Otorgación de “fiat” a 41 nuevos Notarios Públicos en “fast track”

Jesús M. Moreno Mejía.

El Congreso del Estado resolvió el mes pasado en “fast track” (por la vía rápida) la otorgación del fiat notarial a 41 funcionarios, ex funcionarios públicos (o bien a familiares de algunos hombres públicos); a directivos del PRI, así como a gente afín a dicho partido, muchos de ellos sin pleno conocimiento de lo que es un fedatario.

Periódicamente se renueva la lista de Notarios Públicos de Coahuila, quienes ya suman 300 distribuidos en ocho distritos judiciales, considerando que en ciertos casos ocurre el fallecimiento de algunos de ellos, otros son suspendidos por incapacidad física, o bien porque solicitan licencia temporal por ocupar un cargo público de diferente naturaleza.

Todo lo anterior es correcto, incluyendo el hecho de que se requiere de un mayor número al que han venido operando, pero (siempre aparece un “pero” que no encaja en lo correcto) de un tiempo a la fecha las propuestas en principio se dan a quienes no tienen merecimiento para desempeñarse como auténticos profesionales del derecho investidos con fe pública, e incluso sin tener los conocimientos de la función de una Notaría.

El gobernante en turno propone a los candidatos (la más de las veces en el número exacto que se requieren, interpretándose de esa manera que la lista incluye el nombre de quienes él tiene interés de ser los que deberían ser) al Congreso del Estado, cuyo cuerpo colegiado debe analizar caso por caso, exhaustivamente, a través de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, solo que dicho estudio no se lleva a cabo, o bien se finge haberlo hecho, pero en esta última ocasión se hizo sin chistar o sea por la vía rápida, o “fast track” como dicen en el vecino país.

De acuerdo al Directorio de Notarios Públicos que el Gobierno del Estado de Coahuila, existen 259 notarías registradas en los ocho distritos judiciales de la entidad.

Acuña tiene registradas 13 notarías, de las cuales ocho están en funciones y cinco de ellas tienen “licencia” en su estatus, pues sus titulares solicitaron permiso para retirarse temporalmente como fedatario y poder desempeñar otra función pública, como es el caso de Evaristo Lenin Pérez Rivera, Alcalde de Acuña.

Monclova tiene 34 notarias, de las cuales una tiene suspensión por incapacidad física de su titular y otra tiene licencia temporal para no operar. Parras cuenta con cuatro notarías (tres en funciones y una cuarta acéfala).

El Distrito de Río Grande, con cabecera en Piedras Negras, cuenta con 21 notarías registra- das, de las cuales tres están acéfalas y dos con licencia para no operar, y el Distrito de Sabinas tiene trece notarias, de las cuales dos están acéfalas.

Saltillo tiene 100 notarías autorizadas, de cuales cuáles once tienen licencia y una está acéfala. Obvio es que en este distrito hay mayor número de permisos para no operar, pues es donde hay más fedatarios afortunados con la otorgación de un “hueso” para roer del erario y posteriormente regresar como titular de la notaria asignada.

En el distrito de San Pedro, en cambio, sólo existen 5 notarías autorizadas a funcionar en su jurisdicción, pero dos están acéfalas.

Finalmente, en el distrito de Torreón (antes Distrito de Viesca), se cuenta tan solo con 70 notarías y de ellas 4 tienen licencia sus titulares; dos están acéfalas y una tiene el estatus de suspensión por incapacidad física del fedatario. Como se verá en este caso, son menos las notarías y los afortunados con licencia, si se le compara con Saltillo.

Existen licenciados en Derecho en el estado que aspiran a obtener un fiat notarial, pues tienen la experiencia y merecimiento requerido, pero la realidad es que solamente “con la bendición” del gobernante en turno es como realmente se puede acceder a dicha patente oficial.
Incluso, hay medios de comunicación que han comentado que los 41 nuevos notarios propuestos y aprobados en “fast track” por el Congreso del Estado “son una vacilada”, pues no tienen los merecimientos para desempeñarse en esa actividad y su único mérito es su cercanía con el ejecutivo estatal, y como muestra basta unos cuantos “botones”:

Diego Rodríguez Canales, secretario del ex secretario de gobierno; ex presidente del PRI de Coahuila y actual presidente de la Fundación Colosio. Iván Garza García, secretario técnico del Gobierno del Estado. Edgar Julián Montoya de la Rosa, subsecretario de Egresos de la secretaría de Finanzas. Fernando Martínez Garza, esposo de María Esther Monsiváis Guajardo, Secretaria de Infraestructura del Gobierno de Coahuila. Marcela Cepeda Rebollo, coordinadora del DIF Coahuila. Marco Antonio Dávila Montesinos, director de la Promotora para el Desarrollo Minero. Raúl Felipe Garza Serna, ex Procurador de Justicia de Coahuila. Patricia Elena Ramos Jiménez, hermana de Felipe Ramos, secretario auxiliar del gobernador, y hermana de Francisco Javier Ramos, presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje de Torreón. Carlos Rangel Orona, Presidente de la Cámara de Comercio de Torreón y coordinador del Grupo Empresarial de La Laguna.
La autorización legislativa para los 41 nuevos notarios contó con el apoyo de los diputados del PRI, absteniéndose de votar los representantes del PAN, salvo el diputado blanquiazul Jesús de León Tello, quien voto a favor de la propuesta. ¿Será porque éste goza de licencia como Notario Público? La opinión de nuestros lectores deberá ser la mejor.

¡Hasta la próxima!