Gobernadores del cambio “echados para atrás”

Juan Martínez Veloz.

La euforia inicial que se generó con los resultados electorales del 5 de junio pasado favorables parcialmente (ganaron 7 gubernaturas y perdieron 5) a los partidos de oposición (PAN y PRD) comenzó a diluirse en días pasados.

Varios acontecimientos han provocado esta situación:

* En el PAN se desató una especie de precampaña interna por la candidatura presidencial del año 2018 entre los principales protagonistas de ese partido; Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle.

Las redes sociales (Facebook) son testigos de esta situación. En el PAN que quizás es el único partido que tiene más trabajadas sus elecciones internas en esta ocasión sus aspirantes decidieron empezar antes con la tolerancia del Instituto Nacional Electoral.

Lastima también la buena imagen del PAN algunas notas de prensa que aparecieron donde señalan que el actual presidente del PAN presumiblemente viajó una gran cantidad de ocasiones a Atlanta en un breve periodo de tiempo. Obvio que la pregunta obligada es ¿Con que recursos?

Pero lo más grave es ¿Cómo puede entender a México una persona que su familia virtualmente reside una gran parte de su tiempo en otro país? Bueno sería que el líder del PAN recapacitara sobre esta situación, la explicara y en su caso pidiera una disculpa.

* El tema de los endeudamientos de los gobiernos estatales es otra cuestión que hace muy débiles e inciertos el futuro de los nuevos gobiernos locales. Se requieren recursos frescos para pagar los compromisos contraídos e iniciar nuevos programas de gobierno. ¿De dónde sacarlos? ¿Nuevos impuestos? ¿Rescate de la Federación? Es un punto cuesta arriba para los nuevos gobiernos emanados el 5 de junio.

* Otro hecho que hizo que los Gobernadores emanados del 5 de junio se echaran para atrás son las acciones judiciales que ya se iniciaron contra los ex gobernadores Guillermo Padrés de Sonora y Javier Duarte de Veracruz.

Estos hechos relevantes marcan el inicio en la práctica del tan anunciado “Sistema Nacional Anticorrupción”. Es un buen principio para empezar a poner en orden a los servidores públicos.

Las leyes que se han modificado o se modificaran son las siguientes con el nuevo marco jurídico de los servidores públicos: la Ley General del Sistema Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; Código Penal; Ley de la Fiscalía General de la República.

Debemos decir, que antes del inicio de los casos de Padrés y Duarte éramos escépticos frente a este nuevo esfuerzo legislativo por la sencilla razón de que creemos que el problema de la corrupción es ante todo un problema de falta de voluntad política más allá de nuevas leyes en la materia.

Desde la época Colonial han existido en la Nueva España leyes para combatir la corrupción sin embargo raramente se han aplicado (Juicio de Residencia). El Juicio de Residencia también fue contemplado en la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814 (Arts. 59; “202-231).

Los diferentes códigos penales que han tenido México y los estados de la federación desde el siglo XIX han contenido siempre un Título Especial dedicado a los delitos de los Servidores Públicos. Aparte existen las leyes federales y estatales de responsabilidad de los servidores públicos a partir del gobierno de Miguel de la Madrid en 1982.

La Constitución General de la República también tiene un Título Especial dedicado a los Servidores Públicos (Titulo Cuarto; Arts. 108-114).

Saludamos el esfuerzo que se está haciendo en este sentido por el Presidente de la República, El Congreso de la Unión, la PGR y los funcionarios judiciales que investigan y procesan los casos señalados.

juanmartinez_veloz@yahoo.com