La Constitución, el pacto de civilidad social de los mexicanos

Luis Fernando Hernández González.

Estamos a un año de conmemorar los 100 años de la promulgación de nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, (1917- 2017), instrumento imprescindible de acuerdo y concertación social bajo el cual los mexicanos tenemos como base fundamental de norma en nuestra vida jurídica. Para muchos de nuestros compatriotas será un hecho por demás que pasará inadvertido, más no así para otros, pues este importante acontecimiento será el motivo suficiente para realizar todas aquellas observaciones, precisiones y ajustes que apela una mejor y mayor cohesión de nuestro estado de derecho y nuestra vida social; por consecuencia de ello, las modificaciones e implementaciones que demanda nuestra carta magna, sea en áreas específicas o de fondo, con una total revisión de normas, acciones, factores y conceptos que de manera imprescindible es necesario analizar para complementar con las exigencias sociales de nuestro tiempo, observando e incorporando claros y eficientes términos de legitimidad y justicia de una sociedad participativa y moderna, que en estos primeros tres quinquenios del siglo XXI, plantea justicia clara y expedita; precisión y alcance de normas y criterios; total transparencia en los ámbitos público y privado; la incorporación sin discreción de toda la conceptualización amplia de los derechos humanos, además de una colaboración y participación social en todos los aspectos del quehacer comunitario.

Razón por la cual de ser necesario cambiarla, modificarla, reformarla o adecuarla es de suma importancia el contar con la aprobación de análisis y consulta que tenga su sustento sobre un amplio consenso de ciudadanos de todas las edades, quienes alejados de una mala práctica de analfabetismo social político y cultural, asuman determinantemente su condición de ciudadanos responsables, fuerza y sustento de la verdadera soberanía popular que pregona en letra destacada nuestra máxima norma fundamental, participación civil que desde las distintas y variadas latitudes geográficas y de pensamiento del total del país, realicen sus ejercicios y aportaciones, para fortalecer de manera decidida nuestra vida democrática e institucional, esencial par de elementos, para estos tiempos que demanda el México moderno con una amplia participación ciudadana y de respeto a los derechos humanos.

Para juristas como Miguel Carbonell nuestra constitución debe de ser normativa y dejar fuera textos y apreciaciones que en cada uno de ellos se generan figuras que son a la vez verdaderos tratados organizativos excesivos y en otras condiciones muy concretos, resultando esto poco positivo, al ser la constitución, la medida de regulación básica que da sentido a la convivencia jurídica organizada por el estado, ya que la sobre abundancia de contenidos da lugar a nuevas reformas que no sería necesario pues en cuanto más entra en detalles en ciertos temas, mas es indispensable reformar y ampliar la constitución para corregir defectos que no se hubieran presentado si fuera solo de contenido preventivo que requiere la misma sociedad.

Pero existen otras impresiones como la que externara Jorge Carpizo Mcgregor que definió que nuestra constitución es un ente dialéctico en perpetua adecuación entre la norma y la realidad, agregando que la historia, el desarrollo , el inter de cualquier constitución, se encuentra en sus reformas y mutaciones que el tiempo y la sociedad platean, para así entrar en el siempre inacabado perfeccionamiento, razón que da el sentido de la historia constitucional, para poder comprender y entender, las reformas y mutaciones que en determinados momentos es necesario adecuar conllevan al mismo fin que es el de adecuar la norma a la realidad, para servir de forma clara y explícita a los reclamos que en tiempo y forma bosqueja la sociedad y el orden institucional que pretende el país.

Hasta febrero de 2012 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos había sido reformada por 201 decretos desde su promulgación en 1917, lo cual implicó realizar aproximadamente 600 reformas a sus actuales 136 artículos. Cuyos propósitos se realizaron con el fin de adecuar los lineamientos de mayor trascendencia en materia económica, política, social, cultural, ambiental, y administrativa; entre las que últimamente se concretaron fueron las reformas estructurales específicamente que tienen un gran peso en materia laboral, comunicaciones, hacendaria, energética , judicial, educativa y de transparencia en administración gubernamental y donde las fuerzas políticas del país jugaron un importantísimo papel para el logro de este fin que tenía anclado y estático a México

El Licenciado Enrique Burgos García, constitucionalista y senador de la república, expone que es necesario reordenar la constitución a cien años de su promulgación, en donde esta debe de contar con una claridad en la observancia de los derechos humanos, garantías, juicio de amparo, división de poderes, federalismo, municipalismo, la laicidad del estado y del congreso, así como las facultades de los estados , de la federación y de los municipios para de esta manera corresponder a las circunstancias sociales, administrativas y políticas de estos nuevos tiempos, en donde por supuesto debe tener claridad en los principios fundamentales de carácter orgánico y de su parte reglamentaria, para así, dejar en un apartado la Ley de Desarrollo Constitucional, que es el desenvolvimiento de todos los principios que se establecen.

El México de hoy, en voz de muchos ciudadanos demandan consulta ciudadana, plebiscito, referéndum popular, revocación de mandato, transparencia total, rendición de cuentas y mayor colaboración y participación ciudadana, elementos todos consubstanciales a una democratización real de la vida nacional.