Renuncia obligada

Manuel Padilla Muñoz.

El sábado 25 de abril terminamos de recabar todas las pruebas para fundamentar una denuncia ante la PGR por el delito de peculado en contra del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme y el director general del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, Armando García Triana ,y a la diputada Verónica Martínez (“súper consentida” de Rubén Moreira) por haber utilizado el helicóptero para trasladarse a la ceremonia política en la Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe. El martes 28, García Triana, presentó su renuncia al cargo que ostentaba en Conagua argumentando problemas de salud.

El helicóptero es un Bell con matrícula 407 CX-AUA, con un valor de 3 millones de dólares que fue facilitado por el Gerente de la Región Cuencas Centrales del Norte Conagua, Ingeniero Armando García Triana. El funcionario de Conagua confirmó que si facilitó el helicóptero que es usado en siniestros naturales y vuelos de experimentación por personal de Conagua, pero no dieron a conocer la ruta. La Dirección de Comunicación Social del municipio de Torreón que dirige Jorge Hernández Guerra, guardó silencio sobre este acontecimiento, ya que se esperaba alguna declaración al respecto, el mismo alcalde evadió hablar del tema en las ruedas de prensa y desestimó este hecho, que ahora parece cobrar fuerzas en épocas electorales. Los medios de comunicación callaron y trataron de no darle importancia merced a los millones de pesos que les paga el municipio. De ese tamaño es nuestro periodismo regional.

En Semana Santa, el 29 de marzo, el Director General de Conagua, David Korenfeld, utilizó un helicóptero oficial para fines personales en Huixquilucan, Estado de México, y fue fotografiado por un vecino. El 9 de abril, al presentar su renuncia aceptó que su “error” fue haber utilizado el helicóptero durante 8 minutos para llevar a su familia al aeropuerto de la Ciudad de México.

En Semana Santa, también, el director de protección civil del municipio de Torreón, Alberto Porragas Quintanilla, utilizó la camioneta de esa dependencia para llevar a pasear a su familia a Parras de la Fuente. Fue fotografiado por un paseante torreonense y las imágenes divulgadas en las redes sociales. Primero, el funcionario municipal trató de negar que fuera él quien mal utilizó el vehículo oficial pero, cercado, no tuvo remedio más que aceptar la responsabilidad. El alcalde Miguel Riquelme le aplicó un “castigo ejemplar”: una semana suspendido sin goce de sueldo. No ha cubierto, por cierto, el costó del viaje en la camioneta que debe estar destinada, exclusivamente, para atender asuntos de protección a la ciudadanía.

¿Qué tienen en común estos funcionarios públicos que “derraman su sangre y exponen su vida por servir a la ciudadanía”? David Korenfeld, Miguel Ángel Riquelme, Armando García Triana, Verónica Martínez y Alberto Porragas Quintanilla cometieron el delito de peculado que castiga el Código Penal Federal. Si, como dice el periodista de CNN, Javier Ramos, en México existiera un mínimo de estado de derecho, deberían ser procesados Cuando menos Korenfeld y García Triana tuvieron un poco de vergüenza y renunciaron para no causar daño político a Enrique Peña Nieto. Riquelme Verónica Martínez y Alberto Porragas Quintanilla, no; son unos desvergonzados. Por ese delito deben ser llevados a la cárcel y reparar el daño causado al erario público. Pero, como son de la clase política gobernante, de los que entre ellos mismos se brindar impunidad, tratan de burlarse de nuestras leyes. Cuando es un ciudadano simple, de a pie, como Usted y como yo, los que cometen un delito, se les aplica todo el rigor de nuestras leyes. Pero por ello la sociedad civil está harta de corrupción e impunidad de la que goza la fauna política que nos gobierna.

Estos son solamente algunos ejemplos de los miles y miles de casos de corrupción e impunidad de los gobernantes que existen en el país. Y no es que sean de herencia cultural, como nos trató de dorar la píldora Peña Nieto sino que la verdadera causa es que nuestros políticos no tienen madre. Así de sencillo.

En Derecho, el delito de peculado consiste en la malversación de caudales o bienes públicos, un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia.

En Torreón, la denuncia ya está terminada. Debe ser presentada por la Asociación de Abogados Revolucionarios que dirige el licenciado Alberto Lara Noriega para que se procese a estos delincuentes sin sentencia.

Sacapuntas
Siendo candidato a la presidencia municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme recibió una serie de proyectos de empresarios laguneros para el cambio de lámparas del alumbrado público. Uno de dichos proyectos contemplaba el cambio de 55 mil luminarias, de 160 wats, marca Bosch, de fabricación alemana. El costo total era de 337 millones de pesos. En primer lugar, las luminarias que proponía este empresario eran de mayor poder lumínico que las que están poniendo; por eso se nota que no alumbran mucho. Siempre supuse que este era el mejor proyecto.

Pasó el tiempo y un año después de que los priistas asaltaron la presidencia municipal, Miguel Riquelme anunció la “licitación” para esta obra. Desde un principio nació con inconsistencias y dudas de tal manera que algunos empresarios laguneros que participaban en la “licitación” se retiraron pues vieron que se favorecía a Construlita. Desde entonces se hizo más que sospechosa la asignación, que no verdadera licitación a esa empresa foránea.

Existen razones para dudar. El contrato con la empresa queretana es de ¡335 millones de pesos! Que los laguneros deberemos de pagar los próximos 15 años. Existe una marcada y sospechosa diferencia entre los costos de ambos proyectos, pues el primero los expertos lo consideraron justo y el segundo muy pero muy exagerado. Resulta indudable que Riquelme quería que fuera Constulita la que llevará a cabo el proyecto, como así es.

Luego, Construlita subcontrató otras 10 empresas para que hicieran los trabajos. El Director de obras públicas nos dijo que, en efecto, la obra cuesta 370 millones de pesos y el resto es para pagar los intereses del préstamo y el mantenimiento a la obra. Sin embargo, en “Radio Pasillo”, lugar de la presidencia municipal donde circulan muchos chismes, verdades y rumores, se habla de muchos millones de pesos -¿hasta una “casa blanca” en el exclusivo fraccionamiento Las Trojes?- que Construlita entregó a algunos funcionarios municipales, cuya lista la encabeza el alcalde Miguel Ángel Riquelme. Tanto en Saltillo como en Gómez Palacio, el costo de los proyectos similares concuerdan con el costo del primero. Es más, en la vecina Gómez Palacio las autoridades municipales no quisieron siquiera que participara Construlita. Por algo será y algo sabrán. ¿No creen?

Total, con este proyecto, casi seguros estamos que algunos funcionarios municipales de Torreón ganaron muchos millones de pesos.

manuelpadillaperiodista@hotmail.com