados y las aportaciones bancarias en cajeros automáticos para tal o cual causa, con la participación de particulares o de clubes de servicio.

A través de las redes sociales, notas informativas de la prensa escrita y eventualmente en la radio o televisión, nos enteramos que grandes empresas como Gamesa, Sabritas, Bimbo, etc., les fueron devueltos tanto y cuantos millones de pesos “por su contribución a tal o cual causa”.

Recientemente leía en un artículo de Augusto Hugo Peña, que a la industria trasnacional Peñoles le fue practicada una auditoría por parte de la Secretaría de Hacienda, y como resultado se le detectó una importantísima cantidad por evasión y elusión fiscal entre 2009 y 2012 (IVA e ISR), pero la empresa llegó a un acuerdo amistoso y sólo pagó mil cien millones de pesos, quedando en el aire la pregunta ¿A cuánto ascendería el monto de lo no declarado?

Carmen Aristegui en sus noticias del viernes 20 de febrero de 2015, informa que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) condonó de manera irregular, mediante el programa “Ponte al Corriente”, más de 1,123 millones de pesos a las empresas “Sabritas” (929.5 millones de pesos); “Gamesa” (150.5 millones de pesos); banco “Scotiabank” (28.8 millones de pesos), y dos registros (RFC) de la empresa ProLogis-México City (9.3 y 5.5 millones de pesos). Para confirmar lo anterior exhibe oficio-comunicado del SAT, argumentando validez de la condonación, pero sin sustento alguno.

Roberto Servitge, dueño de la multimillo- naria panificadora “Bimbo”, hace días se puso en evidencia al declarar servilmente que los mexicanos deberíamos apoyar al presidente Enrique Peña Nieto, al pedir éste que se de “carpetazo” al caso de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapan, Guerrero, seguramente para pagarle así al Ejecutivo Federal los beneficios vías condonación de impuestos a su empresa.

En cambio, los empresarios no millonarios y los ciudadanos comunes (incluyendo a profesio- nistas, empleados y trabajadores), debemos pagar sin beneficio alguno, incluso cuando pagamos puntualmente, sino por el contrario el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le busca el qué o cómo para que pague más.

Pero las injusticias no sólo se llevan a cabo a nivel federal, sino también los gobiernos de los estados y las administraciones municipales recurren a “estrategias” recaudatorias que sólo se aplican al ciudadano común y corriente o a las pequeñas y medianas empresas.

“¿Pagaste oportunamente tus impuestos? ¡Qué bueno!”. “¿Esperabas un descuento? ¡No! Antes bien, se te está cobrando un porcentaje mayor por esto y por esto otro”. “A los que no pagaban se les descuentan multas, recargos, gastos de ejecución y hasta se añade un descuento en ‘premio’ a su buena disposición”. Se les ha escuchado a algunas autoridades tributarias del estado o el municipio.

En ocasiones se hace saber que se rifarán premios a los que pagaron el impuesto predial, pero sin saberse cómo será el procedimiento y desconociéndose si se hace efectivo el sorteo.

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) concedía un descuento a las personas mayores que se registraban exhibiendo su credencial del Insen (hoy Inapam), pero a partir de febrero ya no se tomará en cuenta a dichas personas, sólo a las que consuman mayor volumen del preciado líquido.

¡Absurdo! Solamente tendrán descuento los adultos mayores que consumen más, y en cambio una persona que necesita de menos agua no cuenta ya con el beneficio de descuento que recibía antes por estar registrado en el Insen o Inapam.

Esas incongruencias se dan solamente en nuestro amado México, pues en otros países y en especial los desarrollados, los que más tienen aportan mayor cantidad al fisco para lograr más y mayores beneficios para todos, y los que menos tienen gozan de beneficios no sólo fiscales sino de diferente índole.

Podríamos citar un cúmulo de ejemplos que hemos conocido en el extranjero, pero por razones de espacio nos los guardamos, no vaya a resultar que un alto empresario mexicano nos responda: “Pues váyanse a vivir a esas naciones”. Mejor recordemos que es una obligación del gobierno luchar contra la pobreza. No contra los pobres.

¡Hasta la próxima!