¿Combaten nuestras instituciones los males que padecemos hoy?

Jesús M. Moreno Mejía.

Tenemos en México toda clase de instituciones públicas que prometen dar término a todo aquello que nos perjudica en la aparente vida democrática de hoy (inseguridad, impunidad, corrupción, etc.), pero en realidad seguimos arrastrando un lastre cada vez mayor sin saber cuándo y cómo habrán de terminar esos problemas sin fin.

Si se trata de la inseguridad, por ejemplo, el presidente Calderón nos aseguró que “combatiría frontalmente” al crimen organizado para terminar de una vez por todas con ese flagelo, pero lo único que se obtuvo fue un incremento en el índice de la violencia en todo el país, con miles de muertos y desaparecidos.

Terminó el sexenio calderonista y vino el de Peña Nieto, en el cual ha seguido la escalada de crímenes, y con resultados todavía peores. Y las instituciones que se supone deberían contribuir a la lucha contra la impunidad, la corrupción, la transparencia, y todo aquello que vulnera la vida democrática del país. ¡Nada! ¡Absolutamente nada!

Una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que coadyuvó a la procuración de justicia desde 2006, logró la detención del ex presidente de ese país, Otto Pérez Molina, por delitos de corrupción. Algo que no veríamos en nuestro México actual.

Por lo anterior, hay quienes se preguntan: ¿Se necesitará que vengan organismos supranacionales a castigar actos de corrupción de nuestros servidores públicos de todos los niveles? “Ya que -dicen- somos absolutamente incapaces de combatir la corrupción de los altos niveles de gobierno a través de nuestras instituciones”.

Incluso en Brasil se vive una crisis política, donde se ha hecho efectivo un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, si bien se discute todavía si es verdad lo que se le acusa o es víctima de una conspiración en su contra.

Porque todo parece indicar que en ese país sí funciona la división real de poderes, mientras que en México ha quedado demostrado que el poder legislativo y el judicial, giran en torno al poder ejecutivo en turno.

“El flagelo de la corrupción, afirma categórico el ex legislador Samuel Aguilar Solís, arrasa a su paso legitimidad, confianza, esperanza, instituciones y a la democracia misma, que va más allá de ser un mal humor social, que provoca una profunda irritación que cuestiona los fundamentos mismos de la democracia, así como a sus principales actores”.

Aunque hasta hace poco privaba la inmovilidad ciudadana ante la corrupción que padecemos, pues la gente prefería quedarse callada ante las injusticias, todo parece indicar que hoy ya empieza a darse la protesta pública masiva, tal como ha ocurrido recientemente en Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro y otros estados del país.

En nuestra anterior colaboración en este medio, titulado “¿Arde París? Equivale a ¿Hoy arde México?”, avizorábamos que el descontento de la ciudadanía estaba a punto de estallar, y todo parece indicar que ese problema social ya está en proceso.

Existe un dato que pocas personas conocen: México se ubica actualmente en el lugar 95 de 168 países que padecen corrupción, según lo revela el organismo denominado Transparencia Internacional. Ubicación que no es nada halagüeña, amén de que también incide en el ámbito económico nacional, pues de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad ello representa un costo (Producto Interno Bruto) para los habitantes de nuestro país, ya atrasado de por sí con más de un 50 % de pobreza, y que anualmente crece entre un 2 y 5 %.

La clase política, en cambio, avanza en abundancia económica y nada le preocupa la situación que vive el resto del país. Incluso cuando se le propone que se establezcan límites de enriquecimiento a los gobernantes (Proyecto de iniciativa denominado 3 de 3), lo reforman en el Congreso para que todo siga igual.

Estamos impedidos para obligar a nuestros legisladores a que traten temas a favor de sus representados, tales como una efectiva lucha contra la corrupción; una auténtica democracia; una real impartición de justicia, así como genuinos derechos humanos, ya que existen hechos tan lamentables como la desigualdad social, la impunidad, la inseguridad; mismos que siguen vigentes en toda la república, ya que no son abordados con ética, con decisión y todo aquello que implique un verdadero beneficio para todos.

Porque, falta ver qué ocurrirá en materia de transparencia democrática en las elecciones del 5 de este mes. ¿Tendremos más de lo mismo?

Los resultados en las urnas se anticipan a favor de quienes logran el triunfo con la compra del voto, con la ingeniería electoral y hasta la amenaza de la violencia física en aquellos estados donde se teme que los resultados no favorezcan a los intereses políticos de quienes ya sueñan con apetecer las mieles del poder.

En fin, todo parece indicar que seguiremos padeciendo los problemas que hemos sufrido desde hace décadas, pero que se han venido agravando en los últimos tiempos, salvo que nuestros gobernantes decidan llevar a cabo auténticos cambios a favor del bien común. ¿O usted amable lector, qué opinión tiene al respecto?

¡Hasta la próxima!