La justicia en moreirilandia

Manuel Padilla Muñoz.

La impartición de justicia en moreirilandia (Coahuila) la tierra de los más grandes delincuentes de los últimos tiempos, encabezados por el creador de la “megadeuda” de cuyo nombre no quiero acordarme aunque no necesitamos mencionarlo siquiera porque Usted, amable lector, lo recuerda todos los días, es letra muerta.

Aquí en Torreón verdaderas mafias se han apoderado de los puestos encargados de impartir justicia, la que venden al mejor postor y se han enriquecido ilícitamente dejando en estado de indefensión a personas de modestos recursos que no tienen dinero suficiente para pagar los “servicios” de esos malos funcionarios públicos que, hasta ahora, gozan de total impunidad.

Y claro, ante esta situación, solamente algunos abogados son los beneficiados en la subasta de la justicia, lo que ha provocado ya algunos grupos que se oponen a esta anómala situación permitida por funcionarios colaboradores del actual gobierno estatal cuyos responsables, entre ellos el mismo gobernador del estado, son los clásicos políticos modernos que no escuchan, no leen, no ven la realidad incontrovertible que sufrimos todos los días.

Si bien es cierto que desde hace mucho tiempo había corrupción en los órganos jurisdiccionales de impartición de justicia, también lo es que en la actualidad esta corrupción ha crecido exponencialmente.

¿Cuánto cuesta en Torreón dejar en libertad a una delincuente? Depende del monto de lo robado. Una persona que defrauda, por ejemplo, cerca de cuatro millones de pesos, en vez de pagar el monto de una elevada fianza prefiere comprar su libertad con un magistrado del Segundo Tribunal Distrital con sede en esta ciudad por 100 mil pesos.

Y conste que no lo decimos de oídas, sino con casos concretos. Es así que no nos explicamos cómo es que el magistrado Luis Martín Granados Salinas (¿en su segundo apellido llevará el grado de su rapacidad?) deja en libertad a una delincuente nombre María de Jesús Padilla Muñoz que defraudó---le robó en palabras llanas--- a su tía, una anciana de 94 años, todo el dinero que durante más de 50 años había reunido para su vejez dejándola en la ignominia de no tener ni para su sepultura, a pesar de que el juez cuarto del ramo penal en Torreón encontró pruebas suficientes para dictarle auto de formal prisión y haber pasado más de un mes en la cárcel de Saltillo, de acuerdo al expediente 10/2015 en dicho juzgado.

Obra en autos que la doctora y delincuente falsificó la firma de su tía, Dolores Padilla de su cuenta de Bancomer y que su amiga, gerente de la sucursal Rodríguez Triana, le facilitó retirar todo el dinero de dicha cuenta. Existen dos peritajes, uno del perito aportado por el MP y otro por el juez y ambos coinciden en la falsificación de la acusadora. Está plenamente demostrado que fue la doctora delincuente acusada quien dispuso del dinero aprovechando la buena fe e ignorancia de su tía para su beneficio millonario que dilapidó en viajes y joyas, una vida de lujo pues, a costa de lo defraudado. Existen muchos elementos que comprueban el delito y es así, que el juez penal cuarto le dictó auto de formal prisión por llenar todos los elementos del fraude en el expediente 10/2015.

Fue así que la acusada acudió a comprar la justicia con el magistrado. La defraudadora apeló y entonces el magistrado Luis Martín Granados Salinas se sacó de la manga un as. En su resolución del expediente toca 33/2016 aparece una figura fantasmagórica, la de una empleada de Bancomer. Argumenta el magistrado que no fue la gerente de la sucursal quien autorizó a la ahora presa retirar el dinero mediante el cambio de documentos de apertura de cuenta ---probado en los estados de cuenta proporcionados por Bancomer--- sino una empleada de nombre Silvia Anabel Rosales Martínez; “fantasma”, decimos, porque la gerente del banco, Patricia Viera Urbina, nunca probó la existencia de tal empleada y en ello se basó la revocación del auto de formal prisión a María de Jesús Padilla.

En los pasillos del Colegiado se habla que este caso tuvo un costo de más de 100 mil pesos, y es creíble porque es una cantidad menor al costo de una fianza, que es difícil que el magistrado Granados Salinas haya realizado directamente el “negocio”, lo que hacen los secretarios Sergio Blanco e Ismael del Río.

Lo cierto es que el caso será motivo de una queja ante la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas, a quien le pedirán una investigación profunda y remoción de los secretarios, en su caso.

No es la primera vez que el magistrado se ve involucrado en casaos de corrupción. En febrero del 2009 revocó una formal prisión que les dictó la juez María Luisa Valencia a una banda de secuestradores encabezada por El Sammy.

La supuesta liberación de los presuntos secuestradores aterró a la sociedad, sobre todo cuando la delincuencia avanza inexorablemente y la sociedad ve aterrada las intensas balaceras que en algunos casos rebasan los guiones cinematográficos o las complicidades entre la delincuencia con la policía o el Ejército Mexicano (Noticias de El Sol de la Laguna 7/02/94). La columna de El Siglo de Torreón en esa época aseguró: “Utilizando un artículo caduco del Código Penal de Coahuila, un magistrado revocó el auto de formal prisión por asociación delictuosa a seis integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos de lujo con violencia”.

Con esta maniobra se les restó un delito grave a los integrantes de la banda de "Los Abogados" que fue detenida en diciembre de 2009 por la Fiscalía General del Estado (FGE) delegación Laguna uno.

Un fuerte revés en la procuración de justicia atestó a la Fiscalía el magistrado del Segundo Tribunal Distrital, Luis Martín Granados Salinas, al "alivianar" a los acusados que ahora tienen más oportunidad de recuperar su libertad a un año de su ingreso al Cereso.

La queja debe ser investigada a profundidad por la licenciada Miriam Cárdenas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

¿En manos de quienes estamos?

manuelpadillaperiodista@hotmail.com