Mirando a fondo

“Comaladas” de millonarios

Víctor González Avelar.

ENTRADA.- Ser o no ser decía el poeta inglés. Eso es precisamen- te lo que les falta a muchos de los integrantes de la Cámara de Senadores y Diputados: Querer hacer las cosas bien, completas, con conocimiento real de lo que demandan los mexicanos. Eso es lo que les ha faltado a nuestros gobernantes y políticos en muchas etapas de nuestra historia.

Hablar de corrupción es hablar de un “costumbrismo nacional”. En esta materia los mexicanos han llegado al hartazgo de ver cómo surgen “comaladas” de políticos millonarios cada sexenio. Los mexicanos ya están fastidiados de contemplar una justicia de opereta ante la cual pasan triunfantes los corruptos sin que aquella los vea y castigue.

Los mexicanos están frustrados de ver cientos de corruptos que evaden los procedimientos penales con tecnicismos legales. Los mexicanos están asqueados de que los propios políticos cambien las cosas, para que finalmente todo quede igual.

SOPA.- Esto viene a colación con motivo de la discusión en el Senado de la Ley #3de3. Fueron los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) quienes presentaron su borrador, que desgraciadamente no incluye la totalidad de las propuestas integradas en la iniciativa.

PLATO FUERTE.- El proyecto de la Ley General de Responsabi- lidades Administrativas deja a “consideración” de los propios servidores públicos el hacer pública o no la información sobre su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. En ella se propone que los montos, valores, especificaciones, ubicación de inmuebles y demás datos de la declaración patrimonial, sólo podrían ser públicos con la “autorización expresa del servidor público”.

Agrega el proyecto, que difundir el contenido completo de la declaración patrimonial así como incluir las propiedades de cónyuges y dependientes económicos directos, será facultad “discrecional” del funcionario y para colmo, la declaración patrimonial sólo podría ser pública con “autorización” expresa del funcionario.

El proyecto señala que serán los familiares del funcionario quienes deberán otorgarle autorización para ser incluidos en su declaración patrimonial. Condiciones similares establece para la declaración de posible conflicto de interés.

Respecto a la declaración de impuestos plantea que solamente podría ser publicada la constancia en donde la autoridad fiscal acredite que fue presentada en tiempo y estará sujeta a la “voluntad” del funcionario su publicación total.

En la declaración patrimonial se incluirá a juicio del PRI y del Verde, la información general del declarante: monto de sus ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña, declarar si percibe ingresos distintos a la prestación de funcionario y su naturaleza, señalar si el monto al que ascienden es mayor al de los que percibe en el gobierno. También deberá incluir el listado de bienes inmuebles que posee, el país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial donde están y el año en el que fueron adquiridos, todo esto parece correcto.

POSTRE.- En el listado de bienes inmuebles también deberán ser incluidos vehículos en propiedad, inversiones y cuentas bancarias, así como créditos bancarios, no bancarios e hipotecarios a disposición de la opinión pública lo que sería correcto. Todo esto está bien, lo que no está bien, es que la publicitación de la declaración patrimonial solamente se pueda hacer con la “autorización del funcionario”.

Existe un principio político y moral que dice: “Cuando un individuo ocupe un cargo público, pierde el privilegio a su vida privada incluyendo a la de su familia y personal patrimonio. Todo él se convierte en un ente público y en tales condiciones, queda obligado legal y moralmente a abrir sus libros contables a la vista de los ciudadanos quienes lo eligieron o designaron funcionario”. Desgracia- damente no se incluye la acción popular para denunciar la probable corrupción de los funcionarios públicos.

DIGESTIVO.- Es una manifiesta confesión la del funcionario que se opone a la pérdida de su privacidad patrimonial. Con ello queda demostrado que algo querrá ocultar. Ahora bien, si alguien no quiere perder su privacidad, la de su patrimonio o la de su vida familiar, muy fácil, que no acceda a los cargos públicos.

Ser honesto o no serlo, esa es la cuestión.