La corrupción en la política coahuilense

Armando Montalvo Olivo.

Siempre está ahí. Nunca desaparece la corrupción política en Coahuila. El entorno de los partidos políticos se ha desarrollado en un clima de total impunidad, inadmisible en democracia. Y se extiende el desánimo porque la corrupción forma parte de la cultura política coahuilense, por tanto, la desconfianza ciudadana hacia los poderes públicos, está más que justificada.

El mandato de Óscar Flores Tapia no terminó su gestión precisamente por cometer fechorías al por mayor. Lo mismo sucedió en los periodos de José de las Fuentes Rodríguez, Eliseo Mendoza Berrueto, Rogelio Montemayor Seguy, Enrique Martínez y Martínez y Humberto Moreira Valdés, quien decidió renunciar a la gubernatura para dirigir el PRI nacional durante un breve tiempo, y fue relevado por Jorge Torres López, (ahora prófugo de la justicia por saquear millones de pesos de las arcas estatales).

Después llegó Rubén Moreira Valdez, a quien se le cuestiona tener incrustados a funcionarios que se hicieron millonarios, en tan sólo unos cuantos años. El enriquecimiento de muchos de ellos no lo pueden ocultar. Su ambición les gana tanto, que son ellos mismos quienes se encargan de difundir su poder a través de las redes sociales.

Sin entrar al detalle porque nunca acabaríamos con tanta anécdota que existe, pero quién no recuerda a “El Diablo” de las Fuentes, como un político “bohemio”, borracho decían sus malquerientes, y con una voz envidiable.

“El Diablo” permitió el enriquecimiento de sus colaboradores y amigos. Su amistad con artistas de la farándula como María Sorté y Angélica Chain lo hicieron muy popular. El alcoholismo lo condujo a cometer abusos desde el Palacio de Gobierno. Heredó poder económico a su familia, que hoy gozan las ganancias de todo tipo de negocios.

Con Eliseo Mendoza se tiene presente al ex tesorero Jesús García López, que hizo “pillerías” millonarias. Mendoza Berrueto es recordado por adquirir un rancho manzanero en Arteaga. Le construyó un autódromo a su hijo adoptado, nombró a funcionarios de primer nivel con doble moral, y colocó a Higinio González Calderón (recomendado de Javier e Isidro López del Bosque, ya fallecidos), como presidente en el Congreso del Estado, quien se enriqueció y permitió todo tipo de cosas en el Palacio de Coss.

Rogelio Montemayor Seguy, el amigo entrañable del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari y del ex candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en Tijuana, dio trabajo a gente procedente de otros estados, para que hicieran fortuna, como a la sonorense Alba Celina Soto y a Baltazar Hinojosa Ochoa, actual candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, entre otros.

Con Montemayor proliferó el alcoholismo, la drogadicción y el lesbianismo en el gabinete. El ex procurador Humberto Medina Ainsle, (papá del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina) utilizó el aparato de justicia para dejar en la ruina a familias prósperas radicadas en Piedras Negras, que estuvieron ligadas a su niñez.

El gobierno de Montemayor dio nota nacional e internacional al permitir operar en Saltillo a un delincuente que escapó de una prisión de Norteamérica bajo el nombre de Juan Chapa Garza, (prestanombres de Raúl Salinas de Gortari). Este personaje hizo grandes negocios en la capital coahuilense con las familias más ricas de la región: Los López del Bosque fueron algunos. Tras ser detenido en Baja California Sur, sus propiedades y negocios fueron saqueados por el gobierno estatal y muchos de los objetos fueron a parar a inmuebles de familiares de funcionarios que habitaban en diferentes regiones de la entidad.

El hermano de Rogelio Montemayor, Jesús María, hizo negocios a diestra y siniestra. Se sentía el “Rey” sin corona. El plan para saquear las arcas del Estado fue de alta escuela para que nadie sospechara. Pero el enriquecimiento de algunos funcionarios no se pudo ocultar.
El arribo de Enrique Martínez y Martínez a la gubernatura, fue festejado por la “Elite” de la Región Sureste. Sus amigos como Abraham Cepeda e Ignacio Diego se favorecieron con la llegada del saltillense. Su operador político fue Raúl Sifuentes Guerrero, quien se desempeñó como Secretario de Gobierno. El espionaje telefónico tuvo auge en este sexenio y era operado por el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Morán Delgado y el director de Investigaciones Especiales de la PGJE, Sergio Tobías Salas, quien conseguía los aparatos de espionaje.

Para algunos expertos, la labor de Martínez y Martínez fue gris, pasó de noche. El apoyo nunca llegó a las familias pobres de Coahuila. La Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia siempre favorecieron a la gente de dinero. Los procuradores “compadres” Ricardo Cisneros Hernández y Óscar Calderón Sánchez, se pasaron la estafeta. Hicieron lo que quisieron.

El policía federal de caminos y secretario de Seguridad Pública, Antonio Garza García, apoyó la corrupción de los cuerpos policiacos que dirigía y los Ceresos se “contaminaron” con el permiso de Jorge Luis Morán. La delincuencia sentó sus reales en la Comarca Lagunera. Lo controlaban todo sin alterar los índices delictivos.

Enrique Martínez Morales trajo a Coahuila a Javier Villarreal Hernández con sus estrategias de certificación y la creación de empresas “fantasmas”. La ex contralora del Estado, Inés Garza Orta, integró un expediente de lo que hacía Villarreal Hernández y nadie le hizo caso. Ni el mismo gobernador Enrique Martínez.

Hubo una pugna entre Raúl Sifuentes y Humberto Moreira por relevar en el cargo a Enrique Martínez. Este último se inclinó por Moreira Valdés que se había posesionado del electorado que empezó a trabajar desde la SEP y luego desde la Presidencia Municipal de Saltillo.
En el Gobierno de Humberto Moreira aparecieron “caras nuevas” en la política estatal. Todo era alegría y derroche. Todos le aplaudían al profesor y pocos lo criticaron. Se enriqueció e hizo ricos a muchos. Ahí empezaron sus problemas.

Vicente Chaires, Samuel Rodríguez, María Esther Monsiváis, Fausto Destenave, Jesús Torres Charles, Jorge Torres López, Gregorio Pérez Mata, Rafael Marines, Ismael Ramos Flores, Víctor Zamora Rodríguez, Jesús Ochoa Galindo, eran sólo algunos de sus colaboradores.

La delincuencia se apoderó de la entidad. El tesorero de entonces, Javier Villarreal hacía lo que le daba en gana con el apoyo del gobernador. Hoy todos conocen la historia. Endeudaron al Estado con más de 32 mil millones de pesos. Falsificaron firmas para robarse más de dinero.

Humberto renunció como gobernador para irse a dirigir el PRI nacional por un periodo corto hasta que se conoció lo de la deuda y la corrupción que había dejado. El gobernador interino, Jorge Torres López, se aprovechó del cargo para robarse millones de pesos y saldar sus deudas. Hasta su casa la tenía embargada.

Llega Rubén Moreira a la gubernatura y arrastra la imagen de su hermano Humberto, se aplica en la seguridad y empieza a dar tranquilidad y paz a los coahuilenses que vivían con incertidumbre ante la violencia diaria.

Le toca a esta administración desembolsar elevadas sumas de dinero para defender y sacar de la cárcel a ex funcionarios de la PGJE que eran perseguidos por las autoridades federales durante el sexenio del presidente Felipe Calderón por tener nexos con la delincuencia. Todos alcanzan su libertad al no haber pruebas en su contra, a sabiendas de que se enriquecieron impunemente.

Ahora estas mismas personas promueven demandas laborales para buscar reinstalación e indemnizaciones por los años que laboraron al servicio del Gobierno del Estado.

Es prematuro hablar del desenlace del actual gobierno, pero hay quienes dicen que la detención y liberación de Humberto Moreira en España, por los delitos que ya son de la opinión pública, dará un giro a la estrategia política de Rubén Moreira. Los nuevos escenarios los veremos en una fecha muy cercana. Y se dice que habrá sorpresas. Esperemos.