El México del Nuevo PRI

Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

Probablemente no haya existido jamás en la historia de México un momento en el que el Estado y el conjunto de las instituciones de la vida pública, aparezcan tan desacreditados, tan flagrantemente rebasados, y sus dirigentes tan increíblemente cínicos e indolentes, como hoy. En efecto, México vive una gravísima crisis institucional, generalizada a todos los órdenes y niveles de gobierno, donde lo más grave es que por más que parezca que hemos tocado fondo, hay graves indicios de que la descomposición sigue avanzando a paso galopante a través de todos los ámbitos de la sociedad.

La “nueva generación” del PRI le vendió al país la imagen de un partido de personas con experiencia para gobernar, y con una mentalidad democratizada por las lecciones aprendidas tras la salida de Los Pinos y la alternancia de la presidencia en 2000. Esto en el discurso, pero en un plano paralelo, en un plano aún más profundo de comunicación a través de valores entendidos y más cercano a lo emocional, lo que el PRI le vendió a una sociedad mexicana desesperada por unos niveles de violencia cotidiana dignos de zona de guerra en las elecciones de 2012, fue un pacto implícito: sí, todos saben que somos corruptos, pero si retomamos el poder podemos traer de vuelta ese México en paz bajo la autoridad fuerte de la figura del presidente, y aún de la forma autoritaria que todos conocen, podemos devolver la gobernabilidad a este país. México aceptó ese pacto.

Tres años después, parece muy lejano el recuerdo de esa toma de protesta triunfal de Peña Nieto, aquel anuncio pomposo del “Pacto por México” y sus reformas económicas, y la detención de Elba Esther Gordillo, que anunciaba con bombo y platillo que el gobierno entrante no dudaría en enfrentar a los poderes fácticos con firmeza.

Hoy, este gobierno se ve como lo que es: el gobierno de un puñado de incompetentes a los que el país se les salió de las manos, una mafia de hombrecillos dedicados a lucrar electoralmente con el auspicio de los sectores privilegiados de la sociedad y del extranjero a quienes rinden cuentas. Sí, el Nuevo PRI es diferente al viejo: conservó la voracidad y todas las prácticas corruptas y autoritarias, pero de la inteligencia y la astucia política que permitieron al viejo régimen mantener el control del país durante 70 años, no queda pista, ni siquiera en el nivel simbólico.

El agotamiento del actual gobierno federal es tal, que ya se hace manifiesto en el plano internacional. El pasado 3 de Mayo en el marco de un evento organizado por la asociación norteamericana de periodistas Freedom House, el embajador de Estados Unidos declaró fuertes críticas contra el gobierno mexicano en cuanto a la situación de la libertad de expresión en México. Más allá de lo cierto de estas declaraciones, fue un acto de violación a los protocolos diplomáticos básicos de no intervenir en los asuntos internos del país, que el gobierno mexicano de otros tiempos no habría tolerado jamás. Haberlo hecho, es un síntoma más de muchos que se mandan al extranjero, de la debilidad de este gobierno.

Sin embargo, mientras los periódicos internacionales dan seguimiento a la barbarie que se vive hoy en México, el gobierno federal sale a declarar (en voz del secretario de Relaciones Exteriores) que los datos de la ONU sobre tortura en el país son falsos.

Se insiste en una estrategia irracional de persecución armada contra el narco que sólo genera más y más descomposición. Los eventos de Guadalajara del primero de Mayo, en los que entre otros ataques, un grupo del crimen organizado derribó un helicóptero militar del ejército mexicano con armas anti-aéreas, llegan a un nivel de verdadera guerra abierta que exhibe la incapacidad del gobierno para manejar la crisis.

En cambio, la enorme mayoría de estas armas siguen llegando desde Estados Unidos a través de nuestras fronteras sin que el gobierno se atreva a poner un alto, los movimientos financieros de los narcos siguen sin ser investigados aún cuando el departamento del Tesoro estadounidense advierte de las fortunas de ciertos cárteles mexicanos, los bancos que han sido cómplices en lavado de dinero del narco siguen operando en el país, como HSBC, y la secretaría de Hacienda no da ni señales de estar siguiendo estos movimientos financieros.
De abrir un debate público a escala nacional sobre la legalización de drogas blandas como ya se está haciendo en varios lugares del mundo para legalizar ese mercado negro, ni hablamos: nadie se atreve a plantearlo.

Las reacciones de este gobierno por el momento, se limitan a aumentar la represión de distintas maneras: solapando los abusos de poder de los gobiernos estatales contra la población civil como en el caso de San Quintín, en el que policías estatales irrumpieron en las casas de trabajadores agrícolas dejando más de 70 heridos. Solapando todos los casos de corrupción de funcionarios de gobierno, aún después de haber sido expuestos por los medios de comunicación. Aumentando la censura hacia estos medios.

En cuanto a las consecuencias electorales negativas al gobierno que podrían venir a consecuencia de este caos generalizado, el Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales están, hoy más que nunca, cooptados y dispuestos a cuadrar sus decisiones a los intereses de la coalición gobernante. Esto se ve, por ejemplo, en el anuncio descarado de una multa económica hacia el Partido Verde, cuando lo que debería proceder legalmente por sus constantes y reiteradas violaciones a la ley electoral es la cancelación de su registro como partido, y cuando se presentaron formalmente más de 140,000 firmas de ciudadanos para tal efecto.

Este es el México del “nuevo PRI”.