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el periodico de saltillo
Noviembre 2015
Edición No. 321


Rotundo fracaso político: Regular el uso del Internet

Jesús M. Moreno Mejía.

Son incontables los reveses que han tenido el gobierno y sus adláteres en lo que va del actual sexenio. Y no satisfechos con sus fracasos pretenden agregar una pifia más: coartar la libre expresión de quienes hacen uso de las redes sociales con la aún nonata “Ley Fayad”, con la cual se sancionaría severamente a los cibernautas que ofendan a los funcionarios públicos.

Nos referimos concretamente a la iniciativa denominada Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos informáticos, mejor conocida como “Ley Fayad”, propuesta por el senador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, “mediante la cual se pretende criminalizar y sancionar las expresiones ciudadanas que utilizan las tecnologías y aplicaciones digitales, la red y las plataformas sociodigitales… incluidas aquellas para manifestar su descontento con el poder público y las arbitrariedades que cometen las autoridades”, según expresó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

De seguro no prosperará la iniciativa en referencia, pues de aprobarse se estaría atentando contra el derecho de la libre expresión, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 6), amén de contravenir disposiciones concretas establecidas en la Organización de las Naciones Unidas, en materia de uso del Internet.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en resolución de julio de 2012: “Se reconoce a la Libertad de Expresión en Internet como Derecho Humano inalienable”, y si México forma parte de dicha representación multinacional, es obvio que debe ser respetado ese principio universal, con carácter de ordenamiento para todos los países agremiados.

Los errores del gobierno se han venido sucediendo uno tras otro desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, tales como las alabadas Reformas Estructurales que se suponían resolverían a fondo la alicaída economía nacional; la detención de Elba Esther Gordillo, destinada supuestamente a eliminar la corrupción de los líderes sindicales nacionales; el fracaso en la investigación judicial de los desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapan; la escandalosa fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, recluido en el Penal Federal de Alta Seguridad del Altiplano, etc., por sólo mencionar algunos fracasos de la actual administración federal, pues la lista es enorme.

Pero volviendo a la pretendida “Ley Fayad”, la Amedi recuerda que ya en anterior ocasión el senador en referencia fue uno de los legisladores que se negaron a hacer cambios a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de colaboración con la justicia, y ahora en su iniciativa retoma el artículo 189 de la LFTR, que obliga a los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos a colaborar con las instituciones de seguridad y justicia para geolocalizar los celulares de los usuarios de la red de redes (Internet); bloqueo inmediato de líneas y señales de comunicación móvil, “entre otras medidas que atentan contra la libertad de expresión y que pueden ser utilizadas de forma discrecional por la autoridad con fines políticos y no de prevención y persecución del delito”, puntualiza dicha Asociación.

También indica la Amedi que los artículos 21 al 25 de la pretendida “Ley Fayad” (cuya iniciativa seguramente no es de él sino del Ejecutivo Federal), se refieren a “intimidación y divulgación indebida de información de carácter personal, pero redactado de forma ambigua, lo cual vulnera la certeza jurídica y la libertad de expresión, porque cualquier usuario podría ser penalizado con hasta doce años de prisión y multas de 100 a 200 días de salario mínimo vigente”.

Agrega la Asociación Mexicana de Derecho a la Información que los delitos que se cometen en Internet ya están tipificados en instrumentos internacionales, firmados por México en el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest, signado el año pasado (2014); en leyes y códigos locales y federales, por lo que “su prevención y sanción no requieren necesariamente de nuevas leyes, sino de decretos de modificación de reglamentos”.

La Amedi señala en su comunicado que mientras la “Ley Fayad” criminaliza a los usuarios de Internet, no exige ni regula a las empresas, proveedores de servicios, aplicaciones y desarrolladores de software y tecnología, sobre políticas de privacidad y protección de datos personales.

Tan contundentes consideraciones, amén de la avalancha de protestas emitidas en las redes sociales, hicieron “recular” al senador Fayad en su iniciativa, tal cual la presentó, para modificarla en lo que hubiera lugar e incluso abrir un debate público en torno a las consideraciones emitidas por la Amedi, por juristas e interesados en el tema.

¡Hasta la próxima!


 
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